Nunca el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado para 2025 estuvo allanado, aunque el Gobierno aspiraba a que la devastación causada por la DANA sirviese de presión a los socios. Pero por el momento los prolegómenos se están complicando más de lo previsto. La aprobación de la senda de estabilidad todavía sigue en el aire y como pronto no habrá noticias de ella hasta entrado diciembre, y el paquete fiscal, que el Ejecutivo también necesitaba, ha abierto una guerra a izquierda y derecha entre los socios de investidura y puesto en evidencia que cuadrar el círculo, que contentar a PNV y Junts por un lado, y ERC, Bildu, Podemos y BNG por otro, puede ser prácticamente imposible. Y la pantalla siguiente, la de las cuentas públicas del año próximo, automáticamente se complica, aunque en el Ejecutivo mantienen la "confianza" en que será posible disponer de ellas, porque las "circunstancias" obligan, porque la necesidad de reconstrucción de Valencia debería forzar a todos los grupos a girar. Pero lo cierto es que nada está seguro y que la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez es un hecho.
El Ejecutivo había establecido una suerte de yincana de tres pruebas consecutivas: reforma fiscal, senda y finalmente Presupuestos. La primera se colgó del proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales y a los grandes grupos nacionales. Hacienda siguió un patrón distinto de negociación. Esta vez, cerró las enmiendas primero con la derecha —PNV y Junts—, la semana pasada, para luego atar el apoyo de su socio de coalición, Sumar, con la esperanza de que la izquierda de la Cámara respaldase el paquete en su globalidad.
Esta vez, el Gobierno ha seguido un patrón distinto: dialogar y cerrar un pacto primero con la derecha para luego dirigirse a la izquierda. Pero la estrategia, por ahora, no le ha funcionado
Pero la estrategia no ha funcionado. Los socios conservadores se negaron a prorrogar el impuesto a las energéticas, y el PSOE aceptó, pero ERC, EH Bildu o Podemos exigen que el gravamen se mantenga. Sumar dejó fuera de su acuerdo con los socialistas esta figura fiscal, pero advierte de que ese pacto es de mínimos y recalca que no ha renunciado a que ese impuesto a las energéticas perviva, e intentará recuperarlo vía enmiendas.
Ahora mismo, la suerte del proyecto de ley es incierta. Para este lunes se había convocado la Comisión de Hacienda del Congreso —después de un primer aplazamiento del informe de la ponencia la semana pasada—, pero el PSOE la desconvocó a última hora. Tenía el apoyo de Sumar, sí, pero no tenía el respaldo de sus socios progresistas. Se reprogramó para este próximo jueves, al acabar el pleno, la sesión de la Comisión de Hacienda, pero como reconocían ayer martes tanto el Gobierno como algunos de sus aliados parlamentarios, no está claro que esa cita siga adelante. Podría alcanzarse un acuerdo a varias bandas in extremis, en el mejor de los casos, pero nadie descarta que pueda cancelarse por segunda vez consecutiva o que se desgajen las medidas fiscales en las que no hay consenso.
Y es que el Gobierno tiene prisa para recibir la luz verde de las Cortes Generales a la ley que impone un tipo mínimo del 15% a las multinacionales y grandes empresas. La Unión Europea aprobó una directiva en 2022 para obligar a esa tributación mínima que tenían que tener traspuesta los Estados miembros para el 1 de enero de 2024. Pero España no cumplió los plazos y la Comisión acabó por llevar a nuestro país y a otros tres Estados miembros por no aplicar esa reforma. El Consejo de Ministros mandó en junio el proyecto de ley al Parlamento. Y lo que hizo en las últimas semanas fue aprovechar ese paso por las Cortes para introducir medidas fiscales complementarias en ese texto para poder contentar así a sus socios.
El Ejecutivo necesita sacar adelante antes del 1 de enero el proyecto de ley que impone una tributación mínima del 15% a las multinacionales y a los grandes grupos empresariales
Con PNV y Junts cerró mantener el impuesto a las entidades bancarias. Pero ambas fuerzas exigieron la caída del gravamen a las energéticas. Las dos recibieron fortísimas presiones del sector, especialmente de un Repsol muy activo. El PSOE, al aceptar la muerte del impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas, franqueaba sin embargo una línea roja para sus socios de izquierdas.
Sumar transigió con la cesión a la derecha, pero a cambio pactó con los socialistas otras medidas fiscales [aquí en PDF]: elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros, establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jets y yates privados o coches de lujo), introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos, suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (que solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades), eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios, mejorar la fiscalidad de las cooperativas, desincentivar el consumo del tabaco y de los vapeadores, desplegar el Estatuto del Artista y adelantar la recaudación de grandes empresas y grandes grupos limitando sus posibilidades de deducción de pérdidas y dividendos repatriados (o las posibilidades de consolidación de los grupos de empresas en el impuesto de sociedades).
"Una mala manera de negociar"
Este martes, se evidenció las dificultades del Ejecutivo para poder casar los deseos a izquierda y derecha. Para empezar, ERC reprochó a los dos miembros del Gobierno, PSOE y Sumar, que no le hubieran pasado el texto pactado, "una mala manera de negociar", en palabras de su portavoz, Gabriel Rufián. El diputado subrayó que su partido y Bildu siempre han insistido a Hacienda que su voluntad es hacer permanentes los tributos a la banca y a las energéticas. "Nos dijeron que no y así estamos", constató Rufián. "No estamos de acuerdo con que se les quiten impuestos a las eléctricas ni a la banca. Y yo creo que de ahí no nos vamos a mover porque es lo que quiere la gente", remachó por su parte el portavoz económico de la formación de la izquierda abertzale, Oskar Matute. Podemos está en la misma tesis, como admitió su diputado Javier Sánchez Serna: los morados no respaldarán "ninguna reforma fiscal que incluya retirar el impuesto al oligopolio eléctrico". Quieren no solo que se mantenga ese gravamen, sino que sea estructural y sirva "para recaudar más de lo recaudado hasta ahora".
ERC, Bildu y Podemos insisten en que quieren que el impuesto a las eléctricas sea permanente. Los morados plantean a Montero que se prorrogue seis meses el gravamen hasta que se busque una salida
La líder de Podemos, Ione Belarra, mantuvo este martes una reunión con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le trasladó su "total desacuerdo con la eliminación del impuesto a las grandes energéticas". Pero Belarra ofreció una vía de salida al PSOE: que prorrogue durante seis meses el gravamen a las eléctricas, para que "haya más tiempo para negociar un acuerdo definitivo que satisfaga también a los grupos de izquierdas, cuyos votos valen lo mismo que los de PNV y Junts". Una prórroga, planteó la exministra, que podría incluirse en cualquiera de los dos reales decretos leyes de ayuda a los afectados por la DANA.
Pero el movimiento del PSOE a su izquierda cabreó al PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, calificó de "inviable" la exigencia de Sumar, ERC, Bildu y Podemos de hacer permanente el impuesto extraordinario a las energéticas. "Estoy viendo acuerdos que no van a llevar a ningún sitio", observó. Esteban recordó que el proyecto de ley está diseñado para trasponer un tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales, y afeó a los grupos de izquierda que hagan de esta reforma una "mezcolanza ideológica". Lo ideal sería, en opinión de los jeltzales, encontrar un "mínimo común denominador" para llegar a un pacto entre todos, y no que cada uno de los partidos "reabra el acuerdo" para alargar las negociaciones. Y eso es, en su opinión, entrar "en vía muerta". "Yo creo que tenemos que medir todo y los acuerdos en política, y en este momento necesitamos que entremos todos, pues todo el mundo tiene que ceder un poco", advirtió Esteban, informa Europa Press.
El PNV advierte a todos los grupos de que tienen que "ceder un poco". "El mínimo común denominador es el que había alcanzado el Gobierno, ahora es muy complicado e imposible", subraya Aitor Esteban
El PNV cargó especialmente contra Sumar, por adelantar que presentará enmiendas pese a formar parte del Gobierno. "¿Qué espectáculo es este?", se preguntó el diputado, alertando de los problemas de "inseguridad jurídica". Además, recordó a los socialistas que su formación "no va a pasar" por la eliminación de las primas de seguros sanitarios privados —pactado con Sumar y que sí comparten los socios de izquierdas— porque en Euskadi hay "muchísima gente" suscrita a estos seguros. "El mínimo común denominador es el que había alcanzado el Gobierno, ahora es muy complicado e imposible", completó. El portavoz no descartó que la salida pase por volver al proyecto original y se tramite la imposición mínima del 15% y se desgajen el resto de medidas fiscales.
Reproches cruzados con Podemos
En el Ejecutivo, no se atreven a pronosticar qué pasará el jueves, aunque sí recuerdan que la directiva ha de quedar traspuesta antes del 1 de enero para evitar las sanciones de la UE. Cabría una nueva suspensión de la Comisión de Hacienda. Desde el ministerio que dirige María Jesús Montero, reconocen que está "complicado" que salga adelante el paquete fiscal completo, pero a su vez preguntan a Podemos si se atreverá a "votar que no a que se mantenga el impuesto a la banca" solo porque decaiga el gravamen a las energéticas. "Es evidente que el Congreso está fragmentado y que hay mucho que negociar, pero es que esta negociación en concreto se ha abordado fatal —reprochan de vuelta los morados—. Primero, han pactado con la derecha eliminar un impuesto y ahora se dan cuenta de que no tienen los votos por el otro lado. El mundo al revés. Tiene más sentido para un Gobierno de izquierdas hacer que la derecha acepte la continuidad de un impuesto que ya existe a cambio de cualquier otra cosa que pretender que la izquierda acepte suprimir el gravamen a las energéticas, que son de las empresas más contaminantes, más en un momento en el que hace falta recaudar y más después del temporal en Valencia".
Han pactado con la derecha eliminar un impuesto y ahora se dan cuenta de que no tienen los votos por el otro lado. El mundo al revés", sostienen desde Podemos. Para el Gobierno, el orden de negociación no influye: PNV y Junts rechazan ese impuesto
Hacienda responde que era indiferente cómo se abordara el diálogo con los grupos. Las derechas de PNV y Junts no van a querer la prórroga del gravamen a las eléctricas, ni tampoco una prórroga de seis meses, como pide Podemos. "Es que eso no lo van a votar jamás. No es realista. Podrían al menos poner en valor que hayamos conseguido mantener el impuesto a la banca". Para los morados, es "responsabilidad" del Gobierno, y no de ellos, "cuadrar los números de la votación teniendo en cuenta la posición política de los grupos que necesitan". El Gobierno debe calibrar, en caso de que no alcance un acuerdo a izquierda y derecha, si lleva a votación las enmiendas pactadas con PNV, Junts y Sumar, forzando a ERC, Bildu, Podemos o BNG a apoyarlas pese a no considerarlas suficientes, o se expone a perderlas si estos grupos progresistas no ceden en sus exigencias.
"Estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo. Por eso ayer [por el lunes pasado] suspendimos la Comisión de Hacienda, para darnos tiempo para hablar con todos", aseguraba este martes el portavoz socialista, Patxi López. Es la lectura que quería proyectar el Gobierno. "Hay tiempo, hay tiempo. Y ya se sabe, en esta legislatura hay que bailar con todos", apuntaba una ministra en los pasillos del Senado, tras la sesión de control. La reforma tributaria ha dejado al descubierto la famosa manta, evocaba un miembro de la dirección parlamentaria socialista: cuando se tira de un extremo, se deja desnuda una parte. Y a la inversa.
La sombra del desacuerdo en el paquete fiscal se arroja inmediatamente sobre los Presupuestos. En el Gobierno remarcan que son dos negociaciones distintas, no vinculadas, y que nada está perdido. "No se escapan los PGE. Los grupos tienen que ver que las circunstancias han cambiado por la DANA. Sería una irresponsabilidad que no hubiera Presupuestos. Pero vamos, confiamos en que los haya, sin que los apoye obviamente el PP", reflexiona otro ministro del círculo más próximo a Sánchez.
También los grupos reconocen que una negociación no condiciona la siguiente. Pero las dificultades son obvias. Y si algo ha probado la del paquete fiscal es que cuadrar votos a izquierda y derecha en cuestiones muy ideológicas —y la de Presupuestos es la ley, la viga maestra en la que se asienta la acción de todo Gobierno— es harto complejo. Sánchez defendió que unas nuevas cuentas son "más necesarias" que antes del temporal. No porque ligue las ayudas a los afectados por la DANA a los PGE —esas medidas ya están en vigor y contenidas en los dos primeros reales decretos leyes, cuya convalidación es segura por el sí del PP—, sino porque algunas partidas de reconstrucción deberán incorporarse ahí. Y porque hará falta revisar las cifras macroeconómicas. Las cuentas de 2025, de aprobarse, darían oxígeno político a Sánchez hasta el final de su mandato.
Los grupos tienen que ver que las circunstancias han cambiado por la DANA. Sería una irresponsabilidad que no hubiera Presupuestos. Pero vamos, confiamos en que los haya", apunta un relevante ministro
"Ojalá haya Presupuestos y consigamos avanzar en la legislatura a pesar de las dificultades", sostiene un portavoz de uno de los grupos socios del Ejecutivo. El pegamento para todos los aliados parlamentarios de Sánchez es que a todos conviene su continuidad en la Moncloa y frenar la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder. "Pero hace dos meses —prosigue—, el problema era Junts. Y cuando Junts está sensato, Podemos está en plan punk". Y es que los morados, por su competencia con Sumar, suben el listón y advierten de que no cederán. Pero, como dice un diputado de un grupo de izquierdas, "no se puede dar ya nada por supuesto porque esta legislatura es como una legislatura de Netflix".
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hace 1 semana
Hay que mantener muchas administración, muchas empresa públicas, empleados públicos y funcionarios , de esto sabe mucho el gobierno formado en su mayoría por funcionarios, profuncionarios y empleados…. Incomprensible como ha aumentado en un 2,3% más els aumento de empleados en lo público en comparativa con la privada. Incomprensible como empresas públicas con déficit se suman a las 35 horas semanales, como: ADIF, Renfe, Correos.., además de ampliar plantillas. Mientras empresas privadas con beneficios tienen más horas y reducen plantillas. Un empleado público/ funcionario cobra más de un 20% que un empleado de la privada cuando las administraciones están arruinadas, lo que pasa es que al gobierno de funcionarios Edo le beneficia en votos. La vicepresidente Díaz, más conocida como PaguitaDiaz cuando llegó al cargo la legislatura anterior dijo que iba a crear más de tres cientos mil nuevos funcionarios, ahora iban a hacer fijos a más de tres cientos mil interinos que no han aprobado nada en cinco años. La ministra funcionaria Montero de hacienda cuando llegó al cargo la legislatura anterior, estudiaba mecanizar e informatizar parte de la administración, eso eran unos 700.000 funcionarios menos, pero no se realizó para no alarmar al colectivo y sindicatos. De los primeros decretos del presidente cuando llegó al cargo fue: jubilación anticipada para policías municipales a los 59 años y así con casi todo…. Funcionarios/Empleados – Empresas Privadas 0. Nos van a conocer como FUNCISPAIN.Públicos 1