El fiscal pide 11 años de prisión para Trapero por ser "pieza clave" del plan secesionista

La Fiscalía pide que el ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero sea condenado a 11 años de cárcel como autor de un delito de rebelión al considerar que fue una "pieza clave" en el plan secesionista ideado por el Govern y el Parlament al "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes" judiciales. La petición del Ministerio Público incluye otros 11 años de inhabilitación absoluta.

Así lo mantienen los fiscales de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira en su informe de conclusiones provisionales, en el que también piden 11 años de cárcel para el ex secretario del departamento de Interior de la Generalitat César Puig y para el ex director general de los Mossos Pere Soler por rebelión. Para la intendente Teresa Laplana, al mando del operativo de seguridad desplegado a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda cuando el 20 de septiembre de 2017 fue acosada la comitiva judicial y la Guardia Civil, reclama cuatro años por un delito de sedición.

El Ministerio Público considera que los acusados "dieron cobertura efectiva" al movimiento separatista "movilizado desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas" con el fin de "imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".

Como ya mantuvo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el auto de procesamiento de los líderes del procés, los fiscales de la Audiencia Nacional sostienen que los mandos de la Policía Autonómica fueron un eslabón clave en la engarzada cadena que posibilitó que se llevara a cabo el referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O y la posterior declaración de la república catalana por parte de Puigdemont en la Cámara regional el 27 de octubre del pasado año.

Así, el Ministerio Público sitúa a los procesados como actores de un "minucioso" plan coordinado con los poderes ejecutivo y legislativo y las entidades secesionistas Òmnium Cultural y Asociación Nacional Catalana (ANC), basado en la "movilización y el enfrentamiento físico" al fracasar en su intento de que Madrid autorizara la organización de una consulta, para obligar al Estado a "claudicar" y "aceptar la independencia" de esta comunidad.

Los fiscales sostienen que, entre el 20 de septiembre y el 1-O, se produjeron "numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas"

"Entre los días 20 de septiembre y 1 de octubre se produjeron numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas, generándose un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse", exponen los fiscales. Esa apreciación de violencia es lo que les permite acusar por rebelión.

"En todo ello cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra. Su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, como se verá, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente", añade.

La Fiscalía no pasa por alto los cambios que se adoptaron en el ámbito de la Policía Autonómica en julio de 017, en vísperas de la aprobación de las normas de ruptura y de la organización del referéndum. Ello incluyó la llegada a la Conselleria de Interior de Joaquín Forn, quien desde un principio defendió públicamente que la función de los Mossos tenía que ser la de "facilitar la votación".

Cambios en los mandos de los Mossos

Aquella declaración de intenciones tuvo consecuencias inmediatas, puesto que Albert Batlle dimitió como director general de la Policía Autonómica. Su sucesor fue Pere Soler, uno de los procesados ahora como posible autor de un delito de rebelión.

Sostienen los fiscales que, con los cambios introducidos en la estructura de mando de los Mossos, "se controlaba a la Policía Autonómica" al tener capacidad para dar "órdenes e instrucciones sobre la operatividad del Cuerpo". Esa facultad incluía "ejecutar o abstenerse de las órdenes judicialles y del cumplimiento de la ley".

"Los acusados César Puig, Pere Soler y Josep Lluís Trapero, como mandos superiores de la Policía Autonómica de Cataluña, cada uno desde su cargo de responsabilidad, se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra", razonan.

César Puig, Pere Soler y Josp Lluís Trapero se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de éste la actuación de los Mossos"

El Ministerio Público califica de "inequívoca" la relación de los altos mandos de los Mossos con los responsables del plan independentista, como revelan los correos electrónicos que César Puig envió a Josep María Jové -número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda- en los que le informaba del registro que la Guardia Civil llevaba a cabo el 19 de septiembre de 2017 en una empresa en la que los agentes intervinieron miles de sobres con el logotipo en la Generalitat y que contenían cartas dirigidas a las personas elegidas para integrar las mesas electorales.

"El dispositivo organizado por los Mossos d'Esquadra para dar aparente cumplimiento a las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se empleó, más bien, para controlar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", concluyen.

También detallán cómo Pere Soler "prometió" medidas de contravigilancia e incluso una "protección superior" a Francesc Sutrias, que había sido detenido el 20 de septiembre por su participación en la compra, con dinero presuntamente público, de material para llevar a cabo la consulta que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

En cuanto a Trapero, los fiscales sostienen que, con la "aquiescencia" de Puig y Soler, diseñó "de forma deliberada" un plan de actuación -el 'Plan Ágora'- que impidió a los agentes de los Mossos cumplir con las instrucciones que habían dictado la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que no llevara a cabo la consulta por ser inconstitucional.

1-O: el papel de la Policía Autonómica

En su relato de los hechos, el Ministerio Público defiende que, en el desempeño del "rol" que le habían asignado en esa "estrategia conjunta", los acusados "no sólo omitieron toda actuación tendente a evitar la celebración del referéndum, sino que contribuyeron de forma decisiva para que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra se pusiera al servicio del plan secesionista".

La acusación pública revela el contenido de un correo electrónico que Trapero remitió a César Puig y Pere Soler el 29 de septiembre de 2017 con una proyección de varios escenarios posibles que podrían desarrollarse el 1-o y en el que el alto mando policial escribía literalmente: "El día uno de octubre de 2017 debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Cataluña".

Tampoco pasan por alto los fiscales el email que el entonces máximo jefe operativo de los Mossos envió a sus superiores tras participar en una reunión con los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil -celebrada el 12 de septiembre- en la que les alertaba de la instrucción que había recibido en dicho encuentro "a fin de llevar a cabo las actuaciones para eludirla".

Trapero diseñó un dispositivo "deliberadamente ineficaz" para permitir la votación y con el que buscó "controlar" a la Policía y la Guardia Civil

A este respecto, aseguran que Trapero, Puig y Soler idearon "de forma consensuada" con el conseller Forn un plan de actuación de los Mossos que posibilitaba "evitar la implicación de sus agentes en el cumplimiento de las instrucciones" judiciales e "impedir que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía pudieran evitar la celebración del referéndum ilegal del día 1 de octubre". Fue el 'operativo Ágora', un plan "deliberadamente ineficaz" para posibilitar que pudiera votarse aquella jornada de otoño.

Pese a la certeza que existía entre los cuerpos policiales de que aquella jornada habría una gran participación ciudadana y que la votación se pretendía llevar a cabo en más de 2.200 colegios electorales repartidos por las cuatro provincias, los mandos de los Mossos sólo movilizaron a 7.850 de los 12.386 agentes de que disponía para cumplir las órdenes judiciales y frustrar la consulta.

"La mayoría de los centros de votación que formalmente fueron cerrados por los Mossos no habían llegado a abrir o la votación ya había concluido cuando los agentes intervinieron", puntualizan los fiscales, que apuntan que la mayoría de las 423 urnas incautadas por la Policía Autonómica fueron entregadas "voluntariamente" por los miembros de los colegios electorales a los agentes. Todo ello les lleva a afirmar que los tres procesados por rebelión en la causa instruida en la Audiencia Nacional mantuvieron una "actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación".

"Inactividad" ante el acoso a la comisión judicial

También dirigen gruesos reproches al entonces máximo responsable de la Policía Autonómica por los hechos sucedidos a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017. La Fiscalía cree que, tanto Trapero como la intendente Laplana, "cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada" con el plan ideado por el Govern, el Parlament y las entidades ANC y Òmnium Cultural "impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas por nuestro ordenamiento jurídico y propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil frente a la sede de la Secretaría de la Vicepresidencia".

El Ministerio Público llama la atención sobre el hecho de Laplana hubiera desestimado "facilitar la ayuda" que le había requerido un teniente de la Guardia Civil, debido a que los manifestantes habían cortado en la Gran Vía barcelonesa y ello estaba afectado a la seguridad ciudadana. La intendente también rechazó la petición de que movilizara más unidades para dispersar la concentración, con el argumento de que no consideraba que la masa allí reunida "fuera violenta". Seis vehículos policiales, entre ellos a los que se subieron los líderes de ANC (Jordi Sànchez) y de Òmnium Cultural (Jordi Cuixart), sufrieron graves desperfectos.

Para probar esa supuesta connivencia, los fiscales detallan en su escrito que, durante aquella jornada del 20 de septiembre, Jospe Lluís Trapero y Jordi Sànchez se cruzaron 37 llamadas, si bien 18 se quedaron en meros intentos. Esa intensa actividad teléfonica "dio como resultado" que el entonces líder de la ANC se presentara ante la intendente Laplana como el "interlocutor autorizado" por los mandos de aquélla y que las condiciones impuestas por Sànchez a la comisión judicial fueran "totalmente asumidas" por el mayor de los Mossos en aquellas fechas.

"Con su consciente inactividad, [Trapero] evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo y que impedía la normal actividad de la comisión judicial, previendo y acatando que la misma se viera incursa en una situación ciertamente peligrosa en la que, como se ha descrito, se produjeron ciertos acontecimientos de índole violenta", añade.