La pretendida 'cláusula' que los populares europeos pretenden imponer a Teresa Ribera para evaluar su idoneidad como vicepresidenta de la Unión y comisaria, esto es, que se comprometa a dimitir si resulta encausada por su gestión de la DANA que dejó un reguero de fallecidos, va más allá de lo que establecen los usos y costumbres de la Comisión, según subrayan fuentes próximas a la todavía miembro del Consejo de Ministros. Explican a El Independiente que el Código de Conducta de la Comisión "es igual para todos" y la dimisión sólo se produce "con condena en sentencia firme", no por una simple imputación, ni siquiera, por la apertura de juicio oral o condena en primera instancia.

De hecho, recuerdan, la propia presidenta del gobierno comunitario, Ursula von der Leyen, ha sido investigada a cuenta de su gestión de la pandemia del Covid, la compra masiva de vacunas y los contactos que mantuvo entonces con algunas importantes farmacéuticas. El tribunal general de la UE (TGUE) le acusó de ocultar parte de los contratos y de irregularidades, todo ello en vísperas de la votación de su reelección por parte de la Eurocámara el pasado mes de julio.

No es una excepción. "La mayoría de los comisarios tienen algo por cuitas con la oposición" de sus respectivos países, aducen los mismos medios, por lo que un hipotético encausamiento a cuenta de la gestión de la DANA, por lo que hizo o dejó de hacer su Ministerio durante los días 29 y 30 del pasado mes de octubre, no sería, a juicio de los socialistas, motivo para su dimisión y, mucho menos, establecer una cláusula preventiva que viene a ser una asunción de responsabilidades políticas en diferido.

Ya hay tres querellas en el Tribunal Supremo contra Ribera

Ya hay tres querellas en el Tribunal Supremo acusándole de negligencia ante la gota fría, presentadas por los ultra de Vox y las organizaciones Manos Limpias y Iustitia Europa, que también ha extendido la querella al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De momento se han presentado ante el alto Tribunal dada la condición de aforada de la vicepresidenta tercera, pero, en cuanto deje el Gobierno -si finalmente, prospera su candidatura para la Comisión Europea a pesar del 'no' del PP- dejará de tener ese paraguas, que, si bien, no le garantiza la impunidad, le lleva a un proceso reforzado de petición de un suplicatorio.

No obstante, el Código de Conducta de la Comisión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión, son algo difusos respecto a los motivos para el cese o la dimisión de un comisario. Se puede pedir la dimisión en caso de incumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo de su labor en la UE, lo que tampoco sería el caso de Ribera. ¿Y en qué consiste el catálogo de obligaciones del gobierno comunitario? Pues en ejercer sus funciones "con absoluta independencia, en interés general de la Unión", además de no solicitar ni aceptar "instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo externo; y no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no". Todo miembro de la Comisión que haya incumplido alguna de las obligaciones mencionadas o cometido una falta grave "podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia, a instancias del Consejo o de la propia Comisión". Además, "en cualquier caso, el Presidente de la Comisión Europea siempre tiene el poder de pedir la dimisión de cada comisario".

El antecedente de Phil Hogan

No especifica si un comisario sólo está obligado a dimitir por sentencia firme y, de hecho, hay antecedentes como el del irlandés Phil Hogan, quien siendo comisario de Comercio y en pleno confinamiento por el Covid, acudió a una cena multitudinaria en un exclusivo club de golf de su país en lo acabó conociéndose como el "Golfgate". Von der Leyen le obligó a abandonar su cargo al margen de la derivada judicial del caso, si es que lo tuvo. Los populares se aferran a este antecedente para justificar las dos exigencias de las que depende su voto a favor de la candidatura de Ribera, por un lado, que comparezca ante el Congreso de los Diputados para explicar su gestión de la DANA, concretamente si los avisos de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar alertaron realmente de las dimensiones de la catástrofe y, segundo, que se comprometa a dimitir si es encausada.

Pero ni siquiera cumpliendo ambas condiciones están asegurados los votos de los 22 eurodiputados del PP. Hoy por hoy Génova sigue enrocada en que Pedro Sánchez debe buscar un nombre alternativo, apuntando a perfiles como el del ministro de Agricultura, Luis Planas, órdago que Moncloa rechaza de plano. Los populares españoles corren el riesgo de quedarse solos ante un presidente del PPE, Manfred Weber, y un Grupo parlamentario Popular Europeo que si bien han seguido hasta ahora las directrices de la delegación española habrá que ver si están dispuestos a llevar el pulso hasta el final para hacer caer la propuesta de su compañera de filas, Von der Leyen, por mucho que entre los conservadores alemanes haya otra batalla a campo abierto.

Situación inédita

La primera condición impuesta a la vicepresidenta tercera se cumplirá el próximo día 20 con su comparecencia en el Congreso de los Diputados. La segunda, esto es, asumir responsabilidades políticas por adelantado, parece insalvable. Von der Leyen quiere pasar por el filtro del Parlamento de Estrasburgo el día 27 para que el nuevo ejecutivo comunitario eche a andar ya en diciembre. Si le tiraran abajo el nuevo colegio de comisarios se abriría una situación inédita además de una enorme inestabilidad en el escenario europeo.