Es el legado de ETA más injusto y doloroso. Cientos de víctimas sin autoría conocida y miles de expedientes incompletos, archivados sin apenas instrucción o fruto de procesos judiciales incomprensibles. Ocurrió fundamentalmente durante los años 70, 80 y parte de los 90. Fueron años de azote terrorista y de negligencia policial y judicial. Falta de medios, complicidad con la causa o simplemente desidia. La radiografía la hizo ayer el magistrado y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez: “La labor de jueces y fiscales no diría que fue negligente, pero si de mucha pasividad”, reconoció. Durante la celebración de la jornada anual que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) celebró en Pamplona, Gómez Bermúdez aseguró que fueron años en los que a la intensidad de la violencia se sumó en muchos casos una falta de recursos, cuando no de insuficiente implicación de jueces y fiscales: “Cometimos errores. Los jueces debíamos haber preguntado más, actuado más. Pero no lo hicimos. Hubo pasividad y errores”.

Aseguró que en aquellos años la Justicia se limitó, en gran medida, a actuar en base a las pruebas y procesos de investigación abiertos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “cuando nosotros deberíamos haber pedido más pruebas, más testimonios, cotejar huellas, etc. No lo hicimos, los jueces esperábamos que alguien nos lo pidiera para actuar”. Respecto a los casos no resueltos, Gómez Bermúdez recuerda que muchos casos prescribieron cuando se podrían haber tomado decisiones para que no lo hicieran, "bastaba con haber actuado, haber pedido una prueba, un testimonio para detener la prescripción”.

Gómez Bermúdez no evita señalar que en aquellos años de máxima violencia terrorista también existió cierta complicidad por parte de estamentos judiciales, como los jueces que creían que ETA "era la ‘madre superiora’ por aquello de la lucha revolucionaria". Señala que también hubo quien evitó trasladar los sumarios de ETA a la Audiencia Nacional "por considerarlo un tribunal de excepción”. El juez recuerda que a esos fallos del sistema se añadían pactos como el alcanzado en los años 80 para facilitar la disolución de ETA Político-Militar, lo que derivó en la falta de diligencia en muchos de los sumarios que afectaban a esta rama de la banda terrorista.

A ello añade como una dificultad añadida el contexto que se vivía, con una falta de colaboración internacional para colaborar con la detención e investigación de los casos, así como la ausencia de colaboración de la sociedad en su conjunto: “España estaba aislada en esta cuestión, no tenía colaboración internacional. No se extraditaba a terroristas, se les deportaba, etc. Además, tras un atentado parecía que nadie había visto nunca nada, la sociedad no colaboraba. No había testigos. Todo ello ha contribuido a que se produjeran estos niveles de casos sin esclarecer”. Una circunstancia que recordó afecta a cerca de la mitad de los casos de ETA, lejos del 5% de los episodios mortales sin resolver de otros grupos terroristas como el GRAPO.

Pese a ello, Gómez Bermúdez recordó que España, pese a todo, es uno de los países con menor ratio de impunidad terrorista de Europa. Señaló que casos como el del terrorismo corso cuenta con un porcentaje cercano al 80% de los atentados sin esclarecer o en Italia con otro 80%.

Cuestiona la viabilidad de la reclamación de las víctimas de que al menos se les conceda la verdad judicial de lo ocurrido en los casos sin resolver. Gómez Bermúdez apunta que es falso que la Audiencia Nacional pueda investigar para descubrir la verdad de un crimen ya prescrito, “con este tema creo que se les ha engañado a las víctimas": “Para eso debería constituirse otro organismo, la Audiencia Nacional no lo puede hacer”.

El juez también se ha referido a la necesidad de plantear una posible reforma legal que permita cambios en el tratamiento del arrepentimiento de los presos por terrorismo: “En realidad a nadie se le puede pedir que se arrepienta, pero sí que reconozca que se equivocó, que estaba equivocado”.

Motivación inequívoca

Esta cuestión, que determina en gran medida las concesiones de los terceros grados, -muchos de ellos recurridos por insuficiente motivación del arrepentimiento y repudio a la violencia– también ha estado presente en la intervención de otra de las participantes en la jornada. La actual asesora principal de Instituciones Penitenciarias del Gobierno Vasco, Inés Soria, ha apelado a la necesidad de un cambio legal que permita acreditar con mayor motivación el arrepentimiento. Soria ha recordado que para la concesión de los terceros grados, que permiten la salida en régimen de semilibertad de los presos, es necesario motivar mejor el rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado de los presos y su perdón a las víctimas. Para ello ha reconocido que el actual marco legal puede ser insuficiente y que una reforma normativa podría abrir nuevas vías para abordarlo mejor.

Ha subrayado que la coherencia entre lo que “dice y lo que hace” un preso es esencial para la credibilidad de ese arrepentimiento, "no podemos pedir un acto de fe a las víctimas". Recuerda que el artículo 72.7 de la Ley General Penitenciaria ya establece ese “plus” de reconocimiento del daño causado para los presos y que este sea de modo “inequívoco”. Además, establece que debe colaborar con la Justicia.

Soria ha apuntado que no es cierto que “existe el derecho a la progresión de grado” sino que es “la actitud del preso la que determina su concesión”. Para ello, subraya que se debe analizar su conducta global, incluida la del arrepentimiento y repudio de la violencia: “ Si no recorre ese camino, no hay progresión de grado”. Ha asegurado que actualmente los presos de ETA expresan su perdón y arrepentimiento a través de cartas de su “puño y letra” y que en ellas aportan una motivación más justificada que tiempo atrás, “son más personales, ya no son cartas tipo, en ellas subrayan su responsabilidad en los hechos en los que participaron, así como la deslegitimación de la violencia de ETA de la que participaron”.

La responsable de Instituciones Penitenciarias se ha comprometido a mejorar la comunicación con las víctimas. También a que en los expedientes de progresión de grado conste de modo específico la manifestación expresa de arrepentimiento emitida por el preso e incluso que sus víctimas conozcan la literalidad de la manifestación del reo. “Hay que facilitarles extractos literales de esa manifestación de perdón y arrepentimiento. La comunicación con las víctimas debe ser más fluida". También ha insistido en que las razones que justifiquen la concesión de un tercer grado debe estar más motivada de lo que lo han estado hasta ahora.

Progresiones de grado

Según apuntó ayer la presidente de Covite, Consuelo Ordóñez, hasta el momento la actual administración penitenciaria, en manos del PSE, ha concedido 5 terceros grados, frente a los 80 del anterior Ejecutivo, en manos del PNV, desde que asumió la gestión de las prisiones vascas hace algo más de tres años. Ordóñez lamentó la anterior gestión penitenciaria y denunció que no se puede limitar la acreditación de un arrepentimiento y colaboración con la Justicia de los presos “en una carta”: “Están pidiendo a las víctimas un acto de fe, creerse lo que el terrorista dice en una carta. No puede ser”. Ordóñez reclamó a los responsables políticos que tomen medidas para garantizar “los derechos de las victimas”.

Durante la sesión también intervino Ana Torrente, hija del Policía Nacional, Diego Torrente, asesinado por ETA en 1984 en Pamplona. Relató cómo su formación jurídica le ha permitido revisar el sumario del caso de su padre y descubrir numerosos errores y carencias: “Leerlo fue un shock. Fue desgarrador. Había todo tipo de contradicciones. Se daba como hechos probados datos que no eran ciertos”. Ha recordado cómo en el juicio ni siquiera se les permitió personarse como acusación particular, “cuando los acusados tenían diez abogados defendiéndoles”.

En la sesión también participó quien fuera asesor penitenciario durante el Gobierno de Patxi López, Txema Urkijo, quien impulsó en gran medida la llamada ‘Vía Nanclares’. Recordó cómo en realidad fue una iniciativa que partió de los presos que quisieron romper con ETA, con la disciplina que la banda les impuso para que no se acogieran a los beneficios penitenciarios. Los presos arrepentidos recibieron el repudio de la banda y la consideración de traidores por parte del entorno de la banda.