Las 'confusiones' de Calvo: Sánchez sí dijo rebelión y el Gobierno valora autos judiciales

La vicepresidenta del Gobierno ha intentado inducir hoy a confusión a los periodistas que cubren la rueda de prensa del Consejo de Ministros, al asegurar que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña". Carmen Calvo pretendía así borrar la contradicción que supone que Pedro Sánchez defendiera en mayo, cuando era líder de la oposición, que la declaración unilateral de independencia correspondía a un delito de rebelión y que seis meses después, ya en Moncloa, su Gobierno dé orden a la Abogacía del Estado para que no incluya esa calificación en su escrito de acusación para el juicio del procés.

En vez de ayudar a mejorar la imagen del presidente, Calvo ha conseguido el efecto contrario. Al destacar que su cambio de posición se debe a su llegada a la Moncloa, precisamente gracias al apoyo de los partidos independentistas a la moción de censura a Mariano Rajoy, la vicepresidenta alimenta la tesis de que el cambio de criterio, tanto de Sánchez como de la Abogacía del Estado, responde precisamente a la reclamación de PDeCAT y ERC de un "gesto político" a cambio de mantener el apoyo parlamentario al hoy presidente.

El cambio de criterio sobre el delito de rebelión no ha sido la única contradicción de la vicepresidenta del Gobierno. Calvo también ha asegurado que al Ejecutivo "no le compete" hacer pronunciamientos sobre la acción de la Justicia para negarse a valorar la postura de la Abogacía del Estado. La vicepresidenta ha insistido en trazar una línea entre el poder Ejecutivo y el Judicial que su propio gabinete se ha saltado en otras ocasiones.

El pasado 22 de junio, la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celáa, Celáa, realizó una valoración sobre el auto de libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’. Tras expresar el respeto del Ejecutivo a las sentencias judiciales, Celáa consideró “gravísimos los hechos probados y condenados”, por lo que aseguró que la libertad provisional en ese caso "siempre es peligrosa” porque puede resultar “proclive a la fuga” de los condenados. “Queremos proteger a las mujeres y a las jóvenes de este país, tenemos esta obligación”, ha explicado, para justificar las medidas anunciadas, que se suman a la tramitación en el Congreso de una ley para ofrecer formación en materia de género a los operadores jurídicos.

“El Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en general y de las mujeres en particular por este caso. Ha sorprendido a este Gobierno el auto de libertad provisional porque la regla de oro general es la de que a un condenado se le mantiene en prisión provisional, sobre todo pesa sobre él una sentencia de nueve años, hasta el cumplimiento al menos de la mitad de la sentencia”, explicó.