El 8 de enero de 2023 se produjo un intento de golpe de Estado en Brasil. Simpatizantes de Jair Bolsonaro se lanzaron a ocupar la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia al no reconocer la derrota electoral de octubre de 2022. Estuvieron a punto de asaltar el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, así como el Congreso, sede del poder legislativo, y el Supremo Tribunal Federal (STF). También se concentraron frente a las instalaciones militares en la capital federal y en otros acuartelamientos pidiendo un alzamiento militar contra Luiz Inácio Lula da Silva, que había jurado el cargo una semana antes. La situación fue verdaderamente tensa porque se conocían los vínculos entre el bolsonarismo y las fuerzas armadas brasileras y existía el temor de que se pudieran sumar al golpe, pero finalmente no fue así.

Las fuerzas armadas y los cuerpos policiales se mantuvieron firmes como garantes de la ley y el orden establecido, dando su apoyo total y absoluto a Lula da Silva y al Ejecutivo. Cargando, incluso, contra los manifestantes, a lo que estos respondieron al grito de traidores. La policía y el ejército colaboraron para restablecer el orden en Brasilia, acabaron con los campamentos de manifestantes y volvió la normalidad institucional en el país.

Pero quedaba pendiente la parte más importante por resolver: qué papel había tenido el expresidente Jair Bolsonaro en todo ello, de la misma manera que queda por esclarecer el papel de Donald Trump en el asalto del Capitolio. En los incidentes de enero de 2023 se robaron obras de arte, se vandalizaron las instituciones e incluso se robaron las butacas del STF. 1.200 personas fueron arrestadas. Se sospechó de la colaboración del gobernador del Distrito Federal por dejar hacer a los manifestantes, y por eso mismo fue cesado por el juez del STF Alexandre de Moraes. Los manifestantes y sus campamentos fueron considerados terroristas.

Bolsonaro y la conspiración

La investigación abierta halló indicios de que Bolsonaro podía haber intentado un golpe de Estado después de perder las elecciones en octubre de 2022. Este martes, la Policía Federal de Brasil presentó un informe de 884 páginas al STF, en el que se relata que existió una organización criminal para mantener a Bolsonaro en el poder por parte de las Fuerzas Armadas. Los acusados por la policía son el expresidente Bolsonaro, y cuatro exministros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, tres generales y el almirante Garnier Santos, que comandaba la Armada. También asesores del presidente Bolsonaro, el presidente del Partido Liberal y diferentes coroneles, algunos de ellos retirados.

Este procedimiento tiene una trascendencia histórica para Brasil y el resto de América Latina. Los cuerpos policiales han sido uno de los cuatro brazos de las juntas militares que a lo largo de las últimas décadas se han hecho con el poder en diversos países del continente, y en enero de 2023 se pensaba que serían los primeros en sumarse a los manifestantes. No fue así, y Brasil respiró tranquilo.

Ahora, con esta acusación contra Bolsonaro y los militares golpistas se abre una nueva etapa de confianza en el Brasil. Lo sucedido demuestra que es un país con unas instituciones consolidadas, con una profunda vocación democrática y con un imperio de la ley firme. Recordemos que uno de los primeros enemigos declarados de Elon Musk es Alexandre de Moraes, quien no permitió a Twitter/X saltarse la ley en Brasil y fue objeto de amenazas por ello. Finalmente doblegó a Musk y el magnate tuvo que pagar una cifra astronómica para que la red social siguiera activa en Brasil.

Instituciones fuertes

Los poderes del Estado son los primeros en salvaguardar la Constitución y las instituciones democráticas brasileñas, y si bien en 2022 se temía que estas se pusieran del lado de Bolsonaro, se sabe ahora que se mantuvieron al margen, y, es más, incluso aparecen como acusación contra él. En el caso de Brasil, como ocurre también en otros países de América Latina, se conoce que el conservadurismo abunda entre los militares. Que salgan a acusar a un presidente derechista consolida aun más la democracia brasileña.

El hecho de demostrar que no hay connivencia alguna con quien va contra las instituciones, por mucha cercanía ideológica que pueda haber, marca un punto importante en el institucionalismo de Brasil. Si hay un retroceso de la calidad democrática en el mundo, las 884 páginas del informe de la Policía Federal van en dirección contraria. Brasil es mucho más que Lula da Silva, y esto no se hace para protegerle a él, como los bolsonaristas ya van diciendo. No se trata de una maniobra del izquierdismo, sino de un acto en defensa de la Constitución, el orden y la democracia brasileña, que, a pesar de ser joven, pues la dictadura de Brasil cayó en 1985, se consolida como una de las más robustas de América Latina.