La comparecencia del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el próximo viernes en el Tribunal Supremo es vital para valorar qué dimensión puede alcanzar el caso por el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En primer lugar, sus explicaciones y, en segundo lugar y casi más importante, qué dice ese mensaje con la que fuera jefa de gabinete del actual ministro de Transformación Digital Óscar López, y que él decidió plasmar bajo acta notarial. De lo que suceda, Lobato puede salir investigado por su participación en un delito de revelación de secretos sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso o, incluso, el caso podría escalar a La Moncloa, según fuentes del alto tribunal.

Estas fuentes consultadas hablan concretamente de uno de los últimos artículos que integran el delito de revelación de secretos en el Código Penal y que afecta al "que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales". Este artículo 199 señala que la pena de prisión puede ir de uno a tres años y sería exactamente el margen que podría aplicarse a Lobato. El escenario, eso sí, es distinto en función de qué ponga en ese Whatsapp que llevó a un notario para no perderlo y que ahora está obligado a enseñar al magistrado instructor Ángel Hurtado.

Si, como él ha ido defendiendo en las diferentes entrevistas que ha dado estos días, el mensaje que le mandó Pilar Sánchez Acera (jefa de gabinete de López) indica que el mail interno que le pasó --entre el fiscal y el abogado del caso del novio de Ayuso-- procedía de la prensa, la revelación de secretos quedaría desactivada. "No se puede revelar un secreto que ya estaba revelado", dice una fuente. En cambio, si como publicó 'ABC' y el líder del PSOE les admitió al inicio, Sánchez Acera mandó el correo antes de que estuviera publicado íntegro en los medios y dijo después que lo filtraría completo a una periodista para poder refrendar la jugada política, el delito estaría más claro.

Algunas fuentes del Supremo entienden que él y quien se lo pasó (Sánchez Acera) serían "copartícipes del mismo delito de revelación y divulgación de secretos" por el que el fiscal general del Estado está acusado. Es decir, enseñaron información de un procedimiento judicial, abierto a Alberto González Amador (novio de Ayuso) por un fraude a Hacienda, sin que pudieran hacerlo.

Y ese quién envió el correo inicial es importante porque en este caso Sánchez Acera era jefe de gabinete de Óscar López, que era a su vez jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, que el mail pudo salir de las entrañas del Ejecutivo. Nadie se imagina a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrando La Moncloa, pero hace unas semanas tampoco nadie podía creer que esa imagen fuera posible en la sede de la Fiscalía General del Estado. Y lo fue. Los agentes clonaron dos teléfonos móviles, una tablet y varios ordenadores de García Ortiz.

Otras fuentes, en cambio, son más cautas y consideran que él, al enseñarlo al frente de Díaz Ayuso, no cometió un delito porque el correo se lo enviaron a él. Y que, además, "lo que hizo en la Asamblea de Madrid estaría amparado por su inviolabilidad parlamentaria".

Nadie a estas alturas descarta que Lobato entre a declarar y el magistrado termine paralizando la cita para pedirle que vuelva a comparecer en presencia de un abogado. Eso, sin duda, sería un mal desenlace para él porque implicaría que Hurtado le cambia la figura de testigo a investigado. Y de ese hilo sólo cabe tirar hacia arriba.

El origen de todo: García Ortiz

Las fuentes consultadas, en cualquier caso, creen que el germen de cualquier filtración será siempre el fiscal general que era quien tenía acceso al procedimiento íntegro, pues fue la Fiscalía la que interpuso la denuncia inicial contra González Amador. En el Ministerio Público, sin embargo, recuerdan que ese documento lo tuvo desde principios de marzo el decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, así como la Agencia Tributaria por lo que es difícil asegurar cuál de todas estas manos fue la filtradora.

Aunque fuera García Ortiz, en todo caso, todos aquellos que lo reprodujeran y siguieran dándole publicidad, sin que los correos llegaran a la prensa, pueden enfrentarse al mismo delito.