El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido citar como testigo a María Cristina Álvarez, la directora de Programas de Presidencia, que hizo gestiones para la vida laboral de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en relación a su cátedra en la Universidad Complutense de la capital. Álvarez tendrá que acudir el próximo 20 de diciembre a declarar y este paso apunta a una posible ampliación de los delitos que existen en la causa incluyendo ahora el de malversación de caudales.

Así figura en una resolución --a la que ha tenido acceso El Independiente-- fechada el pasado 26 de noviembre, sólo un día después de que ella tratara de acreditar que no se apropió del software que está bajo el foco, aportando unos mails en los que se mostraba que los trabajadores de la Universidad se dirigían a Álvarez o la ponían en copia. El problema es que esta trabajadora de La Moncloa podrían estar cometiendo un delito al poner su cargo público a los servicios privados de la mujer del presidente del Gobierno.

Las acusaciones populares personadas en el procedimiento --Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox-- ya habían solicitado la declaración de Álvarez por este motivo. "Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, promocionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas", indicaron.

En algunos de los mails que están insertados en el sumario, de noviembre de 2021, se trata sobre eventos que se están organizando para el máster de la Universidad y Álvarez habla en nombre de Gómez firmando como "Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia". La esposa de Pedro Sánchez impartió hasta este año un máster en el centro madrileño que pendía de la cátedra de Transformación Social Competitiva que ella misma co-dirigía y en el marco de esa actividad, la asesora la ayudaba.

El último correo integrado en las diligencias es, precisamente, del 8 de febrero de 2024 y Álvarez se dirige a Reales Seguros (uno de los patrocinadores iniciales de esta cátedra) en estos términos: "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis". Estos mensajes en fechas tan distintas evidencias, para las acusaciones populares, que hubo "continuidad" en el tiempo a la hora de utilizar trabajadores del Gobierno para el uso personal de Gómez.

Peinado ha accedido a citar a Álvarez como testigo, pero algunas fuentes de la causa ya apuntan a que podría salir como investigada y que, incluso, las imputaciones podrían escalar más arriba hasta llegar a quien permitiera que esta situación se diera en la residencia gubernamental. Estas voces señalan al actual ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, o al que fuera jefe de gabinete de Sánchez y actual ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Hasta este momento, tanto Begoña Gómez, como el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, como el empresario Juan Carlos Barrabés figuran como los investigados de la causa iniciada en el mes de abril y los delitos que están bajo el foco son cuatro: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y usurpación de funciones públicas.