Hoy se cumple un mes de la DANA que provocó, según la última cifra oficial, la muerte de 230 personas. Aún hay cuatro desaparecidos. De los 78 municipios afectados --75 en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía-- todavía hay varios que están en una situación, como mínimo, comprometida. Las ayudas del Gobierno, pese a que han comenzado a activarse, se demoran, y el importe de los descomunales daños materiales no deja de aumentar a medida que pasan los días.
Las promesas por parte de los dirigentes políticos no se están traduciendo en resultados. Por lo menos, no inmediatos, lo que está generando impaciencia y escepticismo entre los afectados. Pedro Sánchez anunció el lunes en el Congreso un tercer paquete de medidas, pero las ayudas directas para empresas y autónomos todavía no han comenzado a abonarse. Lo harán un mes después de la catástrofe, a partir del 1 de diciembre, y se podrán solicitar hasta el 31 del mismo, pero ya hay sectores, como el de la agricultura, que están reclamando más. Lo anunciado no es suficiente.
El Gobierno de España, en datos recogidos por la Agencia EFE, ha movilizado 16.600 millones dentro del plan de ayudas a la provincia de Valencia. Han recibido ya 273.600 solicitudes de ayudas y se han realizado pagos por 60 millones de euros. La Generalidad Valenciana ha aprobado 400 millones en ayudas urgentes y lleva abonados 21,4 millones de euros, según dijo ayer el presidente regional, Sin embargo, a pesar de la envergadura de la catástrofe, ambos ejecutivos se encuentran enfrentados en una cruenta batalla política sobre la depuración de responsabilidades.
Ayer, Carlos Mazón aprovechó su intervención en Les Corts para criticar al presidente del Gobierno y, al mismo tiempo, defender su gestión. El popular aseguró que varias peticiones por parte de la Generalitat no han sido atendidas, y al responder a una pregunta de Joan Baldoví, aprovechó para mencionar la frase "si quieren ayuda, que la pidan". "Exija los 31.000 millones de euros que se necesitan para sacar adelante esta tragedia y no se conforme con los 14.000, cuando la mitad son a devolver con intereses, o con el ‘timo de la estampita’ de las ayudas por vehículo anunciadas por Sánchez".
Un impacto económico "sin precedentes"
La Generalitat cifra los daños en el sector industrial en más de 10.000 millones de euros. El Gobierno de la comunidad ha pedido 31.402 al ejecutivo central para la reconstrucción. Un total de 26.773 trabajadores se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. La catástrofe afecta al 32% del PIB de la provincia de Valencia, y al 24,7% del empleo.
En base a los datos de la Cámara de Comercio, hay afectadas cerca de 2.400 empresas industriales y 2.888 naves y locales industriales. En un informe, el organismo ha avisado de que la parada de la actividad va a tener un impacto en el tejido empresarial de la provincia "sin precedentes", puesto que la mayoría de ellas son pymes que ejercen "un papel fundamental" en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Son empresas, según sus datos, que generan más de 7.000 millones de euros anuales de facturación y dan empleo a más de 30.000 personas.
En lo que respecta a la agricultura, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha elevado a 1.379 millones las pérdidas en la Comunidad Valenciana, 200 por encima de lo previsto en su primera estimación. 25.000 hectáreas quedaron anegadas tras la DANA, equivalentes a 50.000 campos de fútbol. Desde AVA-Asaja han denunciado que las ayudas directas dejarán fuera a más del 80% de los agricultores. A través de una nota de prensa, el presidente, Cristóbal Aguado, ha advertido de que "las medidas de apoyo aprobadas hasta ahora son absolutamente insuficientes para compensar las pérdidas reales del sector agrario".
Además, explicó que "muchos productores" afectados no recibirán nada "porque no son autónomos, no alcanzan el 40% de daños en su explotación según las peritaciones de Agroseguro o su municipio no está incluido en el listado de ayudas". Precisamente, esta compañía inició ayer la puesta en marcha de las indemnizaciones por los daños provocados por la DANA de finales de octubre con el abono de 13,21 millones de euros.
En lo que respecta a los afectados que tenían contratado un seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, adscrito al Ministerio de Economía, ha desembolsado más de 92 millones de euros, según informó ayer Carlos Cuerpo tras el Consejo de Ministros. La DANA ha afectado a más de 69.000 viviendas, 125.000 vehículos y 12.500 comercios. El Consorcio ha recibido 214.000 solicitudes de indemnización, mientras que las entidades financieras han registrado 11.500 peticiones de clientes de estas zonas para acogerse a la moratoria temporal a créditos al consumo e hipotecarios.
Vuelta a los colegios
Los colegios de las localidades afectadas, que en muchos casos fueron utilizados en los días posteriores a la catástrofe como centros logísticos, vuelven a emplearse para su cometido original, aunque todavía faltan niños por regresar a las aulas. Según la Consejería de Educación de la Generalidad, un total de 9.750 escolares no lo han hecho aún, mientras que 38.186 --casi el 80%-- sí han vuelto. Por otro lado, se han declarado 1.656 viviendas como no habitables, se han desalojado 491 por problemas estructurales y se ha determinado la demolición de 130.
Otra de las consecuencias derivadas del paso de la DANA ha sido el cierre del metro de Valencia. A pesar de que hubo vías que no se vieron afectadas, el puesto de mando, ubicado en Paiporta, quedó arrasado, por lo que los trenes no han podido ponerse en circulación. Lo harán, si todo va bien, el próximo seis de diciembre, aunque las vías afectadas tardarán cinco o seis meses "en el peor de los casos", según dijo el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalidad, Vicente Martínez. Una de las tareas pendientes de llevar a cabo, tal y cómo informó valenciaplaza, es limpiar los 40 kilómetros de costa que han quedado ensuciados después de la DANA.
Un despliegue sin precedentes
Lo ocurrido en Valencia durante el mes de noviembre no tiene precedentes en la historia de España. Se han movilizado 20.000 trabajadores públicos, entre ellos 8.500 profesionales del Ejército, que han desplazado 2.087 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos especializados, y 9.728 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 1.900 vehículos, desde todoterrenos a helicópteros o drones.
Se han distribuido 5.000 toneladas de comida, agua embotellada, productos de higiene y ropa a los damnificados. Además, ya se han recuperado 160 kilómetros de carreteras estatales que quedaron dañadas y se han retirado 250.000 toneladas de residuos.
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