El magistrado del Tribunal Supremo que actúa como enlace entre un órgano jurisdiccional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) autorizó supuestamente por parte de miembros de la brigada policial adscrita al centro la entrada y registro de las viviendas de los espías que están acusados de traición y revelación de secretos por pasar información de las entrañas del Estado español a personal de inteligencia de Estados Unidos. Ambos acusados niegan estas acusaciones con rotundidad, por lo que están tratando de desmontar la legalidad de la investigación. Habían solicitado así que el alto tribunal diera copia de cómo se motivó la entrada en sus casas, pero han recibido una negativa: "No se remitirá documentación".

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid mantiene imputados al agente 7691 y al 7887, uno era el responsable del área de Rusia dentro del CNI y tenía 24 analistas a su cargo, y el otro era su subordinado. Ambos han sido expulsados de la institución y uno de ellos, el de rango superior, continúa encarcelado de forma provisional en una prisión militar. En los documentos de las pesquisas, a los que ha tenido acceso El Independiente, el Supremo da un portazo a las pretensiones de los acusados sin motivar del todo el porqué.

Ellos tratan de demostrar que la investigación que se cierne sobre los dos se ha realizado de forma irregular, laminando sus derechos, hasta el punto de que sospechan que en sus móviles y en el de sus familias se introdujo el virus israelí de Pegasus. Por ello, el pasado 7 de agosto la magistrada de instrucción accedió a pedir al Supremo el auto en el que se autorizó la entrada y registro de sus inmuebles donde encontraron, por ejemplo, capturas de los programas internos del Centro que los espías no pueden tener en sus casa, así como avaló pedir el auto de "intervención de comunicaciones telefónicas por actividades delictivas contrarias a la Seguridad Nacional que dieron lugar a la incoación de la presente causa".

Cabe recordar que fue el Centro de los espías que depende directamente de Margarita Robes, ministra de Defensa, el que interpuso la denuncia en la Fiscalía. En esta denuncia inicial que rubricaba la directora del Centro, Esperanza Casteleiro, decía que "el magistrado del Tribunal Supremo competente para ejercer el control judicial previo del CNI, ha autorizado al CNI a practicar entradas en domicilio en distintas ocasiones y ha autorizado la intervención de las comunicaciones del principal denunciado".

Pero la Sala Penal del alto tribunal ha sido clara: "Se pone en su conocimiento que no se remitirá documentación alguna referente a la causa solicitada toda vez que este Tribunal no es competente para tramitar su exhorto". La magistrada instructora Susana Trujillano, sin embargo, no ha cesado en su empeño de tratar de conseguir esta autorización judicial así que ahora ha decidido requerirla a través del CNI y le ha dado un plazo de diez días al departamento de Robles para que lo envíe a la causa.

Lo que había en las viviendas

Como ha venido desgranando El Independiente, la investigación ha revelado que el alto mando que permanece en prisión provisional tuvo tres encuentros "casuales" con espías extranjeros que pudieron poner en jaque los secretos del Estado. El alcance de la fuga --que se presupone que ha terminado en manos de Washington-- ha podido ser tan alto como el rango del mando que era el número ocho en el escalafón del CNI.

Las entradas y registros en la investigación han revelado que almacenaba numerosa información clasificada como secreta en su casa entre lo que se han encontrado nombres de fuentes humanas, nombres en clave de operaciones y de personal así como datos de la estructura y del despliegue español en el exterior. En su domicilio se encontraron también aplicaciones, programas, dispositivos y sistemas electrónicos securizados "muy sofisticados" que los investigadores creen que pudieron serle facilitados por sus contactos en los servicios de inteligencia del extranjero.

Por eso, para las defensas es vital poder conocer si esa incursión en su domicilio se hizo con arreglo a la ley o si se saltaron todas las líneas rojas que puedan hurtar a estos dos acusados de un juicio justo.

Las pesquisas han constatado que guardaban notas informativas sobre Turquía, Arabia Saudí y herramientas propias del CNI. Además, en uno de los dispositivos del militar se localizaron fotografías de vacantes del órgano con nombres, claves y siglas, así como una fotografía de la pantalla de un ordenador del Centro que dirige Esperanza Casteleiro con localizaciones, nombres pseudónimos de agentes y otros datos personales de los integrantes.