El consejo de administración de Molins, antes Cementos Molins, ha acordado por unanimidad la vuelta de su sede social a Cataluña, después de trasladarla a Madrid por la crisis abierta por el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Así lo ha comunicado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha explicado que el domicilio social, que ahora estaba en el paseo de la Castellana de Madrid, volverá a Sant Viçens des Horts (Barcelona).

El 20 de octubre de 2017, el consejo de administración de Cementos Molins acordó trasladar su sede social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid debido a la "situación política y social" que se vivía en Cataluña y a "la inseguridad jurídica que ello provoca".

La histórica cementera catalana, que cotiza en la Bolsa española, aseguró que había adoptado esta decisión "con el objetivo de salvaguardar los intereses del grupo, de marcado carácter internacional, y garantizar su normal operativa".

En un primer momento, Molins trasladó la sede social a la calle Espronceda número 38 de Madrid y, posteriormente, la emplazó en paseo de la Castellana.

La cementera fue una de las centenares de empresas catalanas que en octubre de 2017 se llevaron la sede social fuera de Cataluña debido a la situación política que se vivía en la comunidad.

A mediados de 2019 la empresa sometió a la junta, a petición de un minoritario, la posibilidad de retornar la sede a Cataluña, aunque los accionistas rechazaron esta posibilidad y decidieron que siguiera en Madrid.

Ahora Molins será una de las pocas empresas, aunque sí la mayor, que ha vuelto a traer su sede social a Cataluña tras la espantada del procés, después de que en septiembre de 2018, Agbar anunciara que fijaba de nuevo su sede social en Cataluña, aunque ya en aquel momento era propietaria solo de los negocios catalanes de concesión de la gestión de aguas del grupo.

A ella, le han seguido algunas otras como Laboratorios Ordesa o Red Points.

Cementos Molins cerró 2023 con récord de beneficios y de cifra de negocios al ganar 151 millones de euros, un 35 % más que el año anterior, y obtener unas ventas de 1.349 millones, lo que supuso un crecimiento del 6 %

Desde la Generalitat siempre se ha mantenido que la fuga de sedes sociales no fue acompañada del traslado de sede centrales o de centros productivos fuera de Cataluña y que tampoco afectó a la economía catalana.