La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del Fiscal General en la causa que sigue en el Supremo por una presunta revelación de secretos en el caso sobre fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso, ha remitido un escrito al juez instructor en el que pone a caldo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En este asunto hay muchas cosas extrañas. Lo lógico hubiera sido que, tras su imputación, Álvaro García Ortiz hubiera presentado su dimisión como máximo representante del Ministerio Público. Eso hubiera evitado situaciones tan anómalas como que el fiscal que actúe en este caso tenga como jefe al presunto delincuente. El hecho de que García Ortiz haya decidido aguantar implica que aquí hay mucha más miga de la que parece.

Después, tenemos que es nada menos que la Abogacía del Estado la que asume la defensa del Fiscal General. Lo que implica que se trata de una decisión del Gobierno, que ha decidido poner toda la carne en el asador para defender a García Ortiz. También eso es un tanto extraño.

Pero, si ya había elementos suficientes sobre la mesa como para sospechar que aquí hay gato encerrado, la guinda la ha puesto el escrito remitido por la Abogacía del Estado al juez Ángel Hurtado, en la que carga contra la UCO, acusándola de haber cometido 37 "errores, irregularidades, omisiones e indebidas interferencias". Se refiere la Abogacía del Estado al informe conocido hace diez días en el que la UCO atribuye una "participación preeminente" al Fiscal General en la filtración a los de los correos entre el fiscal que investigaba al novio de Ayuso y el abogado de este.

García Ortiz quiere evitar que la UCO incorpore a un próximo informe algunas de sus conversaciones telefónicas

La Abogacía del Estado, en connivencia con el Fiscal General, carga contra la UCO y es el juez del Supremo el que tiene que salir en su defensa en una providencia que no tiene desperdicio y en la que afirma que "no cabe poner reproche a dicha prueba pericial, realizada por una unidad tan especializada como es la UCO".

¡Cómo cambian las cosas! El pasado 21 de mayo la ministra portavoz, Pilar Alegría, aprovechó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para alabar la labor de la UCO, que en un informe que se publico unos días antes afirmó no haber detectado tráfico de influencias en Begoña Gómez en relación al rescate de Air Europa. Para Alegría, la UCO demostraba que por lo que respecta a la mujer del presidente "no hay caso". De ser la verdad revelada, ahora resulta que la UCO falla más que una escopeta de feria. ¡Nada menos que 37 veces en un mismo informe!

Pero no nos dejemos llevar por el bulto de esa barbaridad. El ataque a la UCO tiene un objetivo, expresado claramente por la defensa de García Ortiz, que le ha solicitado al juez del Supremo que dirija un mandato a dicha Unidad para que no incluya en el informe que tiene pendiente de realizar sobre el contenido de sus ordenadores y teléfonos "mensajes privados" que no tienen que ver con los hechos que se investigan. ¿A qué tiene miedo García Ortiz? ¿Acaso una conversación suya con el presidente del Gobierno sobre el presunto delito fiscal del novio de Ayuso es algo ajeno a la investigación de la filtración de los correos?

Si ya hemos visto cómo la jefa de Gabinete del jefe del Gabinete del presidente del Gobierno fue la que envió el correo al que hemos hecho referencia al ya ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, no sería extraño que el Fiscal General hubiera informado al presidente Sánchez de la bomba que le había llegado a la Fiscalía, una investigación sobre delito fiscal nada menos que contra el novio de Ayuso. La mejor cortina para tapar las informaciones sobre Begoña Gómez.

Para justificar esa petición al juez de que limitara la investigación de la UCO había, previamente, que cuestionar su profesionalidad. A ese juego se ha prestado la Abogacía del Estado. Lamentable.

Pero, por suerte, Ángel Hurtado ha rechazado esa petición. Permanezcan atentos a la pantalla.