Es un impuesto extraño. Surgió hace algo más de una década y en este tiempo ha tenido periodos de desaparición, aminoración y de aplicación completa. Lo exige la Administración, lo aplican las energéticas y la pagan los consumidores. Ahora, partidos de la oposición y algunos que conforman la alianza de formaciones que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez se han conjurado para eliminarlo. No sería modo definitivo pero sí en determinadas circunstancias como las actuales.

Pero, ¿qué es el ‘Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica(IVPEE) que PP, Vox, PNV, ERC y Junts quieren suprimir? Se creó a finales de 2012 y formó parte de un plan de medidas fiscales orientadas a lo que se definió como sostenibilidad energética. El objetivo que se marcó para cobrar un 7% más a los consumidores fue poder hacer frente al llamado ‘déficit tarifario’ que sufrían las energéticas. Es decir, el déficit que resultaba para ellas del coste que les generaba producir la energía y el ingreso que obtenían por su consumo.

El precio de la energía varía por multitud de variables y por ello no siempre producirla tiene el mismo coste. Variables como el coste de la falta de viento que limita la producción eólica, alteraciones en la producción de energía nuclear o conflictos internacionales que alteran el mercado pueden suponer una variación importante de todo el proceso. En 2011 el déficit tarifario alcanzaba los 24.000 millones de euros. En 2020 esa cantidad cayó a 14.294 millones de euros.

1.100 millones de ingreso anual

Ahora, los partidos que respaldaron la enmienda transaccional acordada entre PP y Junts quieren que este 7% de sobrecarga impositiva en las facturas se elimine en los periodos en los que no exista déficit tarifario en la generación de energía. Hace varios años que el sistema no lo genera y que el saldo es de superávit.

Eliminarlo supondría una significativa pérdida de ingresos para el Gobierno, ya que la previsión de ingresos con la que plantea su presupuesto para el próximo año. Por eso el Ejecutivo ya ha anunciado que intentará evitarlo por todos los medios y que aún tiene herramientas para lograrlo durante la tramitación parlamentaria que aún le resta a la medida. El revés para las arcas públicas que supondría dejar en suspenso alcanzaría los 1.100 millones de euros anuales, según el PP.

Los últimos datos de la agencia tributaria, correspondientes a los dos primeros trimestres de este año, muestran que por este impuesto se han recaudado 491 millones de euros. Un importe que resulta de una recaudación parcial del tributo y a la que aún restan otros dos trimestres.

Una paralización "antidemocrática" de la tramitación

El IVPEE grava las actividades relacionadas con la producción e incorporación de la energía al sistema eléctrico. Su aplicación se dejó en suspenso durante los años de crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Desde el segundo semestre de 2021 hasta este año no se ha aplicado. Sin embargo, en 2024 se retomó, aunque con un gravamen inferior del 3,5% hasta marzo, del 5,25% hasta junio y de un 7% durante el tercer trimestre del año.

El sector guarda silencio ante este nuevo pulso político que tiene a las energéticas en el centro de la discusión. La polémica que ya ha rodeado la prórroga o suspensión del impuesto a las energéticas, con compromisos contradictorios por parte del Gobierno entre sus socios de Gobierno, se suma ahora al pulso por el impuesto eléctrico. En el primer caso se trata de un gravamen excepcional sobre los beneficios de las compañías de mayor facturación y en el segundo sobre el déficit tarifario en la generación energética.  

El PP denunció a última hora de ayer la intención de la presidenta de la Comisión de Transición Energética, Cristina Narbona, de suspender la sesión del próximo jueves en la que se debía aprobar el dictamen en la que se incluye la enmienda acordada. Consideran que se trata de una decisión "arbitraria" y "antidemocrática" que sólo sigue "las instrucciones del Gobierno". Los populares han solicitado de manera oficial que no se altere la tramitación y se proceda a convocar la sesión para el debate y aprobación del informe elaborado por la Ponencia del Proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con la inclusión de la citada enmienda.