La electricidad amenaza con volver a ser no sólo foco de conflicto político sino fuente de ingresos clave para la financiación del Estado. A partir del 1 de enero de 2025 los consumidores notarán un incremento significativo en sus facturas eléctricas por un aumento importante en la parte regulada de la misma. Además del pago por el consumo que los clientes –hogares, pymes y empresas- realizan, en la factura se incluyen otros costes como los 'cargos' y los 'peajes'. Los primeros los fija el Ministerio de Transición Energética y los segundos la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Por el momento, ya se conoce cuánto subirá el importe englobado dentro de los ‘cargos’: un 39%. El Ministerio ha previsto que el próximo año los consumidores deberán asumir un montante global de 3.524 millones de euros, frente a los 2.532 millones abonados este año. Este repunte pone fin a la reducción que desde 2021 se venía aplicando en este apartado como medida de compensación a la subida de precios de la energía que provocó la guerra de Ucrania. Los 'cargos' corresponden a la parte regulada de la factura y están destinados al pago del acceso a la red eléctrica y el aseguramiento y disponibilidad de suministro. El otro bloque de cobros 'regulados', los llamados 'peajes', están destinados a cubrir costes los costes de las redes y la retribución de las compañías de distribución y transporte energético.

Antes de final de año la CNMC también deberá anunciar cuál será el montante definitivo que los consumidores deberán pagar en concepto de ‘peajes’, que se prevé que pueda bajar levemente, el otro concepto regulados que se incluye en las facturas de la electricidad.

Una factura residencial un 7% superior a la de 2019

Este anuncio de aumento de un 39% de la partida de ‘cargos’ al que los consumidores energéticos deberán hacer frente llega sólo un día después de que el Ejecutivo interviniera para frenar la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Este tributo, que graba sobre el 7% de la producción energética y que también tiene reflejo en el importe final de las facturas de los hogares y empresas españolas, aún debe culminar su tramitación parlamentaria. Tanto el PP como VOX, Junts, ERC y el PNV votaron para dejarlo en suspenso mientras no exista déficit tarifario en el sistema energético. Es la situación en la que se encuentra actualmente el sector, donde la diferencia entre el coste de producción energética y los ingresos por su consumo reportan superávit y no déficit.

Los ‘cargos’ se mantuvieron hasta ahora casi a la mitad de lo que estaban antes de la crisis energética derivada de la Guerra de Ucrania. La diferencia se venía cubriendo con los superávit de años anteriores y con aportaciones de los presupuestos generales del Estado. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por retornar al escenario anterior. Pese a todo, se estima que el importe de la parte regulada de las facturas, la compuesta por los cargos y los peajes será aún un 25% inferior al año 2019.

Sumados todos los importes, la factura prevista para 2025 de un consumidor residencial será un 7 % superior a la de 2019, aunque inferior a la inflación acumulada estos años, del orden del 18 %. Por su parte, la otra gran pieza de la parte regulada de la factura, los peajes, se van a ver reducidos para 2025, pues, según la propuesta de la CNMC, bajan de media un 4,4 %.

Los peajes, el otro cobro 'regulado'

Los peajes están destinados a cubrir los costes de las redes y la retribución de las compañías de distribución y transporte. Para 2025, se prevé que la retribución del transporte ascienda a 1.216,6 millones de euros y a 5.826,4 millones la de la distribución de electricidad.

La retribución considerada en el cálculo de los peajes del transporte para el ejercicio 2025 es un 10,7 % inferior a la considerada en el cálculo de los peajes del ejercicio 2024; mientras que para los peajes de distribución es un 1,9 % superior.

Por otro lado, el proyecto de orden del Gobierno también aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que parte de la propuesta remitida por la CNMC. El coste del bono social previsto para el cierre del ejercicio 2025 asciende a 284,8 millones de euros y, teniendo en cuenta los desvíos de ejercicios anteriores, el coste de la financiación del bono social para 2025 asciende a 241,7 millones de euros.

Según la facturación estimada, el reparto de la financiación del bono social para 2025 un 48,35 % lo sufragara la actividad de comercialización; un 40,70 %, la de producción; un 8,38 %, la de distribución; un 1,75 %, la de transporte, y un 0,83 %, los consumidores directos.