El PNV advierte a Montero de que no cuele el gravamen a las energéticas en la prórroga del escudo social

Fueron unos minutos al término del pleno del Congreso. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se detuvo con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Charlaron. Y el dirigente nacionalista le trasladó un mensaje nítido de su formación. Un ruego: que el Ejecutivo no mezcle la prórroga del gravamen a las energéticas con el real decreto ley de extensión del escudo social y de revalorización de las pensiones. Porque si lo hace, le advirtió, el PNV se verá obligado a votar no, a no respaldar la convalidación del texto. La posición de los jeltzales es firme, porque su oposición al mantenimiento del actual impuesto a las eléctricas es total.

El Ejecutivo no logra escapar del bucle. Recibe la presión por la izquierda y por la derecha, y las posturas de los dos extremos —de Podemos, por un lado, y de Junts y PNV, por otro— continúan enquistadas. Sus socios progresistas defienden que hay que prorrogar el gravamen extraordinario a unas empresas que se han enriquecido en los últimos años a raíz de la guerra de Ucrania, mientras que las formaciones conservadoras entienden que hay que levantar el pie y cancelar una carga fiscal que se planificó en origen como puramente temporal. El tiempo se agota, pero el problema sigue y el Gobierno solo logró aplazarlo.

A la reunión del miércoles con Hacienda no acudieron PNV y Junts. En ella se acordó aprobar la prórroga del gravamen por decreto, pero se tendría que convalidar en el Congreso en el plazo de 30 días

Eso explica la conversación de ayer jueves de Esteban con Montero, según relataban fuentes del PNV. La víspera, el miércoles, Hacienda pactó con la izquierda parlamentaria —Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG— prorrogar por real decreto ley para 2025 el gravamen sobre las grandes energéticas, con el fin de que no decaiga este 31 de diciembre. El acuerdo salió de una reunión de todos ellos a la que no acudieron ni PNV ni Junts. Ambos se descolgaron, un gesto muy indicativo de por dónde van los tiros y de lo alejadas que están las posiciones. Para el próximo miércoles está previsto un segundo encuentro para ir caminando hacia el diseño de un nuevo impuesto permanente a las eléctricas pero con incentivos para aquellas que inviertan en descarbonización. Las perspectivas de acuerdo continúan siendo bajas.

El PNV es uno de los socios más fiables para el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2018. Ambos gobiernan juntos en Euskadi y, desde las últimas elecciones autonómicas, solo la subida de los socialistas permitió a los nacionalistas mantener el Ejecutivo de Vitoria con mayoría absoluta entre ambos. La relación es fluida también en Madrid, y por eso Esteban quiso advertir a Montero al acabar el pleno del Congreso de este jueves. El PNV no quiere "sorpresas" al final del año. Y por eso prefirió dejar a la vicepresidenta las cosas claras.

El Gobierno tiene pendiente la aprobación del escudo social, pero también la revalorización de las pensiones o la recuperación del fin de la bonificación al diésel

El Consejo de Ministros aprobará en su última reunión de este 2024, el 23 de diciembre, la prórroga del escudo social, ya mucho más adelgazado porque la UE pide levantar progresivamente todas las medidas anticrisis que se desplegaron con el estallido de la guerra de Ucrania. La mayor parte se han ido retirando, pero el Gobierno tiene que decidir, por ejemplo, si quita la bonificación al transporte público. Pero también tiene que aprobar, como hizo hace un año, la revalorización de las pensiones conforme al IPC: la subida está garantizada por ley, pero la cuantía exacta hay que detallarla en un texto legal, y es obligado al no haber unos nuevos Presupuestos de los que colgarla. También el Ejecutivo tiene pendiente recuperar el alza al diésel, para equiparar su tributación a la de la gasolina, una medida que estaba incluida en el paquete fiscal, pero que decayó porque Podemos la rechazó, al ir incorporada en un paquete de enmiendas que no compartían.

Lo que aporta el decreto ley

El Gobierno ha tendido en estos años a envolver distintas medidas en un solo real decreto ley, por razones de ahorro legislativo, para evitarse varias negociaciones paralelas y, sobre todo, para facilitar su convalidación en el Congreso. Al incluir en un mismo texto iniciativas pacíficas con otras que puedan ser más controvertidas para los grupos se garantiza su aprobación, por el coste que tendría para los partidos tumbar las primeras. Los socios se han quejado insistentemente de la forma de proceder del Ejecutivo, de su propensión a los decretos ómnibus que les dejan poco margen de maniobra. Y es que los decretos leyes entran en vigor en cuanto se publican en el BOE y solo requieren de un trámite parlamentario: la convalidación por la Cámara baja en el plazo de 30 días. Otra ventaja para el Gobierno es que no permiten la introducción de cambios, salvo que el pleno acuerde por mayoría que se tramite como un proyecto de ley.

Lo que planteó Esteban a Montero es que la prórroga del gravamen a las energéticas, que el PNV rechaza frontalmente, se incluya en un real decreto ley distinto, separado al escudo social o a la revalorización de las pensiones. Porque si el Gobierno mezcla ambos asuntos en un mismo texto votará no, aunque le suponga el coste de tener que tumbar también la actualización de las pensiones. "No vamos a entrar por ahí. Saben que hay líneas que no vamos a traspasar", indicaban fuentes del grupo jeltzale. En Hacienda replican que, vista la posición del PNV, "lo lógico" es que la prórroga del impuesto a las energéticas se tramite de manera aislada.

El PNV está dispuesto a votar 'no' si el decreto incluye la extensión del gravamen a las energéticas, aunque suponga tumbar la actualización de las pensiones: "No vamos a entrar por ahí. Saben que hay líneas que no vamos a traspasar"

El sudoku del gravamen tiene difícil solución para Montero. Podemos dio in extremis su apoyo al paquete fiscal a cambio de abrir una mesa con los partidos socios del Ejecutivo para convertir en permanente el impuesto. Lo que busca Hacienda, como una postura intermedia entre sus aliados parlamentarios, es un tributo que a la vez grave a las energéticas pero que permita que se beneficien de incentivos a la descarbonización, una labor que ya hacen de suyo todas las grandes.

En la reunión del miércoles, Hacienda se comprometió con la izquierda parlamentaria a aprobar por decreto ley la extensión del gravamen temporal a las energéticas un año más mientras se trabaja en el diseño de un nuevo impuesto permanente. El problema para el Gobierno es que la prórroga del actual tributo no recabará los apoyos necesarios para su convalidación, dada la oposición de PNV y Junts, por lo que decaerá al cabo de un mes. Desde el entorno de Montero advertían de que en la redacción del decreto ley se garantizaría la "seguridad jurídica". En Hacienda explicaban que el gravamen se devenga en febrero, de forma que como habría decaído antes no se habría podido cobrar.

En 2022, se fijó no un impuesto, sino una prestración patrimonial pública de carácter no tributario, que como tal no podía ser transferida a Euskadi. El PNV solo acepta una fórmula que no eluda el concierto

El PNV combate sobre todo la forma del tributo. En 2022, lo que las Cortes aprobaron fue en realidad no un impuesto o gravamen. El instrumento jurídico era otro: la prestación patrimonial pública de carácter no tributario, una figura permitida por el Tribunal Constitucional para favorecer el "pacto de rentas", como una "herramienta esencial para la lucha contra los efectos nocivos de la inflación que viene sufriendo la ciudadanía". "La exigencia de la prestación a los obligados al pago no se incardina en el ámbito de una relación jurídico-tributaria", dice la ley, "sino en el contexto de la intervención del Estado en la economía a fin del cumplimiento de los principios y valores constitucionales que rigen nuestro contrato social". Por este diseño tan particular, al no ser un impuesto al uso, el Gobierno no puede transferirlo a Euskadi, que al disfrutar de un régimen foral propio podría bonificarlo por completo para proteger a las eléctricas. "Ya les hemos dicho que el gravamen, tal y como está, no, porque nos rompe el concierto económico. No vamos a entrar por ahí", señalaban desde el grupo del PNV en el Congreso, en el que recordaban que el 27 de noviembre Esteban advirtió en la tribuna al presidente Sánchez de que votaría en contra de cualquier decreto ley que incluyera un gravamen que eluda el sistema del concierto económico. Y, como añadían este jueves fuentes del entorno del portavoz, aquello que verbaliza en sede parlamentaria puede darse como cincelado en piedra. Como la posición clarísima y final.

No crear impuestos nuevos vía decreto ley

Los nacionalistas vascos, por tanto, estarían dispuestos a un nuevo impuesto que pudiera concertarse y del que el Gobierno de Vitoria pudiera asumir la competencia. "Es que en Euskadi nos jugamos un montón de puestos de trabajo y una industria muy potente. Hablamos de descarbonización y habrá que facilitar a las empresas que hagan ese tránsito", justificaron. Pero ese rediseño tropezaría a su vez con Junts: Cataluña está, al menos de momento, en el régimen común y no puede gestionar ese gravamen. Por real decreto ley, el Ejecutivo solo puede modificar tributos ya existentes, pero no crear uno nuevo. Eso solo lo puede hacer vía proyecto de ley —a iniciativa del propio Gobierno— o vía proposición de ley —a iniciativa de los grupos parlamentarios—, siguiendo una tramitación más larga y compleja, con debate de enmiendas. "Podríamos empezar a hablar de un nuevo impuesto, aunque de entrada no lo veíamos, pero daría igual, porque Junts no lo ve, así que no habría apoyos para sacarlo adelante", indicaron desde el PNV.

En 2024, Hacienda recaudó por este gravamen 1.164 millones de euros. Para Podemos, se puede ingresar más. Para la derecha, lo que hay que hacer es incentivar la descarbonización

En Hacienda constatan que las posiciones son casi imposibles de casar, que están muy "polarizadas", y por tanto eso hace muy difícil deshacer el nudo. Lo que busca la izquierda, especialmente Podemos, alegan, es "la foto", retratar a la derecha de la Cámara con su no al impuesto a las energéticas. En 2024, Hacienda recaudó por este gravamen 1.164 millones de euros. Los morados han defendido que el tributo podría "hasta duplicarse", porque "solo en 2023 estas compañías ganaron, "en beneficios, 10.500 millones de euros", en palabras de la eurodiputada Irene Montero.

En los últimos días, además, los socios se han cruzado gruesos reproches que no invitan precisamente al acuerdo. Así, Esteban avanzó que no iría a la reunión del miércoles con Hacienda y el resto de grupos porque era solo "un paripé que necesita hacer, sobre todo, Podemos". No tiene "ningún sentido hacer una reunión para discutir de un gravamen o impuesto entre siete u ocho partidos en una mesa abierta, con la prensa al otro lado de la puerta y la discreción que tienen algunos grupos", atizó.

Para los 'jeltzales', la reunión del miércoles era solo un "paripé que necesita hacer, sobre todo, Podemos". Defienden una negociación distinta y "seria", no entre diputados, porque se trata de una cuestión técnica

El portavoz jeltzale recalcó que ni siquiera los diputados tienen capacidad técnica para estudiar el diseño de un impuesto. "Somos todos parlamentarios, y estos temas son muy técnicos y complejos. ¿Qué criterio tienen para que tenga que ser un 16 o un 11 o para que las deducciones sean de un tipo u otro?". Estas cosas, concluyó, deben hacerse "con seriedad". El PNV quiere, por tanto, otro formato de negociación muy distinto al planteado por los de Ione Belarra. La formación nacionalista, no obstante, cree que lo que hay que abordar es una reforma integral del impuesto de Sociedades, y no "parchearlo" con soluciones como el gravamen a las energéticas.

PNV y Junts, "cachorritos de Repsol" para Podemos

Belarra, a su vez, cargó contra PNV y Junts por no acudir al encuentro convocado por Hacienda con los grupos. "Esto solo demuestra que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión. Creo que eso revela que en Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol". Ambos, como "representantes de los intereses de las empresas energéticas" tienen que explicar al conjunto de la ciudadanía, siguió, "por qué están en este Congreso no defendiendo los intereses de los ciudadanos".

El PSOE, para los morados, "no tiene ninguna gana de negociar y prefiere darlo por perdido". "No queremos una foto, queremos el impuesto". Podemos avisa también que no apoyará el alza al diésel si no hay gravamen a las energéticas

El enfado en los morados es mayúsculo, y advierten de que si no se materializa su exigencia de impuesto a las energéticas no se darían las "condiciones" para comenzar a negociar los Presupuestos de 2025. "No queremos una foto, queremos el impuesto. Y si no sale, entonces el PSOE nos la habrá jugado una vez y no nos la jugará más. Si el Gobierno no hubiera estado sin hacer nada más de dos semanas [desde que se aprobó la reforma fiscal], igual todos los que estuvimos el miércoles reunidos, que queremos el impuesto, y el PNV, que acepta algún tipo de impuesto, y Junts, que según Hacienda también puede aceptar algún tipo de gravamen, llegábamos a algún acuerdo. Ahora quedan otros 20 días, y pueden usarlos para cumplir el acuerdo o para incumplirlo. Ellos sabrán, y en función de eso los demás actuaremos en consecuencia", aseveran fuentes de la cúpula de Podemos.

Para los de Belarra, por tanto, quien está arrastrando los pies es el PSOE: "No tiene ninguna gana de negociar y prefiere darlo por perdido, y por eso ha dejado morir la negociación, por eso dice ahora que solo se puede hacer el decreto de prórroga y por eso, si no cambia la cosa, acabará mal. Pero es simplemente porque no le da la gana. Todo lo demás son excusas de mal pagador". Además, Podemos avisó este viernes a primera hora a Hacienda de que no apoyará el alza al diésel si se desliga del impuesto a las grandes energéticas. "Es enormemente injusto cargar los costes de la emergencia climática y la necesaria transición ecológica sobre los hombros de la gente, al mismo tiempo que se permite a las grandes empresas energéticas, principales responsables de la contaminación que causa esa emergencia, irse de rositas. No se hará, desde luego, con los votos de Podemos".

Los otros socios progresistas del Ejecutivo ven muy complicado que cuaje el acuerdo y culpan a Podemos por haber llegado a un acuerdo "ridículo" con el Gobierno tres días después al alcanzado con ERC, Bildu y BNG y que no aportaba más. "Ahora quiere conseguir lo que no conseguimos el resto y ponerse la medalla", critica un portavoz independentista de izquierdas.

He perdido tantas apuestas esta legislatura", expresa un diputado de una formación progresista socia del Ejecutivo, "y me he equivocado tanto que ya no hago previsiones. El 'perrosanxismo' me supera"

El camino está muy cuesta arriba y se resolverá, en un sentido u otro, en las próximas semanas. Nada se puede dar por hecho, recuerdan desde el PNV o Bildu, porque también parecía que el paquete fiscal se iba a estrellar y finalmente se salvó en el último minuto. "He perdido tantas apuestas esta legislatura —expresa un diputado de una formación progresista socia del Ejecutivo—, y me he equivocado tanto que ya no hago previsiones. El perrosanxismo me supera". Es decir, que con Sánchez todo puede suceder y obrarse el milagro en el aliento final.