La reforma educativa que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para acabar con la Lomce o Ley Wert implica que las comunidades autónomas recuperan las competencias en lenguas cooficiales.

Esta modificación de la ley prevé eliminar la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades en las que hay lengua cooficial. Esta supresión, afectará, entre otros aspectos a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial, informa Europa Press.

Así consta en un documento remitido por el Ministerio de Educación a las principales organizaciones educativas. El Gobierno ha sometido a consulta pública otro documento sobre los principios generales de la reforma, pero más escueto que el remitido a las organizaciones educativas.

El nuevo texto lleva por título Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación, y va acompañado de una carta del secretario de Estado Alejandro Tiana, en la que asegura que el Ministerio quiere que la nueva norma cuente con el "mayor consenso posible".

Eliminar la regulación estatal de la lengua cooficial es una medida enmarcada en el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las CC.AA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y la lealtad institucional". Por ello, también plantea llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema establecido por la Lomce para garantizar la escolarización en castellano en Cataluña y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando no pudieran obtenerla en el sistema público.

Educación también plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para la determinación del currículo de las materias, asignado el 55/65% al Estado.

Por otro lado, las modificaciones también plantean reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos. En particular, planea eliminar la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.

Religión no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad ni las becas

En materia de conciertos, como ya había anunciado la ministra Celaá, se eliminará a la demanda social, recuperando una formulación no restrictiva de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y se recuperará el papel del Consejo Escolar y la administración educativa en los procedimiento de selección y despido del profesorado.

La reforma también prevé eliminar la posibilidad de contratar expertos extranjeros nativos para la enseñanza de las diferentes materias del currículo por procedimientos diferentes de los ordinarios. Además, plantea evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües.

En cuanto a la asignatura de Religión, como ya se había anunciado, no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad ni las becas, no existirá alternativa y se dejará de considerar materia específica en Bachillerato.

Propone eliminar los itinerarios en la ESO y las reválidas, y volver a las pruebas de acceso a la Universidad posteriores al título de Bachiller

Además, Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.

Propone, igualmente, eliminar los itinerarios en la ESO, así como las reválidas (que actualmente están suspendidas), establecer una asignatura de valores cívicos y éticos y volver a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del título de Bachiller.