El debate sobre la "financiación singular" de Cataluña ha bajado muchos peldaños en las últimas semanas, pero no ha desaparecido por completo porque sigue pendiente. Aún no hay concreciones y todavía queda un largo camino. El president, Salvador Illa, ha tenido que combatir los recelos internos, en las filas del PSOE —miedos ya aplacados tras el 41º Congreso—, y los reproches durísimos del PP. Por eso este viernes dejó claro, durante la XXVII Conferencia de Presidentes, en Santander, que Cataluña será "solidaria" con el resto de España, pero a su vez no admitirá "lecciones de quienes practican insolidaridad fiscal", según relataron fuentes de su entorno. Un misil claro y dirigido, sobre todo, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que basa su política económica en la bajada de impuestos a la vez que pide más recursos al Estado. La cuestión de la financiación fue central en la intervención del jefe de la Generalitat, junto con su propuesta de que Barcelona acoja la próxima cumbre autonómica.

El president, tras expresar un mensaje de solidaridad con Valencia y con las víctimas de la DANA, apeló a "la lealtad, el diálogo y la cooperación entre instituciones y administraciones". Cataluña, aseguró, "habla desde la solidaridad, la fraternidad, la implicación y el rigor".

Para Illa, donde más se refleja la ineficacia del sistema de financiación es en la atención sanitaria pública universal, que ha de ser "reforzada"

A juicio de Illa, según indicaron desde su equipo, hay varios consensos claros. Uno de ellos es que "todas las CCAA coinciden en que el actual modelo de financiación autonómica" y por eso "hay que revisarlo y actualizarlo porque no responde a las necesidades reales de las autonomías". Donde "mejor se refleja la ineficacia" del sistema vigente —caducado desde 2014— es en la atención sanitaria pública universal, que ha de ser "reforzada". En ese sentido, recordó que Cataluña inyectará unos 2.800 millones de euros para revertir un déficit que arrastra desde hace años.

Illa proclamó que quiere una "financiación solidaria con el resto de España", como de hecho consigna el acuerdo de PSC y ERC. "No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal", apuntó el president, en clara referencia a los barones del PP y, en especial, a Ayuso.

Si hay algo que repite el jefe del Govern es que Cataluña ha vuelto para quedarse, a la concertación, al terreno del acuerdo. Por eso incide en la normalización institucional. De ahí que ya fuera un gesto que estuviera presente en la cita de este viernes en Santander, aunque sus dos antecesores, Pere Aragonès y Quim Torra, también acudieron a las cumbres de la pandemia y la pospandemia. "No encontrarán al Gobierno de Cataluña en el choque y la confrontación. Sí en los espacios de cooperación y compromiso", afirmó ante el presidente, Pedro Sánchez, y el resto de mandatarios autonómicos. Y con esa lógica les propuso que Barcelona acoja la próxima Conferencia de Presidentes, aún sin fecha.

El jefe del Ejecutivo había sido bastante inconcreto en su intervención inicial: propuso "acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy". Y avanzó que convocará para enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera "para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las CCAA del régimen común", para negociar con ellas la quita de la deuda.

Page fue "coherente" con su posición de los últimos meses. Demanda al Gobierno que mientras no esté listo el borrador de nuevo modelo, no haya "más documentos de ningún tipo"

Respecto a vivienda, Illa sostuvo que este es el elemento de "mayor desigualdad de nuestro país". Puntualizó que el programa diseñado por el Govern "es el más ambicioso a nivel nacional": 50.000 viviendas hasta 2030 y la movilización de recursos "más importante hecha nunca por una comunidad autónoma en materia de vivienda: 4.400 millones de euros en esta legislatura".

El president también agregó que cuando se habla de inmigración, la responsabilidad de los dirigentes políticos es "poner nombres y apellidos", porque se habla de personas. "Integrar nos enriquece. Cataluña ha sido, es y quiere seguir siendo tierra de acogida. Por convicción, por elección y por necesidad", apostilló.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue "coherente" con su posición mantenida estos meses, según indicaban en su entorno. Planteó al Gobierno que presente en tres meses un "borrador sobre la reforma del modelo de financiación" y que entretanto no haya "más documentos de ningún tipo". También presentó el decálogo en vivienda aprobado en la región y advirtió de que el gasto sanitario mayor es el farmacéutico. Y demandó un acuerdo de Estado en inmigración.

Las aportaciones del lehendakari, Imanol Pradales, no gravitaron en torno a la financiación, porque Euskadi está fuera del régimen común y tiene un modelo propio, el concierto económico. Pero llegó a la XXVII Conferencia de Presidentes con un acuerdo con el presidente canario, Fernando Clavijo, en materia migratoria. Ambos consensuaron una propuesta para sacar adelante el reparto de menores migrantes que permita aliviar la situación de las comunidades más saturadas.

Los presidentes de Euskadi y Canarias presentan su propuesta de reparto de menores migrantes, una fórmula basada en cinco indicadores y que se aplicaría en un plazo inferior a tres meses

Plantearon Pradales y Clavijo un modelo de distribución mediante una fórmula "novedosa" basada en cinco indicadores: población total, acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años). Este modelo se aplicaría con la "figura jurídica oportuna en un plazo no superior a tres meses" y después se abriría un debate "más sosegado sobre los coeficientes" que deberían aplicarse en el futuro para asegurar la "equidad". También los dos presidentes pidieron reforzar la cooperación con los países de origen, la interlocución con las autoridades españolas y francesas para implementar medidas de gestión de autorizaciones de paso de fronteras y plantear a la Fiscalía que agilice la identificación de las personas sin referentes familiares para poder conocer si son o no menores de edad.

Tampoco la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, quiso participar en el debate sobre financiación porque la comunidad disfruta del régimen foral propio. En vivienda, puso en valor las medidas puestas en marcha allí —la ley navarra impide descalificar vivienda pública y es la comunidad que, por ley, tiene reserva de vivienda protegida en las promociones más elevada—y avaló el anuncio de Sánchez de creación de una empresa pública de vivienda. Sí pidió fondos para llevar adelante las medidas relacionadas con las zonas tensionadas. En materia migratoria, respaldó al Gobierno en su pretensión de que todas las CCAA tengan la obligación legal de acoger a los menores y reclamó la implicación de la Unión Europea porque muchos de estos movimientos migratorios no tienen como destino España.