El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de no tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) del sindicato para que los empleados públicos recuperen íntegras las pagas extra desde 2010, unos 30.000 millones de euros.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal considera que en este caso concurre una "especial trascendencia constitucional" porque el asunto suscitado "pudiera tener unas consecuencias políticas generales".

La mesa del Congreso de Diputados acordó en mayo de 2023 rechazar la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada por CSIF.

La mesa argumentó una posible afectación a materia presupuestaria, una causa, argumenta CSIF, que "no viene configurada en ningún precepto de nuestro ordenamiento como causa que permita pronunciarse a la Mesa del Congreso de Diputados en el sentido de inadmitir la proposición".

La decisión, añade el sindicato, no se ajusta así a las causas legales al efecto establecidas y entraña una vulneración del derecho fundamental de participación.

La iniciativa de CSIF busca derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

El sindicato explica que aún queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces), 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos).

En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones de euros y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones. Esta situación, añaden, se suma a la pérdida global del 20 % del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

CSIF tiene convocadas este lunes movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país para reclamar que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público, además de en defensa de la continuidad del concierto sanitario de Muface.