El Ejecutivo ya está acostumbrado a cambiar parte de sus planes. A mirar a largo plazo y pensar en los retos de la legislatura pero a la vez, atender los fuegos que día a día se le encienden y que no siempre le es sencillo apagar. La presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que reemplacen a los vigentes, los últimos aprobados, los de 2023, es y sigue siendo la prioridad del Gobierno pero ha tenido que ser reprogramada en multitud de ocasiones. La última fecha proporcionada por la Moncloa es la del primer trimestre de 2025. El objetivo es ese, y se va a pelear "hasta el final" la negociación de unas nuevas cuentas públicas, pero a la vez ya se desliza el mensaje de que no disponer de unos nuevos PGE no es un problema para Pedro Sánchez, ni un freno para una economía que está teniendo un buen desempeño. De hecho, antes que el proyecto de ley Hacienda quiere pactar con las comunidades autónomas la condonación de su deuda pública, una medida que se impulsará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero, que anunció el líder socialista el pasado viernes en Santander, en la XXVII Conferencia de Presidentes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, definió las sensaciones del Gabinete como de "optimismo moderado". "Vamos a seguir dialogando con las fuerzas políticas, y desde luego nuestro fin, nuestra actitud, nuestra pretensión es lógicamente poder aprobar esos nuevos Presupuestos para el año 2025", apuntó cuando fue preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Pero ella misma admitió las dificultades evidentes: "Somos perfectamente conscientes de que son negociaciones arduas y complejas pero, como les digo, nosotros no nos vamos a mover de esa perseverancia y también, por qué no decirlo, de ese optimismo moderado".

El actual Presupuesto prorrogado [el de 2023] es de este Gobierno. No es como en otros momentos, con el Gobierno o con otras administraciones, que tenían que prorrogar Presupuestos de ejecutivos de color diferente", justifica Alegría

Pero a continuación Alegría dejó una matización muy relevante: "Yo creo que es también importante recordar que el actual Presupuesto prorrogado [el de 2023] es un Presupuesto de este Gobierno. No es como lo que hemos visto y vivido en otros momentos, ya sea el Gobierno de España o bien otras administraciones, que tenían que prorrogar Presupuestos de ejecutivos de color político diferente". La ministra portavoz reconocía de manera nítida que el plan b —esto es, no sacar unas nuevas cuentas y mantener estiradas las de 2023— tampoco puede ser visto como una hecatombe. El Ejecutivo tiene a su favor que varias CCAA del PP tampoco podrán disponer de nuevas cuentas por el rechazo de Vox a pactarlas.

También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quitaba importancia a la prórroga presupuestaria en una entrevista este martes en La noche en 24 horas (TVE): "Este Gobierno puede operar con ella y puede seguir avanzando en la conquista de derechos, en la aprobación de normas y en la ejecución de inversiones. Dicho esto, es importante aprobar unos Presupuestos, entre otras cosas porque es la forma de trasladar a los ciudadanos dónde están las prioridades de política económica, dónde queremos poner ese dinero".

Más claro aún fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado lunes en un desayuno informativo en Valladolid: "Con prórrogas presupuestarias y modificaciones puntuales se puede gobernar perfectamente. El Presupuesto no me parece condición sine qua non para gobernar. Prueba de ello es que ha habido gobiernos que han estado una legislatura completa con los Presupuestos prorrogados. La señora [Isabel Díaz] Ayuso prorrogó los Presupuestos tres veces en la anterior legislatura, y después obtuvo mayoría absoluta. Soy escéptico con que los Presupuestos sean la clave de un mandato".

Carlos Cuerpo: "Este Gobierno puede operar con una prórroga presupuestaria y puede seguir avanzando en la conquista de derechos, en la aprobación de normas y en la ejecución de inversiones. Dicho esto, es importante aprobar unos Presupuestos"

Meses atrás, el Ejecutivo tiró del mismo argumento para defender su continuidad incluso en el caso de que el proyecto de ley de PGE fuera tumbado por el Congreso. La hemeroteca, justificaban en el equipo de Sánchez, no era un obstáculo. Y es que el presidente anticipó las generales en 2019 después de que la Cámara baja rechazara sus Presupuestos para ese año. Ese patrón, decía la Moncloa con el arranque del curso política, no es válido ahora mismo porque la situación no es comparable, ya que cuando el líder socialista llegó al poder en junio de 2018, a lomos de la moción de censura que ganó a Mariano Rajoy, heredó las cuentas del Gobierno del PP, y el proyecto de 2019 venía a reemplazarlas. Los primeros PGE de Sánchez, no obstante, tardaron en llegar, por la repetición electoral y el estallido de la pandemia: fueron los de 2021.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en los pasillos del Congreso, el pasado 12 de diciembre de 2024. | EFE / FERNANDO VILLAR

Las que siguen en vigor ahora mismo, las que se prorrogarán de manera automática el 31 de diciembre de 2024 y las que continuarán vigentes hasta que no haya unas nuevas, son las cuentas de 2023, las últimas de la pasada legislatura, expansivas, y confeccionadas por el mismo Ejecutivo de Sánchez. Así que alargar su vida no es, para la Moncloa, "ningún drama", como verbaliza un ministro de mucho peso. Pero sí es, al menos por ahora, el plan b, porque como dijo Alegría en la rueda de prensa, la "línea de trabajo" del Gobierno y su "prioridad" es "poder aprobar esos Presupuestos Generales del Estado lo antes posible".

Que no haya nuevos PGE no es "ningún drama", verbaliza un ministro. Pero el 'plan a' es aprobar las cuentas "lo antes posible", como expresa Alegría, que subraya que hay en el Ejecutivo "optimismo moderado"

Fuentes del Ejecutivo insistían en que se trabaja en ese primer escenario, y en que están "contentos" con cómo están evolucionando las conversaciones con los grupos, y especialmente con el socio más complicado de todos, Junts. Pero si la portavoz introdujo ese matiz, si dio aire a la posibilidad de prórroga, fue porque "siempre cabe la posibilidad de la sorpresa", la opción de que los posconvergentes no den su sí. Por ahora, la formación de Carles Puigdemont se mantiene muy dura. Su secretario general, Jordi Turull, aseguraba este fin de semana que no se dan las "condiciones" para comenzar a negociar unos nuevos PGE con Sánchez.

No se dan las "condiciones" para Junts

"No votaríamos a favor de ningún Presupuesto si antes no se acredita que se han cumplido los actuales —sentenció en El Periódico de Catalunya—. Y no pueden acreditarlo porque estamos en un nivel de ejecución por debajo del 50%. Les hemos propuesto medidas para compensarlo: por la vía de un talón o del FLA [Fondo de Liquidez Autonómico]. No ha habido ninguna reunión de Presupuestos ni una nueva propuesta sobre el techo de gasto. Está en punto muerto". También los posconvergentes quieren cerrar ya el traspaso a la Generalitat de la competencia en inmigración, conversaciones que sí reconocen las dos partes que están "avanzadas".

Hacienda convocará en enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como adelantó Sánchez, y con la quita de la deuda inyectará recursos a las CCAA y puede fracturar la posición del PP

En realidad, el diálogo con Junts es constante. El pasado viernes, las dos delegaciones volvieron a Suiza, a su encuentro mensual, y en las últimas horas hablaron sobre la solicitud de cuestión de confianza, por poner dos ejemplos muy recientes. Tanto el Gobierno como el resto de socios de investidura creen que será posible armar y aprobar unos nuevos PGE, pero la seguridad absoluta no la tiene nadie. Todos saben de la importancia de esas cuentas, ya que serían probablemente las únicas que pueda sacar adelante el Ejecutivo en toda la legislatura y las que otorgarían cierta estabilidad a Sánchez. También Podemos mantiene una posición muy dura y recuerda que es clave que se apruebe la prórroga del gravamen a las energéticas, una medida que, hoy por hoy, no tiene los apoyos suficientes por la oposición de PNV y Junts.

Así las cosas, el Gobierno va a intentar poner en marcha una estrategia que asfalte el camino (o lo intente) hacia los PGE. La adelantó el presidente el pasado viernes: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocará para enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para impulsar la negociación de la quita de la deuda. Este era un compromiso que el PSOE firmó con ERC para procurar la investidura de Sánchez hace un año (perdonar a Cataluña 15.000 millones), y que el Ejecutivo quiere dinamizar para cumplir su acuerdo con los republicanos y tranquilizar a su reelegido líder, Oriol Junqueras. La condonación se hará extensiva a todas las CCAA del régimen común pero sobre todo busca complacer a una ERC que sale muy dividida de su cónclave y con un discurso más exigente hacia el Gobierno para no perder músculo en su inacabable guerra con Junts.

Pero el alivio fiscal persigue asimismo fracturar a las comunidades del PP. En la Conferencia de Presidentes de Santander ya se apreció un tono distinto entre las que directamente rechazaban la medida, caso de Madrid, Aragón y Castilla y León, y las que pedían saber la letra pequeña, precisamente porque están más ahogadas por su deuda, como Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía.

Por eso el Gobierno cree que el orden debe ser este: primero, la quita de la deuda, una medida que ayuda a las CCAA y llena sus arcas. Luego, la aprobación de la senda de déficit —"y a ver ahí qué hace la dirección de Alberto Núñez Feijóo, si vuelve a oponerse a lo que votan sus gobiernos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal", dicen desde el Ejecutivo— y finalmente el proyecto de Presupuestos. Un camino todavía largo y con muchas incertidumbres.

En la estrategia de ganar tiempo se inscribe la decisión de la Mesa del Congreso de aplazar la calificación de la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza

En esa estrategia de ir paso a paso y de ganar tiempo se inscribe la decisión de la Mesa del Congreso de aplazar la calificación de la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza. El argumento empleado por PSOE y Sumar en el órgano rector de la Cámara baja, que controlan con su mayoría absoluta, es que el informe de los letrados que abría distintos caminos de respuesta al texto de los posconvergentes —entre ellos, admitirlo a trámite— era "complejo", de mucha "carga jurídica", y necesitaba ser analizado con más calma. Pero lo que compraron los socialistas fue tiempo. La decisión se adoptará en una siguiente reunión de la Mesa, sin fecha, y en todo caso no corre prisa porque el periodo de sesiones comienza en febrero y la proposición de los de Puigdemont no se debatiría hasta finales de ese mes o ya en marzo. "Para febrero, ya estaremos varias pantallas más adelante y se verá si las cosas están encarriladas o no. Estaremos en otro momento procesal para seguir avanzando", indican fuentes del Ejecutivo.

La legislatura no es, no puede ser, tan ordenada como la anterior. Porque la incertidumbre asalta cada día y los planes se complican a veces más de lo esperado.