La última propuesta del Gobierno para salvar el concierto de Muface no ha servido para despejar las dudas sobre el futuro del sistema de asistencia sanitaria para los funcionarios. Entre las principales aseguradoras hay división de posturas respecto a la subida del 33,5% de las primas ofrecidas por el Ejecutivo para la renovación de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Central hasta 2027, con casi 1.000 millones de euros más en tres años respecto al presupuesto actual.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una nueva licitación después de que el anterior concurso quedase desierto el 5 de noviembre por falta de interés de las aseguradoras en los términos económicos que ofrecía el Gobierno. Las actuales prestatarias del servicio -DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas- declinaron concurrir a la licitación. Y, hasta que no se conozcan más detalles de la nueva propuesta, la incógnita se mantiene viva para el 1,5 millones de funcionarios y familiares que se benefician del concierto.

"Aun reconociendo el esfuerzo sobre la anterior licitación, está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta que hemos trasladado a la Administración donde, como siempre hemos venido explicando, nuestro objetivo es dejar de asumir pérdidas", explican fuentes de SegurCaixa Adeslas consultadas por El Independiente.

Además, la compañía también se muestra crítica con la duración del convenio presentado por la Administración. "Es a tres años, cuando, desde el primer momento, hemos reiterado que la nueva licitación debía ser a dos años máximo para evitar imprevistos y costes sobrevenidos, como ha sucedido con el convenio actual con el que hemos tenido una experiencia muy negativa de grandes pérdidas", añaden.

En este sentido, no se cierran a estudiar la propuesta definitiva que plasme en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días el Gobierno. Pero avisan de que su posición "siempre ha sido que el convenio sea sostenible para, al menos, dejar de incrementar las pérdidas tan lesivas que hemos sufrido con este último convenio".

Fuentes de Asisa valoran también "el esfuerzo que ha hecho la Administración para mejorar la financiación de Muface y buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad asistencial, empezar a corregir los desequilibrios de la mutualidad y buscar su sostenibilidad a medio y largo plazo". El 65% de los mutualistas son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

Desde esta aseguradora esperan también a que el Ejecutivo haga públicos los detalles de la licitación "para valorar todos los factores a tener en cuenta y poder tomar una decisión sobre su continuidad en el modelo". Asimismo, expresan que la compañía "siempre ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo con la Administración que garantice la viabilidad y la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo".

Y abundan en que el acuerdo tiene que contemplar no solo los aspectos puramente económicos de la financiación, sino algunos otros desequilibrios relativos a la demografía, las coberturas o la oferta de servicios que ofrecen a los mutualistas.

Frente a la posición del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García (Sumar), dicen que "la pervivencia y la estabilidad del mutualismo administrativo es necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto de Sistema Nacional de Salud (SNS)". "Es la única referencia alternativa al modelo de gestión directa y resulta por ello imprescindible para evaluar las posibles alternativas y reformas que deben abordarse para hacer sostenible la sanidad pública en nuestro país", concluyen.

DKV, por su parte, reclamaba una subida de la prima del 40,6% para ofrecer la cobertura en 2025. Aunque desde la compañía no han realizado comentarios respecto a la última propuesta aprobada este martes. Eso sí, para los funcionarios en el exterior adscritos a Muface, el presupuesto previsto por el Gobierno alcanza los 77,7 millones, frente a los 45,5 millones que había prometido inicialmente para dos años. Este servicio lo opera en exclusiva DKV Internacional.

La cuantía total de la contratación asciende a 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima del 33,5% en tres años.

El Gobierno preparó la nueva licitación convocando consultas preliminares de mercado, para que las aseguradoras justificaran cómo fijan sus precios. "Atendiendo a sus aportaciones, se ha incorporado una novedad al convenio, cambiando la fórmula de cálculo de la prima. Ahora se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes", detallan desde el Ejecutivo.