El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al apreciar cuatro delitos en su actuación en el marco del 'caso Koldo'. El magistrado lo acusa de irregularidades en la adjudicación de los contratos de las mascarillas.

Según informan fuentes jurídicas, Puente entiende que, en este momento, "la constancia de los indicios cualificados" no deja otra opción que imputar a Ábalos por, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Para avanzar en la investigación, considera "imprescindible" recabar la autorización del Congreso para suspender la inmunidad que le corresponde al exministro por ser diputado. Ábalos, tras ser expulsado del Grupo Socialista cuando estalló el caso, se negó a entregar su acta, y se integró en el Grupo Mixto de la Cámara Baja.

Asimismo, el juez explica que a partir de las declaraciones prestadas en el Supremo tanto por el exministro como por su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, así como por los documentos aportados y las pruebas recabadas por las autoridades, hay elementos suficientes para considerar que Ábalos, durante su etapa al frente del Ministerio y utilizando su condición de ministro, pudo determinar la adjudicación de varios contratos de la Administración pública con empresas privadas a cambio de beneficios económicos personales durante la emergencia por la pandemia del Covid-19.

Sobre Aldama, Puente afirma que el empresario, "aprovechando la relación personal" que le unía con Ábalos y Koldo, habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro de material sanitario en favor de su empresa, Soluciones de Gestión. También indica que pudo haber obtenido, "por un procedimiento semejante", la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública.

Respecto del papel de Koldo, el magistrado sostiene, subrayando los "términos indiciarios" en los que está la investigación, que el asesor de Ábalos "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos".

Por otro lado, el instructor considera "indiciariamente justificado" que Ábalos se benefició económicamente del pago del alquiler de la vivienda de su "pareja sentimental" en Madrid, en referencia al piso de Torrespaña, del alquiler con opción a compra de un chalet en Cádiz y de un contrato de alquiler con opción de compra de un piso en el paseo de la Castellana de Madrid, por un precio por debajo de mercado.