Es cuestión de horas. Si nada se tuerce, el acuerdo entre CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios a nivel nacional, para la reducción del límite de jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales hasta las 37,5 horas está pendiente tan solo de un último empujón. Este previsiblemente llegará antes de que acabe la semana, tal y como adelantó la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por el momento, fuentes sindicales se limitan a definir el pacto como "inminente".

Para los propios sindicatos, será un punto y seguido en el camino hacia la tramitación de una medida que tienen como uno de sus principales objetivos desde que esta formó parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Todo se aceleró el pasado otoño. Ante las reticencias de la patronal para alcanzar un acuerdo y la lentitud en el avance de las negociaciones, fueron UGT y CCOO quienes convocaron movilizaciones para exigir la reducción del límite de jornada.

Un par de meses después, la CEOE y Cepyme, en representación de la pequeña y mediana empresa, la más afectada por la introducción de la medida, se levantaron de la mesa de diálogo. El motivo fue que no veían viable la última propuesta del Ejecutivo, que planteaba una reducción paulatina del límite de la jornada desde las 40 horas actuales hasta las 38,5 horas a la semana para, finalmente, alcanzar las 37,5 horas, algo que ya estaba contemplado por otra parte en el propio pacto de Gobierno.

El planteamiento de Trabajo incluía además ayudas directas a la productividad y bonificaciones en las contrataciones precisamente para la pequeña y mediana empresa, así como para los sectores más afectados. La patronal se mantuvo firme en su postura: cuestiones como la jornada laboral deben negociarse convenio a convenio, en el marco de la negociación colectiva. Su idea contrasta con lo defendido por Díaz, que entiende que la reducción del límite de jornada llegará a todos los asalariados o no llegará. La promesa tiene incluso fecha límite de cumplimiento, el 31 de diciembre de 2025, momento en el que la ministra de Trabajo estima que todos los asalariados en empresas privadas de España, unos 13 millones de trabajadores, tendrán como mucho una jornada de 37,5 horas semanales.

Con este ambiente, la ruptura entre Ministerio de Trabajo y sindicatos, por un lado, y patronal, por otro, fue inevitable. "La conclusión es que CEOE y Cepyme, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta. Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución", manifestaron a principios del pasado mes de noviembre los representantes de los empresarios.

Hoy, la patronal se sigue viendo completamente fuera del acuerdo. En declaraciones a El Independiente, fuentes de la CEOE opinan que la negociación nunca fue tal: "No se puede considerar negociación desde el momento en el que el final ya está planteado desde el principio. Se ha dejado claro que va a impactar directamente en muchos convenios colectivos, cuando muchos por ejemplo ya plantean jornadas incluso menores. No se han dado las condiciones para sumarnos al acuerdo. A partir de ahí, habrá que ver cómo legisla el Gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero ellos mismos han cerrado esa puerta".

Sin la parte de la negociación colectiva que representa a los empresarios, la sintonía entre Díaz, abogada laboralista de formación y exmilitante de Izquierda Unida antes de liderar Sumar, y los sindicatos ha tardado poco en dejarse notar. "El tema prioritario es la reducción de jornada", explica también a este medio Fernando Luján, vicesecretario de UGT. Este se muestra esperanzado incluso con que la medida goce de mayoría parlamentaria, algo que hoy está en entredicho principalmente por la negativa de Junts a aprobarla.

"Esperamos que la norma vea la luz en la primavera del año que viene. No nos inquieta. Toda ley es susceptible de negociación en el poder legislativo, eso es algo que conocemos. Lo importante es que salga. Por eso se desplazó Pepe Álvarez a Waterloo a ver a Puigdemont. En la charla les trasladamos nuestras inquietudes, creemos que es positivo mantener estos encuentros", manifiesta Luján, antes de añadir: "Somos muy optimistas porque es un anhelo de la sociedad española en su conjunto y de la sociedad catalana en particular. Entendemos que los representantes del pueblo no pueden permanecer ajenos a lo que el pueblo demanda".

Sin embargo, no está nada claro que estos representantes a los que alude Luján vayan a dar su visto bueno en el parlamento. En un intento por suavizar argumentos y acercar posturas con quienes siguen sin ver la medida con buenos ojos, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se ha desmarcado este miércoles reclamando una reducción de jornada "ambiciosa en su objetivo pero equilibrada en su diseño". Cuerpo ha subrayado que el objetivo es avanzar "lo antes posible" hacia las 37,5 horas, pero partiendo de la base de que el promedio en el sistema productivo está hoy en las 38,3 horas y tomando en cuenta la situación heterogénea que viven distintas empresas de distintos sectores. Con todo y con eso, la tramitación de la reducción del límite de jornada está todavía lejos de estar garantizada. Por ahora, convence a los ya convencidos, pero con eso no basta.