Begoña Gómez habló ayer ante el juez Juan Carlos Peinado, aunque sólo contestó a las preguntas de su abogado, el ex ministro Antonio Camacho.

La clave de este asunto reside en un posible delito de apropiación indebida de un software para cuyo desarrollo diversas empresas invirtieron más de 200.000 euros y que la esposa del presidente del Gobierno registró a nombre de una sociedad de su propiedad (Transforma STC SRLU).

Gómez dirigía en la Universidad Complutense una Cátedra bajo el rimbombante nombre de Transformación Social Competitiva (STC). Su finalidad era formar a pequeñas y medianas empresas para que cumplieran una serie de objetivos de sostenibilidad. El invento de Begoña Gómez, del que ella se siente muy orgullosa, está precisamente en compaginar esos objetivos con la competitividad de las empresas.

El paso siguiente fue el diseño de un software que permitiera a esas pymes cumplir con esos estándares. Para ello, Begoña Gómez recurrió a empresas punteras del sector tecnológico. Como, por ejemplo, Indra, que a través de Indra Business Consulting, gastó en 2022 unos 155.000 euros en el desarrollo de una Plataforma de Medición de Impacto Recurrente, siempre pensando en que esa aportación gratuita serviría para enriquecer la Cátedra de la Universidad Complutense. Por su parte, Google, Telefónica y Deloitte también aportaron su granito de arena (unos 120.000 euros entre las tres).

El posible delito de la esposa del presidente reside en registrar ese software -que nunca se llegó a poner en funcionamiento- a nombre de una empresa suya.

Varias cuestiones a tener en cuenta. La primera de ellas es que la SEPI -dependiente del Ministerio de Hacienda- tiene desde 2022 una participación del 28% en Indra. Es decir, que se trata de una empresa semi pública que realizó trabajos gratis de los que supuestamente podía beneficiarse la esposa del presidente.

Si Begoña Gómez no quería lucrarse, ¿por qué no registró el software a nombre de la Complutense?

Por otro lado, resulta cuando menos indecoroso que la esposa del presidente haga gestiones ante los máximos ejecutivos de empresas como Telefónica y Google para financiar un proyecto en el que ella estaba involucrada.

La defensa de Camacho, y sobre esa base organizó el interrogatorio a su defendida, es que Begoña Gómez no quiso lucrarse con ese software. Sin embargo, no hay una explicación razonable a por qué lo registró a su nombre, y no lo cedió a la Universidad Complutense.

La segunda línea de defensa de Camacho es que el software nunca se puso en funcionamiento. Es decir, que como no se rentabilizó, no hay delito. Pero, ¿qué hubiera sucedido si, en lugar de descubrirse el pastel, el software se hubiera puesto en marcha? ¿Quién se hubiera beneficiado de su uso?

En el caso de Begoña Gómez, y eso es muy significativo, existe una confusión entre lo público y lo privado. Entre lo que debe y no debe hacer la esposa del presidente. No es lo mismo que la profesión de Gómez fuera la de médico o ingeniero -para lo que su calidad de esposa del presidente no le aportaría nada-, que dedicarse a la captación de fondos, cosa en la que sí es relevante quién pide el dinero.

Pero Gómez no sólo no dejó en suspenso su actividad como captadora de fondos cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, sino que utilizó la Moncloa como su oficina particular. No es baladí que fuera en el palacio presidencial donde recibiera al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Como tampoco es asunto menor que Gómez utilizara a una funcionaria de Presidencia, María Cristina Álvarez, para que hiciera funciones de asistente en su actividad profesional. Por cierto, Álvarez está citada mañana como testigo en esta causa.

La investigación se encuentra en sus inicios, y el juez Peinado instó ayer a la UCO a llevar a cabo un rastreo sobre todas las cuentas de la esposa del presidente. Veremos a ver dónde nos lleva ese hilo.

Lo que convierte a este caso en relevante no es tanto el hecho de que, por imprudencia, Begoña Gómez sobrepasara la línea entre lo que debe y no debe hacer la esposa del presidente, sino que Sánchez lo convirtió en el eje de su mandato. Por este caso dejó al país en suspense durante cinco días en los que se dedicó a meditar sobre si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno. Por este caso también, el presidente y sus ministros iniciaron una campaña de linchamiento contra los jueces y la prensa.

Es Sánchez el que ha hecho de Begoña Gómez un asunto de Estado. En lugar de reconocer su error, decidió arrasar con todo y crispar la legislatura mucho más de lo que ya lo estaba. Es un error de soberbia. Esos errores se pagan caros.