Es una suerte de red de emergencia, un ‘equipo de guardia’ que permitirá resolver necesidades extremas de energía en el país y que el sistema actual tendría dificultades de garantizar. El suministro en condiciones de alta demanda por diversas circunstancias, -las meteorológicas, las emergencias a gran escala o de cualquier otro tipo- era una asignatura pendiente que ahora el Gobierno quiere apuntalar de cara al futuro. El llamado “mercado de capacidad” diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aspira a blindar el suministro energético en cualquier situación.

La fórmula pasa por habilitar a centrales energéticas con mayor capacidad que la que su demanda actual les requiere para ‘activarlas’ si fuera necesario. Además, se contempla el desarrollo de soluciones de almacenamiento energético. El tercer pilar del sistema ‘antiapagones’ pasa por invitar a compañías electrointensivas o con consumos significativos a que se presten a adecuar su consumo energético en momentos de alta tensión del sistema. El mecanismo se basa en un compromiso voluntario para responder a las necesidades extraordinarias que requiera Red Eléctrica, operador del sistema, para satisfacer la necesidad energética. Esta disponibilidad para ser ‘activados’ en cualquier momento será remunerada.

Actualmente el sistema eléctrico español está obligado a ajustar la generación de energía a la demanda. El margen entre una y otra es limitado y en situaciones de emergencia el tensionamiento de toda la red es elevado. Por ello, el Ejecutivo quiere crear un “mercado de capacidad” con el que mejorar la flexibilidad y la firmeza del sistema y prepararlo para dar respuesta en situaciones extremas.

Este nuevo mercado dará la posibilidad a centrales energéticas en desuso o cuya actividad se ha reducida en los últimos años por la irrupción de nuevas energías renovables, haciéndolas menos rentables, a ofrecer sus servicios para entrar en acción en caso de necesidad. Esta disponibilidad mejorará su rentabilidad. Pueden ser centrales de gas, de ciclo combinado, eólicas, hidroeléctricas o de cualquier otro tipo que actualmente no estén a pleno uso, en muchos casos por la menor demanda del tipo de energía que generan. A ellas podrán sumarse fábricas o grandes complejos que tengan capacidad para reducir su carga de actividad, si fuera necesario, y con ella su consumo energético.

Disponibilidad para "entrar en acción"

Este mecanismo de emergencia se consideraba hasta diciembre del año pasado como una opción “temporal”. La reforma energética de la Unión Europea de finales del año pasado eliminó la condición de temporales de estos ‘mercados de capacidad’ con los que cuentan una decena de países europeos.

En este nuevo mercado tendrán protagonismo instalaciones que, pese a operar cada vez menos horas, siguen siendo necesarias para el conjunto del sistema. A las que opten por formar parte de él se les exigirá la producción de energía con limitaciones de emisiones contaminantes. A los nuevos proyectos que se puedan impulsar se les obligará a trabajar con energías renovables, sistemas de almacenamiento o a compromisos de reducción de demanda.

Quienes quieran optar a estar disponibles para dotar de mayor fortaleza y firmeza al sistema cuando sea necesario - y recibir un pago por ello- deberán concurrir a ser elegidos en las sucesivas subastas de potencia que se lleven a cabo. En la propuesta del ministerio se contemplan tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y las necesidades de potencia a cinco años vista. La subasta principal estará dirigida a instalaciones energéticas ya existentes y a nuevos proyectos de energías renovables, almacenamiento o de reducción de demanda. Las subastas serán anuales y la duración del compromiso será de, al menos, un año para las instalaciones ya existentes y de hasta 15 años para nuevas inversiones.

Subastas y remuneración

El segundo tipo de subastas que incluye el proyecto ministerial –sometido a alegaciones hasta el próximo 29 de enero- por las que se podrá pujar serán las de carácter anual. Están diseñadas para resolver situaciones coyunturales y requerirán un compromiso de aporte energético de menor capacidad. El periodo comprometido será de un año. Finalmente, se establece una subasta “transitoria” que abarca garantizar la firmeza del sistema eléctrico hasta la prestación del servicio a largo plazo otorgado en las subastas principales.    

El coste de este nuevo mercado tendrá efectos en la factura de los consumidores. Los grandes y los domésticos. Fuentes del Ministerio aseguran que no será un impacto significativo. Irá en la misma estructura de peajes actuales que ya aparece en las facturas energéticas y su pago, como el resto de conceptos, estará condicionada al grado de tensionamiento en el sistema que produzca uno u otro tipo de consumo.

Recuerdan que este tipo de iniciativas deben respetar la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de electricidad. El coste por ahora no está estimado, dependerá de las necesidades que se determinen en cada momento y por cada tipo de energía. El Ejecutivo recuerda que un ‘mercado de capacidad’ es menos costoso que la construcción de nuevas centrales con las que asegurar el suministro.