Han sido dos años de vida… impositiva. Un periodo de pulso y tirantez entre el Ejecutivo y las grandes compañías de energía de nuestro país. Un tiempo especialmente rentable para las arcas del Estado, no tanto para las grandes energéticas que han tenido que pagar 2.800 millones de euros en concepto de gravamen sobre su facturación. Desde ayer, la secuencia parece abocada a ser más pasado que futuro. Lo que nació el 2023 para ser ‘temporal’ y que debía cesar el 31 de diciembre de este año quizá se prolongue un mes más en 2025 aunque parece muy complicado que pueda ir más allá. Pero, ¿ha muerto realmente el gravamen a las energéticas?

Por ahora las grandes compañías prefieren esperar para celebrarlo. El lunes el Gobierno moverá ficha en el Consejo de Ministros tras el revés de ayer en el Congreso y prefieren esperar a leer la letra pequeña de lo que pueda aprobar. Está previsto que dé luz verde a un nuevo decreto –diferente al que pretendía prorrogar y que la Cámara ha tumbado- con el que se pueda seguir gravando a las compañías energéticas. Es lo que había prometido a Bildu, Podemos, Sumar y ERC. Pero el decreto con el nuevo gravamen que plantee deberá ser convalidado antes de un mes y no parece que contará con el apoyo suficiente en el Congreso. Además, se tendrá que ajustar su aval jurídico de modo preciso.

El PNV ya ha anunciado que no aceptará ningún tipo de gravamen. Tampoco que se aprueben impuestos nuevos para sumarlos a los que ya pagan las compañías energéticas. La formación nacionalista ha señalado que, como mucho, podría contemplar estudiar una reforma del Impuesto de Sociedades que reconsidere cómo tributan los beneficios de las grandes empresas. Los de Andoni Ortuzar no quieren “parches” y prefieren situarse del lado de las grandes compañías que en el País Vasco tiene un peso muy relevante. Empresas como Iberdrola o Petronor (Repsol) figuran como las principales contribuyentes a las haciendas vascas.

"Perseguir la descarbonización"

Tampoco Junts está por la labor de poner las cosas fáciles al Gobierno en esta cuestión. Al contrario que los nacionalistas vascos, en Cataluña no tendrían la posibilidad de concertar un posible nuevo impuesto, por lo que todo parece abocado al fracaso y a que la presión sobre las energéticas por esta vía llegue, por ahora, a un callejón sin salida.

Ambos partidos nacionalistas insisten en que no tiene sentido mantener la presión sobre las grandes compañías energéticas, con importantes proyectos en inversiones en Cataluña y Euskadi y que habían dejado en el aire. Reiteran que se está poniendo en riesgo inversiones y empleos. Sin ambas formaciones, el Gobierno tiene muy difícil ver cumplida su aspiración de mantener en 2025 algo similar al gravamen que ha venido aplicando y recaudando en 2023 y 2024.

Durante la negociación el PNV insistió en que prorrogar una medida así sólo la contemplaría si se hacía vía proyecto ley y en forma de impuesto, no de gravamen. En el primer caso se podría concertar y de acuerdo al régimen foral vasco las haciendas vascas podrían modular su aplicación y bonificación. Pero esta fórmula no tiene cabida en Cataluña y a Junts, contraria a su prórroga, tampoco le satisfacía.

Ayer las compañías energéticas preferían optar por la prudencia. La patronal AELEC, que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, recordaba que este gravamen penaliza a un sector clave y “contradice los fines proclamados por la política energética”: “Si se persigue la descarbonización no puede penalizarse la herramienta más útil para conseguirla, que es la electrificación”. Advertía de que además de ser “inconsistente con la normativa europea” fomenta la “pérdida de competitividad” del sector español al competir con energéticas que no deben hacer frente a este tipo de cargas.

El varapalo del no al impuesto al diésel

El sector energético ya había alertado del riesgo que suponía mantener un gravamen como el que venían soportando desde 2023. Consideraban que hacer permanente algo que inicialmente era temporal ahuyentaría inversiones, generaría inseguridad jurídica y penalizaría la rentabilidad del sector y con ello, su capacidad de inversión. Además, podría afectar a los procesos de descarbonización en marcha, al obligar a redefinir estrategias a largo plazo al tener que incorporar en ellas el pago de este gravamen a futuro.

Pero sin duda, el varapalo más severo que ayer recibió el Gobierno fue no sacar adelante el impuesto al diésel. El PP emitió una nota en la que cifraba en 6.500 millones de euros el descenso de recaudación en impuestos que suponen las enmiendas aprobadas este jueves, “unos 350 euros menos por familia”. Se felicitaba de que los consumidores se ahorrarán cinco euros cada vez que llenen su depósito al no poderse aplicar la recarga impositiva que preveía el Ejecutivo “o que los que tenían un seguro no tengan que pagar una prima extra”.

Los populares señalaban que se han asegurado así inversiones que podían estar en peligro por la advertencia de las energéticas de llevarse proyectos a otros países. Iniciativas que estaban en peligro en País Vasco, Andalucía o Cataluña.