Fumata blanca, por ahora. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y los sindicatos mayoritarios a nivel nacional, representados por UGT y CCOO, han firmado este viernes el acuerdo para la reducción del límite de jornada laboral de las 40 horas actuales a las 37 horas y media.
El acuerdo, sin embargo, no cuenta con el visto bueno de la patronal. CEOE y Cepyme se levantaron hace un mes de la mesa de negociaciones al entender que la última oferta del Ejecutivo, que incluía ayudas para las pequeñas y medianas empresas y una reducción de jornada más paulatina, resultaba demasiado inflexible.
No es el único obstáculo que tendrá que superar la medida. La principal dificultad para su puesta en marcha radica en que necesita aprobación parlamentaria, donde el Gobierno debe convencer sobre todo a PNV y, sobre todo, a Junts. Una vez aprobada, el acuerdo contempla que el límite de jornada entre en vigor de manera obligatoria en 2026.
"Después de 40 años de democracia, hoy firmamos por primera vez junto a CCOO y UGT un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5h sin reducción salarial. Hoy somos un país más justo, más democrático y más feliz", ha expresado en sus redes sociales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En el acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo, Díaz ha resaltado por otro lado que este "es un momento de altura histórica" y ha subrayado que esta rebaja del tiempo de trabajo afectará directamente a 12 millones de trabajadores que tienen una jornada superior a las 37,5 horas, también a los trabajadores a tiempo parcial, a los que "se les van a incrementar sus derechos y sus salarios".
"No es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país (...) Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. Nos propusimos luchar contra la precariedad laboral en la legislatura pasada y lo hemos conseguido. Nos dijeron que era imposible reducir la jornada laboral y aquí estamos, lo vamos a hacer", ha destacado Díaz, que ha remarcado que por medidas como ésta merece la pena "partirse la cara en política".
La vicepresidenta segunda ha comentado además que con este acuerdo "se salda una deuda" con los trabajadores, porque "trabajar menos no puede ser solo una prerrogativa de la gente de la banca, de las consultorías, de los tres millones de empleados públicos o de las grandes empresas".
Díaz ha asegurado que la norma saldrá este viernes a consulta pública "para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y en el Senado", a fin de que "antes de acabar el año 2025 quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día".
Junto a la rebaja de jornada sin recorte salarial, esta reforma del tiempo de trabajo contemplará además el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y la mejora del registro horario.
Sobre este último punto, Díaz ha explicado que se establecerá un registro horario telemático al que pueda acceder en remoto la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumplen las jornadas establecidas.
"Será un registro de jornada digital y fiable para garantizar la transparencia, prevenir abusos y directamente la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuál es la jornada que hacen los trabajadores", ha señalado la ministra.
El acuerdo contempla sanciones individualizadas a las empresas que incumplan con la jornada estipulada. "Antes era una sanción única por la empresa, bastante barato, por cierto, pues ahora va a ser por cada trabajador afectado", ha proclamado Díaz.
Por su parte, Unai Sordo, el secretario general de CCOO, ha manifestado: “Hoy es un día significativo para las personas trabajadoras porque se cierra una negociación que ha ocupado gran parte de este año y que modifica la jornada máxima legal de trabajo por primera vez desde 1983”.
En este sentido, ha destacado la importancia de esta modificación, “que busca no solo mejorar las condiciones laborales, sino también abordar la complejidad social y económica que rodea la jornada laboral”. Sin embargo, Sordo ha advertido de que la reducción debe ir acompañada de la garantía de que no habrá reducción salarial, asegurando así que “las condiciones de trabajo no se vean comprometidas”.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha recalcado la importancia de retomar las negociaciones en el parlamento y ha pedido a la contraparte en estas negociaciones que expliquen su postura: "Un diálogo que permita explicarnos y que les permita a ellos explicar a la ciudadanía qué es lo que opinan y cuáles son sus posiciones, pero a partir de ahora vamos a ser muy exigentes en las argumentaciones y esperamos argumentaciones rigurosas, porque estamos escuchando tal cantidad de argumentos sin rigor que o hay una ignorancia importante en relación con el sistema de relaciones laborales, o hay muy mala fe y un intento de confundir a la ciudadanía”.
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