"Este tipo es un corrupto y un dictador. Y tanto él como su mujer, como su entorno político van a ir pa´lante". No hace falta complicarse mucho la cabeza para averiguar que la autoría de este mensaje en X -ilustrado con un vídeo de la última rueda de prensa de Pedro Sánchez- recae en el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, embarcado en una cruzada personal desde que la pareja de la presidenta autonómica, Alberto González Amador, salió en los papeles a cuenta de sus problemas con la Hacienda Pública y tras admitir un doble fraude fiscal.

El que fuera secretario de Estado para la Comunicación en el primer gobierno de José María Aznar reaccionaba así al informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el volcado de los teléfonos móviles del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Dicho informe, conocido el pasado jueves, deparó muchas sorpresas y todas gratas a decir del entorno de Ayuso.

La Puerta del Sol, donde dentro de diez días sonarán la campanadas del Año Nuevo, está revolucionada tanto tras conocerse el contenido del móvil de Lobato, como la ausencia de todo contenido en el terminal telefónico del fiscal general. En el primer caso, las pesquisas de la UCO siguen tirando por elevación. Si en un principio parecía que todo se circunscribía a los tratos de Lobato con Pilar Sánchez Acera, compañera del partido en Madrid, pero también jefa de gabinete del entonces jefe de gabinete de Sánchez y hoy ministro de Transformación Digital, Óscar López, ahora entran en liza los nombres del que fuera secretario de Estado para la Comunicación, Francesc Vallés, de su sucesor y ya ex dircom de Ferraz, Ion Antolín, y de la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

"Esto se llama ocultación de pruebas"

La noticia pilló a Ayuso y a Rodríguez a la hora de almuerzo, y apenas habían asimilado su contenido cuando saltó a los medios otro hecho mucho más sorprendente: la UCO no había encontrado ni un solo mensaje en el móvil de García Ortiz de entre los días 8 y 14 de marzo, periodo en el que, supuestamente, se filtró la información sobre los tratos de González Amador con la fiscalía. "Esto se llama ocultación de pruebas", subrayan en el entorno de Díaz Ayuso. Un delito, afirman, doblemente doloso viniendo precisamente de un fiscal. Por ello se preguntan "cómo es posible que sigan en sus puestos Pedro Sánchez, el fiscal general y el ministro López".

No es la primera vez que Rodríguez augura un sombrío futuro judicial al presidente del Gobierno y a su esposa, Begoña Gómez, tampoco al fiscal general del Estado y a algún otro ministro y dirigente socialista. De ahí que Sánchez acusara recientemente a los populares de jugar "con las cartas marcadas", de manejar información privilegiada de los tribunales, sobre todo en la causa que se sigue en el Supremo por presunta revelación de información confidencial de los tratos del abogado de González Amador con la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales de su cliente.

La UCO confirma, dicen en Sol, una "operación de mafiosa con todos los instrumentos del Estado"

Pero los populares consideran que el "contundente" informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, confirma todo lo que viene denunciando la presidenta autonómica desde que comenzó a hablarse de los problemas con el fisco de su pareja, esto es, que "existe una operación de carácter mafioso con todos los instrumentos del Estado" para intentar destruirla políticamente. Y, ya de paso, aligerar la carga mediática del proceso judicial que se sigue contra Begoña Gómez, imputada por cuatro delitos. Por ello en presidencia de la Comunidad de Madrid puntualizan que "nos da igual quién es el secretario de Estado, el jefe de gabinete o el director de comunicación. El responsable último de todo ello es Pedro Sánchez".

Cuando se produjeron las primeras revelaciones sobre González Amador, "la presidenta estaba muy, muy nerviosa", admiten fuentes de Sol. Si en un principio muchos de su equipo la aplaudieron por salir en defensa de su pareja, conforme pasaban las semanas ese convencimiento se iba diluyendo. Mientras tanto Rodríguez "se ha inmolado" en esta causa, aplazando muy probablemente una salida voluntaria que prácticamente se daba por segura tras la mayoría absoluta de las autonómicas de mayo.

Ayuso denuncia una estrategia de "régimen bolivariano"

Ayuso, fiel a su estilo, se despachó el viernes contra el inquilino de la Moncloa. Tras asegurar que éste había "enloquecido", le reprochó que, desde Bruselas, aplaudiera "una operación de Estado contra un rival político", ella misma, y que el fiscal general "borrara pruebas" de la presunta comisión de "graves delitos". Además, "se ríe de la Guardia Civil", que es la que procedió al volcado del móvil de García Ortiz. La presidenta autonómica habló asimismo de la implicación de "altos cargos de Moncloa y de Ferraz en esta operación", en una estrategia propia de "un régimen bolivariano".

Las espadas están en todo lo alto y a esta historia todavía le quedan muchos capítulos, entre otros, el acto de conciliación al que está convocado el presidente del Gobierno el 12 de febrero tras la demanda presentada por la pareja de Ayuso al considerar vulnerado su derecho al honor. Bien es cierto que el jefe del Ejecutivo no tiene porqué acudir en persona, incluso podría negarse a dicho acto de conciliación, pero ello abriría la puerta a que González Amador acuda a la vía penal con una querella por injurias y calumnias y ya ha dado sobradas muestras de su intención de ir hasta el final.