Si hay una idea que ha calado en el conjunto de la sociedad española en 2024 es la convicción de que la respuesta política ante la DANA que asoló varios municipios ubicados al sur de Valencia fue tardía, ineficaz y negligente. Mientras que la acción civil fue inmediata, solidaria y encomiable, los responsables de velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos y de dirigir las instituciones del Estado, enfrascados en cálculos políticos y enmarañados en procedimientos administrativos estériles, no supieron apreciar la magnitud de lo que estaba por venir aquella fatídica noche del 29 de octubre.

Después de la tragedia, tampoco tuvieron la capacidad de desplegar sobre el terreno ayuda inmediata, o de establecer canales de comunicación fluídos para tranquilizar e informar a la población. No hubo una respuesta unitaria. Reinó el caos, la descoordinación y la desinformación. Falló todo. Las inundaciones, según las últimas cifras oficiales, provocaron la muerte de 231 personas -223 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía-. Más de 37.000 tuvieron que ser rescatadas, y aún hay cuatro desaparecidos.

"Nos han dejado abandonados". Era la frase que más se escuchaba entre los vecinos de las localidades que peor paradas resultaron tras la DANA. Casi tan incrédulos como indignados, relataban cómo, durante tres días, estuvieron solos, sumidos en el silencio, con sus pueblos destrozados annegados en barro, ayudados únicamente por los vecinos y las personas que se desplazaron desde toda España. Hubo gente que convivió varios días con los cadáveres de sus familiares.

La sensación de orfandad derivó en indignación durante la visita de los reyes a Paiporta el 3 de noviembre, de donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir escoltado mientras Felipe VI y Letizia Ortiz se quedaron escuchando los gritos y lamentos de los vecinos allí presentes. A partir de ese momento, la apariencia de cordialidad que habían mantenido el Gobierno central y el Ejecutivo valenciano se quebró, y comenzaron los reproches mútuos, que duran hasta hoy.

El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, culpa a la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar de no haber aportado la información necesaria durante la tarde del 29 de octubre. Sostiene que, ese día, falló el sistema en su conjunto. Por su parte, el Gobierno pone la responsabilidad sobre el president, al que acusa de no haber actuado como debería cuando estaba avisado.

Un militar para la reconstrucción de Valencia

"Yo me quedé en Paiporta. Otros no". Después de que Mazón pronunciara estas palabras el pasado jueves en las Cortes Valencianas la tensión se incrementó tanto que la presidenta de la Cámara suspendió la sesión durante quince minutos. El papel del político del Partido Popular ha sido muy cuestionado. Ha habido dos manifestaciones en su contra, y el próximo día 29 hay convocada otra. Se negó a dimitir después de conocerse que, durante las horas que precedieron a la catástrofe, estuvo comiendo con una periodista hasta las seis de la tarde, cuando ya había localidades inundadas.

Mazón resistió la presión y aguantó en el cargo. Sí cesó a la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que tenía las competencias de Emergencias durante el día de la DANA, después de que reconociera no saber que existía el sistema de alertas ES-Alert, que permite enviar avisos a los móviles en caso de emergencia. Aunque luego rectificó, y trató de atribuir la responsabilidad de que éstos se enviaran cuando el agua ya había arrasado varios muncipios al Ministerio de Transición Ecológica, ya era tarde. También fue destituida Nuria Montes, la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, tras realizar unas declaraciones en la televisión en las que, empleando un tono desafortunado, aseguró que era "muy importante" que se supiera que no se iba a permitir el acceso de familiares a la zona donde estaban custodiados los fallecidos, y que tenían que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado.

Por otro lado, hace un mes, el presidente popular anunció la creación de una nueva cartera dentro de su Gobierno, la vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social, en la que puso al frente al teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols. El jueves, Mazón sacó pecho de la gestión de su gobierno: "Llegamos a Navidad con el 100% de las carreteras restituidas, el 100% de los 48.000 alumnos de zonas afectadas en clase, el 100% de las 123 depuradoras dañadas restablecidas, el 100% de los 57 centros de salud reabiertos, el 80% del tranvía y el metro funcionando absolutamente". El viernes, sin embargo, el militar explicó que estima que se tardará un año en volver a la situación previa a la DANA en los municipios más afectados.

Las ayudas se demoran

El Gobierno ha aprobado en el Congreso tres paquetes de ayuda, pero lo cierto es que las promesas anunciadas desde las tribunas parlamentarias no se han transformado en hechos. O, al menos, no con la celeridad deseada. Así lo muestran numerosos testimonios recogidos en la prensa que aseguran haber recibido antes ayudas directas por parte de particulares que del Estado. La devastación económica es sobrecogedora. La Cámara de Comercio de Valencia calcula que la DANA ha dejado 129.000 vehículos destrozados, 69.000 viviendas dañadas y 57 polígonos industriales afectados en una zona que concentra el 36% de las empresas de la provincia. 15 municipios de la 'zona cero' representan el 8% del Productor Interior Bruto del empleo de la provincia, donde hay 30.200 trabajadores en situación de expediente temporal de empleo por fuerza mayor.

La Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia criticó el viernes la "grave situación de ralentización" del pago de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, y reclamó "medidas urgentes" para dar una solución. Según este organismo, los datos del último informe del Consorcio reflejan que solo el 6,3% de las solicitudes de indemnización han sido resueltas, "un retraso que imposibilita que los establecimientos puedan iniciar obras de reparación, reponer inventarios o adquirir equipamientos necesarios para retomar su actividad", subrayan.

El Gobierno valenciano ha reclamado 31.402 millones de euros para la recuperación al Ejecutivo central -que, según los números oficiales, ha movilizado 16.600- y cifra en 1.050 millones los que lleva destinados a la reparación de infraestructuras, a la retirada de 350.000 toneladas de residuos o a las ayudas directas. Mazón sostiene que su gobierno ha abonado más de 14.000 ayudas a familias, mientras que el central no ha concedido ni 900. Ayer, sin ir más lejos, la Generalitat denunció que el Gobierno ha dejado sin ayudas a 80.000 afectados que residen en 28 municipios que no aparecen en el Decreto-ley del pasado 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a la riada.

'DANA', palabra del año

En todo caso, el daño ya está hecho. Si algo ha evidenciado esta catástrofe natural han sido los fallos que hay en el sistema a la hora de dar una respuesta a un acontecimiento de estas características. En su último barómetro, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el 82% de los españoles cree que se deberían destinar más recursos a los organismos dedicados a hacer frente a fenómenos como la DANA, que ha sido designada por la Fundéu como la palabra del año.

La desconfianza entre la sociedad civil y la clase política es generalizada. En un barómetro especial del CIS realizado en diciembre en la Comunidad Valenciana, una de las preguntas es la siguiente: "De las siguientes emociones que voy a leerle dígame las tres que ha experimentado con mayor intensidad al conocer las consecuencias materiales, económicas o personales de esta DANA". La respuesta: "Impotencia, rabia, solidaridad".