El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que siga indagando en las comunicaciones del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que se encontraran que todos sus mensajes habían sido borrados, en el marco de la causa por revelación de secretos que denunció el novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado ha pedido que se busque en el código del teléfono para saber si el que se ha analizado fue el que García Ortiz utilizó la noche de los hechos o existen dispositivos adicionales.

En concreto, el instructor solicita "números de teléfono e IMS/IMEI asociados de las tarjetas" que se encontraron en los dispositivos cuando registraron el despacho de García Ortiz. También pide "la titularidad asociada a estos números de teléfono". Se trata de una suerte de DNI que tienen todos los móviles y que identifica al aparato de forma exclusiva, lo que consigue que la operadora conozca a quién se llama y desde qué terminal.

Según fuentes jurídicas, esta diligencia podría ayudar a esclarecer si el móvil que la UCO volcó para que fuera analizado fue el mismo que el fiscal general utilizó la noche del 13 de marzo en la que se filtraron los mails internos de la causa que la Fiscalía sigue contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular, ha solicitado esta misma mañana que se impute al jefe del Ministerio Público por dos nuevos delitos: apoderamiento ilícito de información y prevaricación.

En un nuevo escrito dirigido al Supremo, la asociación requiere que se cite a declarar al fiscal ya (a quien todavía no se le ha escuchado) y que se requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía que aporte "los protocolos de borrado de datos que existen en terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole". Asimismo, que se busque en el "listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles" de él y de su subordinada y jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también está siendo investigada.

La asociación, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas, sostiene que del informe de la UCO relativo a Rodríguez "se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado", en referencia a García Ortiz.