Un condenado a muerte en Arizona ha pedido al Tribunal Supremo estatal que lo ejecute el próximo mes, antes de lo planificado y pese a que las autoridades del estado están revisando si deberían seguir aplicando este tipo de penas tras varias muertes dramáticas por inyección letal, que han evidenciado las dificultades para acceder a fármacos que garanticen una ejecución digna. Aaron Gunches, de 53 años, fue condenado en 2008 por matar al exmarido de la que entonces era su novia y ya pidió hace años al mismo tribunal que dejase de lado las formalidades legales que estaban impidiendo que su ejecución tuviese lugar.

“Esta sentencia se ha retrasado largamente y no debería retrasarse más”, ha escrito en su nueva carta, remitida al Supremo estatal a finales de diciembre. “Permitan que se cumplan las leyes de Arizona y que se haga justicia”. Gunches lleva años intentando que por fin se cumpla su sentencia, y, de conseguirlo, convertiría en el preso estadounidense número 167 en lograr que se adelante su propia ejecución, al menos desde que se tienen registros (1977). El 87% de los reos que piden estos adelantos presentan alguna enfermedad mental, abuso de sustancias o ambos.

Arizona lleva sin ejecutar a ningún preso desde 2023, cuando la gobernadora demócrata Katie Hobbs fue elegida y ordenó revisar la pena de muerte en el estado. Los expertos opinan que tal y como se está ejecutando a presos en Arizona, con la inyección letal, los presos sufren de forma habitual “muertes tortuosas” por el uso de barbitúricos, y eso no cambia por mucho que un reo insista en ser ejecutado. Actualmente hay 111 presos en el corredor de la muerte del estado sureño, que ha paralizado y vuelto a activar las ejecuciones dos veces en la última década. Ahora, hace casi dos años que Arizona paró el uso de la pena de muerte hasta que revisase los procesos implicados.

Así, si Gunches consigue ser ejecutado sería el primer preso en morir a manos del estado después del mencionado parón. El condenado se declaró culpable de secuestrar y asesinar a Ted Price, exmarido de su novia, en 2002, después de que los divorciados hubiesen discutido. Gunches disparó a Price cuatro veces después de llevarlo en coche a las afueras de Mesa, la ciudad donde vivía. Lleva 16 años en el corredor de la muerte, puesto que fue condenado por primera vez en 2008, aunque después apeló.

Ya en 2022 Gunches pidió por carta que se cumpliese su condena, insistiendo en que ya se había ofrecido “voluntario” para ello y quejándose de que seguía en el “limbo” años después. Asimismo, tal y como también hizo hace unos días, en su misiva pedía justicia para la familia afectada por el asesinato, recalcando con esas palabras que debía ser ejecutado para “que se haga justicia y cierre este episodio de las familias de la víctima”. Un año después, cuando la fiscal general de Arizona Kristin Mayes fue elegida, el preso cambió de opinión, esperanzado al saber que Mayes quería parar las ejecuciones de nuevo. Sin embargo, ahora ha vuelto a escoger la muerte.

Pero la larga espera que el asesino confeso atraviesa difícilmente podrá verse interrumpida por su carta. Desde que Arizona vivió la muerte agónica de Joseph Wood, que boqueó durante dos horas después de haber recibido una inyección letal en 2014, el estado paralizó las ejecuciones durante ocho años, en un intento de revisar sus propios procedimientos de pena de muerte para garantizar una muerte más digna.

La ejecución de Gunches se retrasó de nuevo porque el pasado noviembre la gobernadora Hobbs destituyó al juez David Duncan, al que había encargado analizar la pena de muerte en el estado, después de que concluyera en un borrador de su informe que “no se podía confiar” en la inyección letal, que era “inaceptable” porque daba lugar a “errores”. Aseguraba que se había encontrado importantes incompetentes entre los funcionarios de prisiones, y citaba a un equipo de ejecución que buscó la noche de antes en la Wikipedia las dosis de medicamentos que debían utilizar, o a otros que habían recibido 20.000 dólares en efectivo, por lo que pidió las facturas de esos pagos.

“Ningún juzgado ha escuchado nunca sobre la vida de Aaron Gunches, sus experiencias, nada sobre su infancia, salud física y mental o sus traumas, pruebas que el Tribunal Supremo ha dicho que son fundamentales para que una condena de muerte sea constitucional”, argumenta el Death Penalty Information Center en una nota distribuida tras conocerse la noticia del reo. “Un reciente análisis del DPI muestra que de los 166 individuos que se han ofrecido voluntariamente para ser ejecutados en el último medio siglo, el 87% sufrían enfermedades mentales, abuso de drogas o ambos (...). De hecho, el análisis muestra que la “ratio de voluntarios” es casi idéntica a la de suicidios en el corredor de la muerte, y unas diez veces superior a la ratio de suicidios entre el público general”.

Más allá del aspecto legal de la ejecución del preso en cuestión, el centro especializado en pena de muerte recuerda que Arizona ha demostrado de sobra que no es capaz de llevar a cabo ejecuciones que cumplan con los mínimos legales. Y recuerda que una revisión reciente de todas las autopsias de todos los ejecutados en el estado demostró que los pulmones de los prisioneros eran entre dos y tres veces más pesados que los de una persona normal, lo que demostraba que se habían ahogado “provocándoles pánico y terror” tras recibir la famosa inyección.