Mientras el foco mediático está puesto en la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, de su hermano, de un exministro de Transportes o del fiscal general del Estado, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se va cociendo a fuego lento una nueva batalla que empieza a ser visible en el exterior. Desde que lograran nombrar a la presidenta del órgano y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, los vocales se sumieron en una convivencia pacífica para tratar de devolver al Consejo el rédito que creían que había perdido. Pero una nueva negociación por los nombramientos de las cúpulas judiciales amenaza con desatar de nuevo la guerra interna.

"Se convocó una reunión para negociar [la semana pasada] y ellos no aparecieron", explica una fuente del lado progresista. "Eso no fue así. Ellos se reunieron con su grupo y nosotros con el nuestro. Después se hizo tarde y no pudimos vernos", refleja otra del lado conservador. La realidad es que desde diciembre las negociaciones para renovar las presidencias del Tribunal Supremo, la de la Audiencia Nacional y algunos tribunales superiores de justicia no han avanzado un ápice y enero, que era el mes donde querían dar el mayor impulso, no va por buen camino.

La presidenta Perelló ha convocado un pleno para este miércoles día 15 en cuyo orden del día todos dudan que vaya a integrarse algún nombramiento de calado. Después habrá otro, el día 29, pero para ese también están divididos. El motivo principal de la disputa es el cómo aplicar la Ley de Paridad.

Los vocales elegidos por el PSOE entienden que debe hacerse caso a caso de forma equitativa en todos los cargos de poder, de manera que, por ejemplo, si hay en juego cuatro presidencias del Supremo se designen dos hombres y dos mujeres; los electos por el PP, en cambio, creen que la paridad debe introducirse en el número final, es decir, si van a hacerse 30 nombramientos que sea la mitad hombres y la mitad mujeres sin entrar a definir en qué puesto va cada cual.

De esta forma, lo que pretenden los conservadores es que se organice un paquete de todos los puestos que están ya listos para hacerse en conjunto y se designen todos a la vez, mientras que los progresistas no van a pasar por el aro de hacer la designación en bloque. "No, porque significaría incumplir la Ley de Paridad. Se trata de revertir la situación de la falta de mujeres en las cúpulas judiciales", refleja una fuente del CGPJ.

La Comisión de Calificación lleva meses de trabajo intenso, haciendo entrevistas para todas las vacantes, pero poco a poco se va generando un embudo porque, de momento, no se ha hecho ni un nombramiento. "Es un desastre auténtico", explica un vocal conservador. "Es imposible, un agotamiento", cuenta otro. Ni siquiera tienen consenso en las plazas donde hay un candidato único porque algunos consideran que si se va resolviendo eso, luego quedan menos cromos para intercambiar.

De fondo, en realidad, trasluce el gran escollo: la falta de acuerdo para las presidencias del Tribunal Supremo. Varios vocales confiesan que el enquistamiento real está en que los conservadores no van a "tragar" con la magistrada progresista Ana Ferrer para la presidencia de la Sala Segunda del alto tribunal ni con Pilar Teso para la Sala Tercera, y viceversa, los progresistas no se mueven un milímetro sobre la designación de ambas juristas.

El Supremo, el verdadero problema

Por el momento, las cuatro Salas están presididas por hombres, si bien cuatro de ellos están en funciones. Los progresistas buscan el equilibrio entre hombres y mujeres, mientras que los conservadores quieren hacer valer el currículum de sus candidatos y no designar a magistradas por una cuestión de cuotas.

En la primera se presenta un único candidato, Ignacio Sancho Gargallo, así que los problemas surgen en las otras tres. Para la Segunda además de Ferrar está Andrés Martínez Arrieta, que es el togado más antiguo de la Sala y de todo el escalafón judicial y quien, según el criterio de una parte del Consejo, merece quedarse con la presidencia; en la Tercera compitiendo con Teso está Pablo Lucas, un magistrado de hondo prestigio que, además, ejerce de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); para la Cuarta se han propuesto Juan Molins García-Atance y Concepción Rosario Ureste.

La solución no es sencilla porque ni siquiera los vocales saben bien cuál es el criterio que quiere adoptar Perelló sobre la aplicación de la paridad. Ella solicitó un informe a un letrado del gabinete técnico que alegó que esta igualdad debe conseguirse al final del mandato del CGPJ dentro de cinco años; sin embargo, no todos los vocales están de acuerdo con este documento.

Algunos critican ya que la presidenta no esté poniendo los puntos sobre las ies en este asunto. "Nos pide que vayamos con todo pactado", dice. Ella está ejerciendo un mandato poco presidencialista por el momento y busca que los dos bloques se pongan de acuerdo entre ellos y cuando lo tengan casi hecho le pidan convocar el pleno para acordarse. Por eso, un lado y el otro han nombrado a dos vocales negociadores, pero las posiciones no se mueven.

"Esto va a ser más difícil que la presidencia del CGPJ", vaticina uno. No vale con que Perelló se arrime a un lado, porque se necesitan 13 votos en total. Cada grupo tiene 10, así que deben convencer a dos del otro lado, más la presidenta. En el último pleno de diciembre se llegaron a retirar del pleno algunos nombramientos y parece que este mes de enero no va a ser muy fructífero. Mientras tanto, los conservadores tienen menos que perder porque tanto en la Sala Segunda como en la Tercera son sus candidatos (Martínez Arrieta y Lucas) los que están en funciones. "Tenemos menos prisa", reza uno.

Desacuerdo también en el informe para el Congreso

Pero los nombramientos no son el único punto en el que hay fricciones. La comisión que debe ponerse de acuerdo para redactar una nueva forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial está también en punto muerto.

El Gobierno aprobó una reforma legal por la que el nuevo CGPJ debía redactar un informe en el que se decidiera cómo reformar la Ley del Poder Judicial actual y evitar un bloqueo de tantos años como el que sucedió con el anterior mandato. Se trataba de acercar posturas entre el PSOE y el PP en la forma de elegir a los vocales para buscar fórmulas en las que los jueces elijan a los jueces, como reclama el partido de Alberto Núñez Feijóo y buena parte de la carrera judicial.

Sin embargo, después del análisis de cómo funcionan los Consejos en otros países europeos, los vocales de un lado y del otro no llegan a entendimiento sobre cómo debe ser la intervención parlamentaria en la elección. Las posturas están totalmente estancadas y el tiempo corre porque la disposición adicional transitoria de esa norma imponía un plazo de seis meses para el documento.