Una última bala. En un intento por salvar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el organismo que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, el Gobierno está tratando de retomar conversaciones con Adeslas, según ha podido saber El Independiente de fuentes cercanas a estas negociaciones. Se trata en realidad de un intento por mantener con vida el sistema. Después de que el pasado jueves DKV se uniera a Adeslas y rechazara la última oferta de licitación del Gobierno, Asisa se ha quedado sola como candidata para prestar un servicio que, según cifras oficiales de la propia Muface, atiende a más de 1,5 millones de personas.

En 2023, última fecha disponible, cerca de 500.000 personas fueron atendidas por Adeslas. Los acogidos por Asisa fueron más de 360.000, mientras que DKV cubrió a unos 200.000 mutualistas a los que cabe añadir los cerca de 8.000 de DKV Internacional. El resto, unos 460.000, optaron por la Seguridad Social.

Esto quiere decir que, de las tres aseguradoras prestatarias del servicio, DKV fue quien atendió a menos personas. Con esto en mente, las cuentas del Ministerio de Función Pública son claras: sin DKV pero con Adeslas, aún habría manera de salvar Muface. Si los dos se salen del acuerdo, un escenario en el que Asisa se quede en solitario con los más de 700.000 mutualistas que suman DKV y Adeslas se antoja muy complicado, sobre todo considerando que solo esta cifra casi dobla al número de personas que Asisa atendió en 2023.

Con todo, fuentes de Asisa citadas este jueves por la agencia Europa Press afirman que desde la aseguradora aún están meditando la oferta y que la posibilidad de quedarse sola era una de las opciones contempladas. Porque quedarse con todo Muface implica también quedarse con todo el dinero: cerca de 4.500 millones de euros a repartir en tres años, lo que representa una mejora del 33,5% con respecto a la actual licitación. La cifra final dependería de cuántos funcionarios optaran por la aseguradora en vez de pasar a la Seguridad Social.

A Adeslas y DKV las cuentas por ahora no les salen. Mientras que el primero estima unas pérdidas en estos tres años de 250 millones de euros, el segundo eleva el potencial agujero en su balance a una cifra de entre 70 y 100 millones de euros. Para evitar estas pérdidas, Adeslas reclamaba una mejora de la oferta del 47% en dos años. DKV, por su parte, pedía una mejora algo menor, del 40%, pero a cambio reclamaba que la licitación solo tuviera un año de vigencia y después se volviera a negociar. Ahora, para que Adeslas se reenganche a Muface hará falta algún tipo de mejora en la oferta. El pasado viernes, el Gobierno decidió darse algo más de tiempo al extender un par de semanas el plazo de vencimiento de la licitación: del 15 de enero pasa al 27 del mismo mes.

Si para entonces ninguna aseguradora se presenta al concurso, el Gobierno tendrá dos opciones: o volver a discutir en Consejo de Ministros sobre la posibilidad de mejorar aún más su oferta o dejar caer Muface definitivamente. Parte de la coalición de Gobierno no ve esto con malos ojos. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, emitió un informe en el que dejaba clara su postura.

"El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable [...]. El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso", decía entonces Sanidad, aludiendo a que el aumento de la edad media de los funcionarios convierte Muface en un sistema poco atractivo para las aseguradoras privadas.

En su lugar, Sanidad propone que sean las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayor parte de las competencias en la materia, quienes asuman la atención de los mutualistas. Pero en el PSOE esta posibilidad no gusta nada. Óscar López, ministro de Función Pública, es también el líder de los socialistas en Madrid, una región en la que tendría que enfrentarse a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha declarado que acogerá con gusto a los mutualistas si el Gobierno no los atiende.

Un servicio interrumpido y una vía judicial abierta

Pero a muchos usuarios de Muface no les está haciendo falta que el sistema caiga para ver su servicio afectado. CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, afirma haber recibido en las últimas semanas centenares de mensajes de mutualistas a los que se les han anulado citas, revisiones e incluso algún tipo de cirugía.

La cuestión ha abierto una vía judicial contra el Gobierno. "Entendemos que hay una responsabilidad de las aseguradoras, pero el responsable último de que se preste el servicio es Muface, que depende del Ministerio de Función Pública", han explicado a El Independiente fuentes del sindicato. Para reclamar, detallan desde CSIF, los mutualistas deben presentar un escrito de queja que debe ser evaluado por una comisión de garantías. Si esta se rechaza, esto abre la vía judicial, que puede tomar la vía contencioso-administrativa, civil o, en casos especialmente graves, la vía penal.

A ellos se ha unido este viernes la Anpe (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), primera fuerza sindical entre el profesorado de la educación pública no universitaria, que es a su vez el colectivo mayoritario en Muface. En un comunicado, han denunciado lo que consideran que ha traído consigo la falta de eficacia del Gobierno en la renovación del concierto sanitario.

"Los dos procesos de licitación que se han puesto en marcha para renovar el concierto –el primero de ellos, fallido, y el segundo, aún en plazo– han evidenciado importantes carencias en su planificación, diseño y ejecución. El Gobierno, que es el responsable de garantizar un modelo sanitario sostenible, no ha logrado atraer a las compañías aseguradoras para mantener la estabilidad del sistema", explican desde la Anpe, que advierte, al igual que CSIF, de que asesorarán jurídicamente a los afiliados que ya sientan su servicio perjudicado.

Un aluvión de querellas añadiría atasco sobre atasco: al predecible aumento en las listas de espera cabría sumar el de los tribunales. El Gobierno trata de impedirlo agotando todas las posibilidades, incluso aquellas que ya parecían descartadas.