La Guardia Civil ha detenido e investigado a 22 personas que han sido acusadas de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental por "tráfico ilícito" de basuras, según ha publicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los residuos se trasladaban desde distintos puntos de Italia hasta vertederos situados en Tarragona y Cuenca con una documentación falsa y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. La Guardia Civil estima que se habrían arrojado un total de 40.000 toneladas de basura italiana al año en vertederos españoles desde 2021.

Las personas investigadas habrían cobrado más de 19 millones de euros durante este periodo procedentes de empresas de tratamiento de residuos de Italia. Estas empresas habrían contratado los servicios de la trama sin conocimiento de la misma para deshacerse de los desperdicios.

40.000 toneladas al año

Los agentes comenzaron a investigar tras detectarse la entrada de ciertos residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que tenían como destino algunos vertederos españoles.

Las primeras investigaciones acabaron con la identificación de una serie de empresas que, interrelacionadas, comerciaban a grandes niveles con residuos italianos. Las entidades estaban localizadas en Cataluña y Castilla-La Mancha.

A raíz de ese descubrimiento, los agentes pudieron verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de estas empresas pero que, sin antes pasar por los tratamientos pertinentes, eran redirigidos a vertederos. Estas cantidades de residuos habrían superado las 40.000 toneladas anuales desde 2021.

Precios más bajos en España

Se estima que la organización habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años, ya que, aunque las empresas contratadas para la eliminación de esos residuos eran Italianas, éstas derivaban su eliminación a España para ahorrarse costes.

España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, ya que contraviene la legislación vigente y los sistemas de control medioambientales, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión de la basura generada en su núcleo urbano.

Para eso, el procedimiento de la trama consistía en interponer una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español, simulando de esta manera que los residuos pasaban los tratamientos y operaciones necesarias, cosa que nunca sucedía aunque a nivel documental constara que sí. Con ello además se garantizaba que la autoridad de control española, la Agencia de Residuos Catalana, expidiese las preceptivas autorizaciones esquivando todo tipo de oposición, según informa Guardia Civil.