Los becarios del musical 'Malinche', dirigido por el artista Nacho Cano, recibieron instrucciones por parte de sus responsables para que indicaran a su llegada a España en diciembre de 2023 que eran turistas porque, si no, hubieran sido devueltos a México, generando un "problema ingobernable" y un "grave perjuicio" tanto a ellos como a la organización.
Así se desprende de un documento de la causa que se sigue en el Juzgado Número 19 de Madrid contra el promotor musical y cuatro de sus colaboradores por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros al que ha tenido acceso El Independiente. El lunes, tras la declaración de Cano en Plaza de Castilla, sus abogados ya confirmaron que éstos llegaron a España como turistas y que, posteriormente, se tramitaron los visados de estudiantes, todo acorde a la normativa vigente desde el año 2018.
En el escrito, la defensa del músico niega cualquier tipo de irregularidad y argumenta que si los becarios no hubieran manifestado ante las autoridades que eran turistas no hubieran podido entrar. "Siendo completamente lícita la entrada como turistas y la solicitud a continuación desde territorio nacional del visado de estancia de estudios, nada impide que los estudiantes procedan a matricularse en el curso de formación correspondiente tras su entrada y estando ya en territorio nacional".
Explica que este hecho no supone un "engaño", puesto que debían hacerlo "necesariamente" o de lo contrario su entrada habría sido denegada porque en ese momento aún no se había iniciado la tramitación de la estancia por estudios, o lo que es lo mismo: si a su llegada a España hubieran dicho que venían como estudiantes, técnicamente hubieran faltado a la verdad, porque en ese momento aún no se habían iniciado, oficialmente, los trámites para obtener el visado de estudiantes. "Ha sido siempre voluntad de los organizadores que los becarios extranjeros ostenten una situación legal y regular desde el punto de vista administrativo", afirma.
Durante la instrucción, la jueza que lleva el caso, iniciado a raíz de la denuncia de una de las becarias, afirmó en una providencia que la investigación llevada a cabo por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Centro de Madrid apuntaba a que los bailarines seleccionados fueron introducidos como turistas y aleccionados para fingir que accedían como tales, y destacó que los investigados deberían haber tramitado los requisitos ante los consulados en México y solicitar el visado correspondiente para entrar en España.
"Se optó por una simulación falsaria del verdadero destino de los ‘estudiantes’ fingiendo un acceso a territorio español por motivos turísticos, y posteriormente las autorizaciones de estancia por estudios solicitadas en España fueron denegadas [por la Delegación del Gobierno en Madrid, en mayo de 2024] por no acreditarse que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios", especificó la magistrada.
En contraposición, la defensa de Cano recuerda que la totalidad de los estudiantes mexicanos (menos la denunciante, Lesly Ochoa) solicitaron a principios de enero, después de su entrada en España, la estancia de estudios con toda la documentación necesaria, solicitudes que fueron admitidas a trámite el 9 de febrero por la Oficina de Extranjería (organismo dependiente de la Delegación del Gobierno) y cuya posterior denegación fue "inmediatamente recurrida". Esgrime también que el Reglamento de Extranjería no exige que, de cara a obtener un título o certificado de estudios la formación haya de ser "reglada" u "homologada", como expuso la Delegación, sino que basta con haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, como la Escuela Jana, donde supuestamente se formaban los estudiantes.
Respecto de las condiciones de trabajo, la defensa hace especial hincapié en el informe que posteriormente realizó Inspección de Trabajo (que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social), insistiendo en que la inspectora no acreditó ningún tipo de explotación laboral cuando acudió al lugar donde tenían lugar los ensayos y que negó la condición de trabajadores de los becarios, cuyas declaraciones fueron "espontáneas" e "idénticas".
Nacho Cano denuncia una operación contra él
El lunes, en su declaración como investigado, Cano negó cualquier tipo de irregularidad en la contratación de los becarios, aunque explicó que él es el director artístico de 'Malinche' y que esas labores no entraban dentro de sus competencias. También declaró otra de las directivas del musical, Susana Jové, directora de producción, quien igualmente negó irregularidades y aseguró que se formó a los jóvenes dentro de la legalidad.
Desde que se produjera su detención, el productor musical ha denunciado una persecución policial contra él, asegurando que está siendo perseguido por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un argumento que repitió el lunes ante los medios de comunicación a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla: "Van a por mí porque apoyo a Ayuso, y la apoyo porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos”, aseguró.
Sus abogados informaron de que próximamente aportarán los cuadrantes del musical, que son "muy complejos" porque hay 64 actores pero que delimitarán exactamente cuántos minutos intervino cada joven bailarín en las funciones de 'Malinche'. En el escrito, la defensa destaca que la entrada de los becarios se produjo "con luz y taquígrafos", con conocimiento de las autoridades mexicanas en España, subrayando que se hizo una recepción en la Embajada y que hubo noticias que publicitaron el curso de formación y la llegada de artistas provenientes de este país.
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