PSOE y Sumar vuelven a congelar la cuestión de confianza de Junts para seguir negociando

Otro parón. PSOE y Sumar vuelven a ganar tiempo y dejan "en estudio" la proposición no de ley de Junts por la que pide que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso, que controlan los dos socios de la coalición con mayoría absoluta, resolvió este jueves aplazar la decisión sobre la admisión a trámite de la iniciativa de los posconvergentes por segunda vez, ya que el pasado 17 de diciembre llegó a la misma conclusión: mejor darse tiempo para seguir hablando.

Gobierno y PSOE buscan así evitar el choque de trenes con Carles Puigdemont. El expresident y su número dos, Jordi Turull, ya habían avisado de que si la Mesa de la Cámara baja rechazaba su escrito habría consecuencias. De hecho, el jefe de Junts ha convocado a su cúpula este viernes en Bruselas para abordar la relación con el PSOE después de la decisión del órgano rector del Congreso. La Moncloa, pese a las advertencias, lanzó el mensaje el martes de que no iba a aceptar la iniciativa, por "extemporánea", porque la cuestión de confianza es una atribución exclusiva del presidente del Gobierno y porque el Ejecutivo "cumple" sus acuerdos. Pero las conversaciones siguieron en las últimas horas para evitar la ruptura total.

Es un tema relevante, que genera un precedente", justifican fuentes de la Presidencia del Congreso, que añaden que el grupo de Junts "está de acuerdo" con el aplazamiento

La prueba clara de que los contactos han continuado es, precisamente, la decisión de la Mesa de este jueves. La de aplazar la decisión sobre la proposición no de ley de Junts. El PSOE, por tanto, cede para intentar preservar su difícil relación con los posconvergentes, para evitar que un plante haga saltar por los aires su diálogo con ellos, socios imprescindibles de legislatura.

La justificación oficial para el aplazamiento decidido por la Mesa —PSOE y Sumar tienen a cinco miembros en ella, los otros cuatro son del PP— es que "no hay prisa". Junts no tiene cupo para poder debatir una iniciativa suya hasta el 24 de febrero, de modo que hasta entrado el mes próximo la Mesa puede pensarse si admite a trámite o no esta moción. "Se deja en estudio la proposición no de ley, porque es un tema relevante, que genera un precedente", explicaban fuentes próximas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que añadían que Junts "está de acuerdo" con que se aplace la decisión definitiva sobre su propuesta. Por el momento, los posconvergentes guardan silencio y su respuesta oficial llegará en todo caso mañana, con la reunión de Puigdemont con su núcleo de dirección.

No hay prevista una nueva reunión de la Mesa para la próxima semana, aunque cabría la opción de que sus nueve miembros hablaran por teléfono para ajustar el calendario del próximo periodo de sesiones, que arranca en febrero, una cuestión puramente técnica y sin conflicto. Esto quiere decir que el PSOE gana algunas semanas. Vitales para intentar desencallar sus relaciones con Junts y desbrozar algunas de las carpetas pendientes, como la delegación de las competencias en inmigración, la ejecución presupuestaria de años anteriores o la oficialidad del catalán en la UE, las tres principales condiciones que pone Puigdemont para abrirse a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Como señalaban desde la dirección parlamentaria socialista a este diario, la decisión de aplazar la decisión es la más "digna" para Junts, porque no tiene incentivos para reformular su iniciativa cuando tiene "tiempo para hacerlo", hasta el 24 de febrero. Si se hubiera calificado, la habría podido ganar con PP y Vox, pero entonces la ruptura de relaciones con el Ejecutivo sería un hecho. Si se deja en stand by, los de Puigdemont tienen entonces en torno a un mes para "apretar" al Gobierno, para "desencallar algún tema e incluso para retirar la iniciativa porque entienda que se ha cumplido con ellos y que se ha restaurado la confianza perdida". Es decir, que se ha optado por la salida menos mala para las dos partes.

Los socialistas mantienen que no puede tramitarse la iniciativa porque la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente. Corresponde a Junts "saber qué es lo que quiere", subraya Montero, que pide a los de Puigdemont que "recapaciten"

Al menos por ahora, no obstante, los socialistas mantienen que no cabe tramitar la proposición no de ley tal cual está. Este jueves, en una entrevista en Canal Sur, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y próxima líder de los socialistas andaluces, defendió que es "de bastante sentido común" que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente y que por tanto la Mesa del Congreso no puede aceptar ese escrito, que "no tiene otro efecto más allá de parecer que uno se incorpora a las competencias que tiene el propio Gobierno y su presidente".

Preguntada si teme que la formación de Puigdemont retire su apoyo al Ejecutivo, la número dos de Sánchez respondió que le corresponde a este grupo "saber qué es lo que quiere" y recordó que los posconvergentes "siempre han dicho, y lo han ejercido, que su apoyo nunca ha sido incondicional", informa EFE. "Siempre que apoya una medida hay que negociarla y ver cuáles son los elementos que consideran que pueden ser positivos, hay que trabajar mucho", señaló Montero, que pidió a Junts "recapacitar sobre esa cuestión".

Ahora queda por saber cómo respirará la formación independentista catalana. Si le bastará esta patada hacia delante o preferirá seguir apretando. Por lo pronto, Gobierno y PSOE ganan varias semanas de negociación. "Y un mes en el Congreso es una legislatura entera de cosas que pueden pasar", recuerdan en la cúpula parlamentaria socialista.

Diálogo y negociación para resolver el choque

Tras aplazar la Mesa la votación, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar por los comunes y secretario primero del órgano de gobierno del Congreso, compareció ante los medios para explicar la posición sostenida por su grupo de la mano de los socialistas. Primero, seguir debatiendo sobre un posible encaje de la propuesta de Junts. Segundo, incentivar la vía del diálogo político para que las dudas de los posconvergentes sean sofocadas y desistan de la PNL. Posteriormente, otras fuentes parlamentarias de Sumar afianzaban la segunda finalidad, insistiendo en que el aplazamiento persigue un fin político.

Sumar defiende que hay que "seguir hablando del despliegue político de la amnistía, del reconocimiento de Puigdemont, de los Presupuestos, de la reducción de la jornada laboral o de los alquileres"

Sobre ese segundo fin opinó Pisarello. Sobre todo para evitar que Junts rompa y sea imposible llevar a cabo "los compromisos adoptados con la ciudadanía" por que se abra paso a un Gobierno de PP y Vox en un momento en el que los populares están "secuestrados por las tesis de [Isabel Díaz] Ayuso" y los de Santiago Abascal. "Hay que seguir hablando del despliegue político de la amnistía, del reconocimiento como interlocutores a los socios, que se hable de los Presupuestos, la regularización de los alquileres, el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la ley mordaza". "En aras de seguir discutiendo estas cosas importantes, vamos a seguir estudiando" la PNL, justificaba el aplazamiento Pisarello.

El diputado, al igual que remarcó la necesidad de reconocer a los posconvergentes, insistió en desbloquear cuestiones enquistadas, como el reto de la vivienda. Ello en un momento en el que el PSOE, cree por sus movimientos, ha demostrado "un cambio de discurso" y "reconocido que no es suficiente" con medidas a largo plazo como la construcción de vivienda. "Hay que regularizar, tocar los intereses de los grandes especuladores", que a veces vienen de Alemania u otros puntos de la UE, dijo Pisarello en crítica a la propuesta de Sánchez para limitar las compras por parte de extracomunitarios. Tampoco convence al socio minoritario de la coalición eximir fiscalmente a quienes arrienden sus viviendas según el índice de precios de referencia. "Eso no está funcionando, lo que hay que hacer es penalizar o prohibir los incrementos abusivos del precio" y "beneficiar a aquellos alquileres bajos o permanentes", con excepciones, por ejemplo "dar el inmueble a los hijos".