Ganar tiempo. Es lo que PSOE y Sumar buscaron este jueves por la mañana tras una nueva reunión de la Mesa del Congreso en la que, por segunda vez se decidió aplazar la decisión sobre el rechazo o la calificación de la proposición no de ley de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Una demanda polémica, que generaría precedente, dado que, las competencias para someterse a este proceso parlamentario es de decisión exclusiva del presidente del Gobierno, al contrario que una moción de censura que Junts se resiste a apoyar junto a PP y Vox. Se quieren contraprestaciones, no un cambio de gobierno que, al final, sería menos receptivo con sus intereses.

Pese a que los socios de coalición estaban posicionados en el veto, por no seguirse los cauces que estipula la legislación sobre ese mecanismo, se ha preferido congelar el trámite como ya se hizo en diciembre después de la consulta a los letrados de la Cámara y, con el argumento de consensuar la mejor posición jurídica ante algo inédito —pese a no tener más opciones que el rechazo o la admisión a trámite para el debate—, primar el diálogo político. Se espera que vía negociación, mediante compromisos, y tras la reunión de la Ejecutiva de Junts este viernes, Carles Puigdemont "reformule" su petición. Es decir, que la retire o acepte su rechazo por parte de la Mesa sin consecuencias. Hasta ahora se viene alentando la posibilidad de que los posconvergentes pasaran de lleno a una oposición total al Gobierno, dejando sin capacidad legislativa a Sánchez.

Las posiciones sobre la PNL entre Movimiento Sumar, por su papel en el Gobierno, Compromís o los comunes, es diferenciada. Pero internamente son partidarios de explorar todas las vías posibles para impedir que la mayoría legislativa progresista, con el apoyo de PNV y Junts en añadido, de los que se distinguen ahora después de encontronazos como el del impuesto energético tras la reforma fiscal. El objetivo, en definitiva, es el sostenimiento de los 179 diputados para seguir implementando una "agenda social ambiciosa", que requiere un reconocimiento mutuo por parte de todas las partes, señalan fuentes parlamentarias del grupo. Aunque son múltiples las formas de dar cumplimiento a ese reconocimiento, sectores de la coalición magenta aprecian que un careo entre el presidente Sánchez y Puigdemont puede ser esencial para calmar las aguas.

Se antoja esencial para esas fuentes, que opinan que Puigdemont, recién designado nuevo presidente de Junts, "requiere un reconocimiento como tal", como lo han tenido desde Oriol Junqueras a Andoni Ortuzar. Aquí la peculiaridad es que Puigdemont, pese a su esporádico regreso con mitin previo a la investidura de Salvador Illa, sigue huido de la justicia en Waterloo (Bruselas) y la cita debería darse en el extranjero. Previsiblemente en Ginebra, donde el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, se ha reunido varias veces con representantes de Junts para dar seguimiento al acuerdo de legislatura.

Esos sectores de Sumar son conscientes, pese a todo de que quizá con un encuentro entre líderes no se terminan de limarse asperezas por completo, pero ejemplifican la efectividad que supuso el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas en octubre de 2023. "Gracias a ello hubo investidura", consideran, dejando claro que tanto la vicepresidenta segunda como el presidente de Junts están en las antípodas políticas en casi todo. Se resume todo en acciones que evidencien que hay "respeto entre los interlocutores". Un veto a la PNL de Junts habría ido en contra de ese reconocimiento. Se refuerza el argumento esgrimiendo que incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está abierto a dialogar con Junts.

En Sumar prevén que la interlocución entre Sánchez y Puigdemont relajaría las tensiones. El encuentro Díaz permitió la investidura el año pasado

Como publicó El Independiente, fuentes socialistas en el Gobierno no se oponen a que ese encuentro termine dándose en un futuro próximo, pero al menos requieren que haya un gesto por parte de Junts, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Se viene sosteniendo que no hay que dar al expresident la "baza" de la foto con Sánchez a cambio de nada. El deseo de veto a la PNL, de hecho, se promocionaba como una muestra de resistencia al chantaje permanente. Cualquier posición dura de Junts este viernes puede acelerarlo todo.

Este mismo jueves, en Waterloo, Junqueras se citó con Puigdemont, de hecho, precisamente en reconocimiento de esos nuevos liderazgos de forma mutua. El objetivo: iniciar una nueva etapa para relanzar el independentismo, después de quedar fuera de la Generalitat tras catorce años seguidos.

Dar prioridad a las reformas "ambiciosas"

Tanto PSOE como Sumar quieren dar continuidad a la legislatura, y contar con el respaldo de Junts es decisivo. Aunque, inmerso el gobierno en ello, con respaldo de algunos grupos aliados en la Cámara, Sumar va más allá y plantea exigencias y cambios a los socialistas de cara a este año, para no desalentar a la mayoría progresista ni a la ciudadanía que la apoyó en las últimas generales. No gusta nada que el decreto de reforma de las pensiones que traerá el día 22 a la Cámara para su convalidación el Ejecutivo vaya a ser salvado por el PP. Los populares no están de acuerdo en la forma, pero sí en el contenido

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es clave. Economía y Trabajo han desencallado el asunto y darán el primer paso el 27 de enero con una reunión de todos los departamentos del Gobierno con responsabilidades económicas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Sumar, con todo, insiste en presionar, más cuando de momento no hay horizonte para trasladar a Consejo de Ministros el inicio de la tramitación y el proyecto pase al Congreso. Este mismo viernes se reúne a todo el espacio político en la Fundación Ortega-Marañón para ahondar en "los avances impulsados" y reivindicarse ante el público.

Por otro lado, copa especial protagonismo la vivienda en este inicio de ciclo, más cuando PSOE y PP —Feijóo ve una "emergencia nacional" al respecto— han hecho ya sus propuestas públicas. El choque entre Sumar y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana es permanente, y las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, lejos de incentivar el encuentro, consolida las diferencias entre socios. Los portavoces de Sumar, Verónica Martínez, y de los comunes [integrados dentro de los magentas], Gerardo Pisarello, dieron cuenta del ello en dos comparecencias este jueves en el Congreso, después de prorrogarse la decisión sobre la cuestión de confianza.

El contenido, similar: el PSOE debe abrirse a la intervención del mercado de los alquileres, pregonaron ambos portavoces, que consideraron inútiles o poco ambiciosas propuestas de los socialistas como la de eximir del IRPF a los propietarios que decidan sacar al mercado si vivienda según el precio que marca el índice de precios. Aunque se celebra, no obstante, otras sugerencias como la de un 21% de IVA para los pisos turísticos. Pisarello celebró el "cambio de tono" de los socialistas, abriéndose a medidas más concretas, aunque las ve aún alejadas del camino. "Hay que tocar los intereses de los grandes especuladores y rentistas", añadió, abogando por la penalización o prohibición de venta de inmuebles que no tengan como objeto la residencia permanente, y el establecimiento de precios abusivos".

Sumar vuelve a la carga con cuestiones vinculadas al Trabajo para impulsar a Díaz de nuevo como gestora, a la vez de reivindicar un compromiso adoptado en el pacto de gobierno con el PSOE. Y la apuesta por la Vivienda, como marco funcional para repuntar políticamente, vuelve a darse, tras superarse aparentemente el caso Errejón en su retorno público para afrontar la citación para declarar ante el juez por la denuncia de acoso sexual.