Si el Gobierno ha logrado evitar la ruptura total con Junts se sabrá este viernes cuando Carles Puigdemont reúna a su cúpula en Bruselas. Pero esa es la percepción que tiene la Moncloa, que con su decisión de posponer la decisión sobre la propuesta de cuestión de confianza de los posconvergentes ha conseguido, como poco, sortear la escenificación de un "lío" mayor. De un choque de trenes. Templar el ambiente. Un objetivo nada despreciable en unas relaciones muy inflamables e inestables, de las que depende la suerte de la legislatura. Pero el sustrato, el fondo, sigue siendo el mismo: el atasco en las carpetas pendientes que los dos partidos llevan meses negociando.

Por lo pronto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez logra ganar tiempo. Es la consecuencia obvia de lo que ocurrió este jueves: la Mesa del Congreso, que controlan con mayoría absoluta PSOE (tres miembros) y Sumar (dos), optó por volver a dejar "en estudio" la proposición no de ley que los de Puigdemont registraron el pasado 9 de diciembre, por la que pedían que el presidente se sometiera a una cuestión de confianza. El argumento empleado es que "no hay prisa" por tomar una decisión definitiva —rechazarla, aceptarla o pedir al grupo proponente que la reformule— porque, en caso de que se admitiera, no podría ser debatida en el pleno de la Cámara baja hasta la semana del 24 de febrero, que es cuando Junts, por cupo, puede incluir en el orden del día una de sus iniciativas. Era la segunda vez que la Mesa congelaba la moción de los independentistas catalanes. Lo que sigue sin quedar claro todavía es cuándo estará la solución final.

La Mesa del Congreso retrasa la calificación de la iniciativa de los posconvergentes una vez más porque "no hay prisa", ya que no sería debatida hasta finales de febrero en el pleno

Todo dependerá de qué ocurra en las próximas semanas. La pretensión de los socialistas es la misma: que Junts retire su proposición no de ley o acepte cambiarla a fondo, porque aceptarla sería desvirtuar, defienden, una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. La que le concede el artículo 112 de la Constitución: solo él, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede decidir someterse a una cuestión de confianza. Los grupos tienen otro mecanismo para forzar su salida, la moción de censura, y en el PSOE están convencidos de que los de Puigdemont no se sumarán a una con PP y Vox.

Junts ha conferido una importancia extraordinaria, desde el principio, a su escrito, y no está dispuesta a apearse de él. Es más, la reunión del expresident con su equipo de dirección está convocada para este viernes para estudiar el escenario posterior al acuerdo de la Mesa. El secretario general del partido, Jordi Turull, ya dijo el pasado martes que si la proposición era tumbada, habría represalias: tomarían decisiones que "no gustarán al PSOE".

En la Moncloa mantienen, como aseguraban el mismo martes, que no aceptarán la calificación de la iniciativa, porque es "extemporánea", no tiene sentido ninguno y sentaría un "precedente". Pero prefirieron pisar el freno. No correr. "Es tontería quemar las naves ahora", cuando quedan algunas semanas de margen, manifiesta un alto cargo gubernamental. Como no había "prisa", por tanto, era mejor solución dar una patada hacia delante, "consentida por las dos partes", como lo expresa un dirigente bien conectado con Sánchez.

Lo de aplazar es algo más de Junts que nuestro", aseguran fuentes de la Moncloa. "Ellos necesitaban una salida honrada a una sobreactuación desmedida. Ninguno queremos escenificar un lío que no es mayor que el de hace una semana"

Junts, según expresaban fuentes de la Presidencia del Congreso, estuvo "de acuerdo". El partido no se pronunció oficialmente porque lo hará el propio Puigdemont este viernes. "Lo de aplazar es algo más de Junts que nuestro —aseguran a este diario fuentes de la Moncloa—. Ellos necesitaban una salida honrada a una sobreactuación desmedida. Nosotros materializamos el retraso porque tenemos con Sumar la mayoría en la Mesa [los otro cuatro miembros son del PP], pero la clave es que les ha parecido bien. Porque están de acuerdo. Porque ninguno queremos escenificar un lío que no es mayor que el de hace una semana".

También la "amnistía política"

La relación con los posconvergentes pasa por uno de sus momentos más frágiles. Ellos se quejan de que el Gobierno no está cumpliendo los compromisos contraídos hace más de un año para la investidura de Sánchez y por eso ponen varias condiciones para considerar restaurada la "confianza" en él: lograr la oficialidad del catalán en la UE, la delegación "integral" a la Generalitat de las competencias migratorias y la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores. Materias que, según recordaba el martes Turull, deben cerrarse antes de que pueda arrancar la negociación presupuestaria.

En el Gobierno subrayan que no están dialogando con Junts sobre su proposición no de ley, porque no es un tema debatible. Es "de bastante sentido común" que una cuestión de confianza es una atribución exclusiva del jefe del Ejecutivo, recordó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una entrevista este jueves en Canal Sur, y por tanto la Mesa no puede tramitar una iniciativa que "no tiene otro efecto más allá de parecer que uno se incorpora a las competencias que tiene el propio Gobierno y su presidente".

Hay varias materias pendientes de cierre: la delegación integral de competencias migratorias, la ejecución presupuestaria, la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la reunión Sánchez-Puigdemont

"No negociamos sobre la proposición no de ley. Negociamos cosas serias para aprobar cosas, como hacemos con el resto de partidos. Negociamos sobre el resto de carpetas pendientes", admiten fuentes de la Moncloa. Es decir, que lo que se está hablando con Junts es sobre competencias en inmigración, sobre el catalán en la UE, sobre cómo garantizar las inversiones en Cataluña apalabradas en Presupuestos anteriores. También sigue pendiente lo que los posconvergentes llaman "amnistía política". Es decir, el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor, que Sánchez se reúna con él. El presidente ya aseguró que no tiene problema en despachar con él antes incluso de que decida el Tribunal Constitucional sobre la medida de gracia, aunque en su círculo advertían de que no tendría sentido conceder esa foto sin tener amarradas unas nuevas cuentas públicas.

En el PSOE, pero también en Sumar, señalan pues que el diálogo que seguirá en las próximas semanas ha de girar sobre todo en torno a cómo mantener la mayoría de investidura, más allá de la necesidad de dar salida a la proposición no de ley.

Sumar defiende que hay que conjugar la "legalidad parlamentaria" con la "convicción de que hay que mantener la mayoría de la investidura", que hay que evitar que "llegue la sangre al río"

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar, señalaba que aunque la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente, también hay que "proteger el derecho" de los grupos a que se debatan sus iniciativas en el pleno del Congreso y si hay alguna fórmula para que la moción de Junts se acople al reglamento. "Es algo que debe estudiarse. Esas son las razones jurídicas, pero obviamente no puedo esconder que también hay razones políticas. Hay un debate político abierto, hay una voluntad de negociación explícita que nosotros [...] consideramos que es necesaria y que es buena", añadió el parlamentario. Defendió que hay que conjugar la "legalidad parlamentaria" con "la convicción de que hay que mantener la mayoría de la investidura". "Vamos a hacer todo lo posible para que los socios de investidura tengan confianza en este Gobierno", reiteró.

Otras fuentes de Sumar citadas por EFE coinciden en que no están de acuerdo con la propuesta de los posconvergentes, pero si sirve "como oportunidad para desbloquear otros temas, bienvenido sea". Lo importante, creen, es alcanzar un acuerdo y evitar que "llegue la sangre al río".

"Todo condicionaba absolutamente todo"

En definitiva, detrás de la decisión de la Mesa de este jueves está la necesidad imperiosa de mantener los canales abiertos con Junts. De resguardar la negociación política, de explorar todas las vías posibles para llegar a un entendimiento con los de Puigdemont. Todas las veces que vaya reuniéndose la Mesa hasta finales de febrero deberá estudiar qué hace con la proposición no de ley: o admitirla, o rechazarla, o pedir su reformulación o continuar dejándola en barbecho.

La Mesa del Congreso deberá analizar qué hace con la proposición de Junts todas las veces que se reúna hasta que adopte la decisión definitiva

Es "muy razonable" la decisión de la Mesa, defendió el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, antes de participar en un acto en Santurtzi (Bilbao). Es un asunto, subrayó, que "tiene mucha relevancia y que no tiene prisa, que no es urgente, porque Junts, como muy pronto, podría presentar esta proposición no de ley a mediados de febrero". El dirigente recordó que el informe que los letrados del Congreso elaboraron el mes pasado dibujaba distintas alternativas, por lo que conviene analizar a fondo todas las opciones dado que se generará un precedente. Preguntado si podría afectar esta cuestión a futuros acuerdos, como el de Presupuestos, López respondió que "desde el minuto uno que empezó la legislatura" el PSOE viene advirtiendo de que "todo condicionaba absolutamente todo".

Todo se cruza. Puigdemont, no obstante, será el que diga hoy si la relación con los socialistas continúa, aunque a trompicones, o se debilita más. Los socialistas creen que han logrado frenar una crisis mayor que habría puesto en riesgo la legislatura.