El Gobierno aprobó este martes un anteproyecto para modificar la Ley del Poder Judicial, del año 1985, que contempla un sistema público de becas de 4 años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá también la financiación privada de las asociaciones judiciales.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, detalló en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el contenido de este anteproyecto, una propuesta que recoge muchas reivindicaciones de Sumar acordadas con el PSOE, y con el que el Ejecutivo pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

El texto regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrá ser privada para garantizar su "apariencia de imparcialidad", según precisa Bolaños

Con esta reforma, el Gobierno busca "blindar por ley" el sistema de becas que ya existe, las becas SERÉ, y las equipara al salario mínimo interprofesional. Dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias, estas becas se convocarán anualmente y tendrán una duración de cuatro años con el objetivo de que cualquier opositor a los altos puestos de la Administración de Justicia pueda prepararse con independencia de la renta de su familia.

El Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio y se creará un registro público de jueces y magistrados que hayan pedido la compatibilidad para preparar oposiciones.

Este anteproyecto que llega al Consejo de Ministros en primera vuelta, regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada, algo que, según Bolaños, "va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad" de tales asociaciones.

"Me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios, y también, en su caso, financiación pública", ha dicho el titular de Justicia.

Se sustituye la prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico y se regula el cuarto turno para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el de concurso oposición

La reforma contempla también la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Así, sustituye una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, que hasta ahora no existía, mientras que quienes acceden por el cuarto turno primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales. Ambos ejercicios escritos estarán, además, anonimizados.

También regula el cuarto turno —que implica que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial— para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición.

Así, se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia, ha destacado Bolaños. Prevé, por primera vez, el cuarto turno en la carrera fiscal y regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.

En cuanto a la mejora de la carrera profesional establece un sistema de ascenso automático por antigüedad, mejora la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

Cinco de los nueve miembros del Comité de Ética del CGPJ serán elegidos por jueces o magistrados y otros cuatro serán nombrados por las Cortes entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Moral

Para garantizar una mayor pluralidad y transparencia, el titular de Justicia explicó que esta reforma regulará la composición y elección de los miembros del Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que cinco miembros serán jueces o magistrados, elegidos por la carrera y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Modifica los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, con candidaturas individuales y un solo voto por elector, prohíbe el voto delegado, introduce el voto telemático y reduce el mandato de cinco a tres años.