140 páginas. 140. Son las que están en riesgo este miércoles. Las que pueden recibir el respaldo del Congreso o estrellarse y decaer. Las que comprenden distintas medidas, desde la revalorización de las pensiones, la prolongación de las ayudas al transporte, la moratoria de la prohibición de desahucios, la autorización a Valencia para aumentar su financiación tras la dana, o la prórroga del escudo social. No está claro el futuro de ellas, de esas 140 páginas, del real decreto ley ómnibus que les da sentido, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre y que no tienen los apoyos asegurados. Junts no ha adelantado aún cuál será el sentido de su voto y, si finalmente opta por el rechazo, entonces Pedro Sánchez solo tendrá una vía de salida: que el PP, que tampoco ha confirmado qué botón apretará, salve el texto.

Es otro arranque parlamentario de año. Y otra vez el Gobierno llega a su primera votación en el pleno del Congreso con el agua al cuello. Sin saber si podrá sacar adelante un vital real decreto ley que se somete a convalidación de la Cámara baja. El Ejecutivo confía en sacarlo adelante, bien vía Junts o bien vía PP, y aumenta la presión hacia ambos, advirtiendo de que los grupos que se nieguen no tendrán forma de explicar por qué se oponen, por ejemplo, a que las pensiones aumenten un 2,8%. Pero no hay plenas garantías. Todavía no.

Las relaciones de los socialistas con Junts atraviesan un momento complicado. El pasado viernes, Carles Puigdemont suspendió las negociaciones sectoriales con el Gobierno y pidió una reunión urgente y extraordinaria con el PSOE y con el verificador internacional. Esa cita se produjo el lunes en Bélgica, y no en Suiza, como era habitual, como informaron varios medios, aunque no hubo confirmación oficial y pública por ninguna de las dos partes. El encuentro, encabezado por la parte socialista por su secretario de Organización, Santos Cerdán, se vio envuelto de nuevo por el hermetismo total. Si el diálogo ha servido para destensar la situación se sabrá este mismo miércoles, en el pleno del Congreso.

Se someten a debate y votación tres decretos leyes. Uno decaerá, el gravamen a las energéticas, y otro saldrá adelante seguro, la reforma de las pensiones. Pero el tercero, el 9/2024, el que contiene la prórroga del escudo social, no tiene asegurado el respaldo

Son tres los reales decretos leyes que se someten este miércoles a debate y convalidación en la Cámara baja y que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Uno, el 10/2024, decaerá con seguridad y se cuenta con ello: el que establece de nuevo un gravamen a las energéticas. PNV y Junts se sumarán al no de PP y Vox, así que no cabrá ninguna opción de prórroga del impuesto, como quería la izquierda. El segundo, el 11/2024, el que mejora la compatibilidad del empleo con la pensión, será salvado por el PP, como adelantó Alberto Núñez Feijóo hace una semana, alegando que no podía oponerse a un acuerdo tripartito de Gobierno con patronal y sindicatos.

Real decreto ley 9/2024, de 23 de diciembre, de prórroga del escudo social y otras medidas (el decreto ómnibus)Descarga

El tercero, el decreto ómnibus, el 9/2024, el de 140 páginas, el que recoge distintas medidas, desde la revalorización de las pensiones hasta las bonificaciones al transporte, es el que ahora mismo corre peligro porque su suerte no está asegurada. Es necesario el apoyo o la abstención de Junts —si PP y Vox votan en contra— o, en caso de que los de Puigdemont se queden en el no, bastaría la abstención de los populares. Es decir, que hay cuatro escenarios posibles, que el Gobierno pierda la votación —una derrota política de enorme calado, porque automáticamente todas las medidas vigentes decaerían—, o bien que prospere la convalidación gracias a Junts o gracias al PP. O gracias a ambos. La formación de Feijóo mira de reojo a los posconvergentes y su elección puede estar ligada a lo que hagan estos.

La Moncloa no da pistas de las relaciones con los posconvergentes, y menos aún de la cita en Bélgica, que no confirma ni desmiente. "Avanzamos" con Junts, se limitan a decir desde el Ejecutivo

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como la portavoz, Pilar Alegría, visibilizaron esa presión a PP y Junts. Pero no quisieron dar pistas de cómo están las relaciones con los posconvergentes —"avanzamos", se limitaron a decir—, y menos aún si el lunes hubo encuentro en Bélgica, aferrándose a que se trata de cuestiones que competen a dos partidos, y por tanto Ferraz era la que debía hablar, aunque la cúpula federal de los socialistas eludió confirmar o desmentir nada. La consigna era "ni confirmar ni desmentir" nada.

Bonificaciones al transporte, ayudas para la Valencia o La Palma

"Por supuesto que hay conversaciones" con Junts, indicó Bolaños, que recordó que como titular de Relaciones con las Cortes su trabajo es buscar con los grupos "puntos de equilibrio y acuerdos". El ministro advirtió de que el decreto ómnibus, el 9/2024, incluye el aumento de las pensiones para 12 millones de jubilados, a los que se les sube la prestación en torno a un 3% y un 9% las no contributivas, como también recoge subvenciones al transporte público, o ayudas a los afectados por la dana en Valencia y otras, ya menores, para los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.

Los ciudadanos nos votan para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos", advierte Bolaños, que pide a los grupos no actuar para "hacer algún tipo de daño al Gobierno"

"Los ciudadanos nos votan para que les mejoremos las condiciones de vida, no para que les perjudiquemos. Y por tanto yo estoy seguro que todos los grupos parlamentarios tendrán en cuenta que mañana [por este miércoles] lo que estamos votando es si suben las pensiones o si se las bajan a los pensionistas. Si suben el salario mínimo o si pasa al año 2025 a no tener ese soporte y esa consolidación legal. Si quieren que haya ayudas al transporte público o quieren que no las haya. Eso es lo que mañana se va a decidir convalidando ese real decreto ley". Bolaños rogaba a los partidos que tengan en cuenta el bien superior de los ciudadanos y no su pretensión de "querer hacer algún tipo de daño al Gobierno". Lo mismo avisó Alegría: si hay partidos que creen que no es importante la revalorización de las pensiones "tendrán que explicar el porqué de su botón negativo".

Fuentes del Ejecutivo mantenían su optimismo este martes y expresaban su confianza en que el decreto ómnibus salga adelante. Y miraban especialmente al PP. "No es un decreto que contenga, digamos, ninguna trampa. El texto se ha trabajado, tiene nobleza. El único motivo que pueden tener para tumbarlo PP o Junts es para darse el gusto. Pero es que demostrar que el Gobierno está en minoría es ridículo, es un hecho", apuntaban desde la Moncloa.

El líder de Junts y 'expresident' catalán, Carles Puigdemont, el pasado 17 de enero de 2025 en rueda de prensa en Bruselas. | EFE / EPA / OLIVIER HOSLET

En el equipo de Sánchez señalaban que había conversaciones "con todos los grupos políticos", porque de lo que se trata es de que el decreto ley sea convalidado. "Hablamos con el PP, con Junts y con todos", señalaban las mismas fuentes, haciendo hincapié en que los populares tendrían difícil explicar que dejan caer el texto.

El Gobierno sostiene que mantiene conversaciones con todos los grupos, pero la dirección del PP responde que el Ejecutivo no ha hablado con ellos ni ha habido "ningún tipo de negociación"

Sin embargo, desde la dirección nacional de los populares se negó que hubiera habido algún contacto: "No han establecido ninguna comunicación ni con el presidente [Feijóo], ni con la secretaria general [Cuca Gamarra], ni con el portavoz parlamentario [Miguel Tellado], ni con el vicesecretario de Economía [Juan Bravo]". El PP se reserva el sentido de su voto hasta este miércoles, pero sí quería dejar claro que no ha habido "ningún tipo de negociación [del texto] ni antes de su aprobación en el Consejo de Ministros ni ahora en busca de su aprobación en el Congreso de los Diputados". Génova interpreta que el Ejecutivo se ha centrado en buscar el apoyo de sus socios, especialmente de Junts.

Pero el PP puede resultar decisivo, y en las últimas horas se ha extendido la impresión en el PSOE y en la dirección del grupo en la Cámara baja de que quien acudirá al rescate del Gobierno es Feijóo en caso de que Junts se aferre al no, básicamente porque no se puede permitir un portazo a la revalorización de las pensiones, por mucho que discrepe con algunas medidas contenidas en el decreto ley.

Para el PP, el PNV es un partido "aprovechategui"

El portavoz de los populares, Miguel Tellado, cargó duramente contra una de ellas, la que recoge la disposición adicional segunda, que atribuye al PNV la propiedad del inmueble que el Estado tiene en el número 11 de la avenida Marceau de París, sede del Instituto Cervantes en la capital francesa. Este podrá seguir ocupando el palacete incautado por el franquismo hasta el 31 de diciembre de 2030, abonando desde el 1 de enero de 2025 "una renta de mercado". Asimismo, el Estado compensará al PNV por la "privación" de dos inmuebles más en Francia, uno en Noyon y otro en Campans. "Sánchez está intentando saltarse todos los controles y está tratando de comprar a todo el mundo", denunció Tellado, quien también se dirigió al portavoz de los jeltzales en el Congreso. "Aitor Esteban no quería un tractor, quería un palacete en París y Sánchez se lo ha dado", los nacionalistas vascos son el partido "aprovechategui" que saca jugo de la debilidad de Sánchez "para hacer caja" en beneficio no de Euskadi, sino del propio PNV, informa EFE.

Los populares no revelan el sentido de su voto, pero cargan contra el Ejecutivo por incluir en el decreto la cesión al PNV de la propiedad del inmueble que es sede del Instituto Cervantes en París, edificio que fue incautado por el franquismo

Los populares aducen que ni la Justicia francesa ni el Tribunal Supremo concedieron la titularidad del inmueble al PNV porque el partido no pudo acreditar que le perteneciera, así que lo que está haciendo el Gobierno, cree Génova, es la privatización de un bien público para dárselo a una formación política. Los nacionalistas vascos han venido defendido que llevan muchos años exigiendo la titularidad del inmueble y que era de hecho un compromiso que contrajo con ellos el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno de Sánchez empieza el curso en el Congreso como acabó el de 2024. Con incertidumbre y con tensión al límite. Pero en este ocasión no solo juegan los socios de investidura, sino que también será fundamental la actitud del PP en la votación para la convalidación del decreto ómnibus.

El camino de los otros dos textos está despejado: decaerá el gravamen a las energéticas y se mantendrá la reforma de las pensiones. Lo primero, no obstante, tendrá coste, porque Podemos ya ha avisado de que si no se recupera el impuesto a las eléctricas ni se sentará a hablar de los Presupuestos. "Si no pueden cumplir [en el Gobierno lo que acordaron con los grupos de izquierda], que no lo pacten", se quejaba este martes el diputado morado Javier Sánchez Serna. Las cuentas de 2025, no obstante, ya estaban abocadas al fracaso, más aún tras el portazo de Puigdemont.

Podemos exige que se recupere el impuesto a las energéticas para negociar los Presupuestos, unas cuentas, las de 2025, que ya estaban abocadas prácticamente al fracaso

Pero además el pleno de la Cámara votará este miércoles el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos —así, el Supremo podrá investigarlo por el caso Koldo—, y saldrá adelante sin ninguna dificultad: la semana pasada la Comisión del Estatuto del Diputado dio su visto bueno por unanimidad de todos los grupos.

Suspense hasta el final. Es el signo de esta legislatura. Sobre todo por Junts. Lo expresa así un veterano dirigente que conoce muy bien la Moncloa: "El castigo es sufrir".