Hace tiempo que quería escribir sobre este tema pero me ha resultado muy difícil encontrar el tono y el momento. Es cierto que durante los dos últimos años y hasta junio de este año, como presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en Cataluña, he explicado en los medios de comunicación nuestra forma de convivir con el procés.

He reivindicado, con más insistencia que éxito, nuestra independencia y neutralidad en el conflicto político. Ahora, cuando mi asociación me ha avalado como candidato al Consejo General del Poder Judicial, creo llegado el momento de hacer públicamente una reflexión personal sobre nuestra situación de la forma más moderada y honesta posible. El odio no se puede combatir con la ira. Los jueces catalanes, como el resto de la sociedad, somos plurales en nuestra forma de entender el procés, pero todos hemos demostrado nuestra inquebrantable lealtad constitucional, en la que no hay fisuras, aunque pueda haber indignas excepciones.

La mayoría pensamos que el procés ha sido realmente un intento de subvertir el orden constitucional para conseguir la secesión de Cataluña del resto de España, pero convivimos en armonía con una minoría que cree que supuso un acto de reivindicación política de una pretensión legítima como es la independencia. Tampoco coincidimos en la calificación jurídico-penal de los hechos, en especial en el elemento de la violencia, pero la mayoría creemos que solo el Tribunal Supremo, como órgano competente para el enjuiciamiento, está en condiciones de valorar jurídicamente y con las debidas garantías la responsabilidad de los que participaron en ellos. En cualquier caso, creo que todos coincidimos en que atravesamos la mayor crisis constitucional de nuestra democracia, en la que hemos desempeñado un papel protagonista.

Nuestra frontal oposición al proceso de ruptura constitucional y declaración unilateral de independencia nos ha situado frente al secesionismo, lo que nos ha hecho objetivo de un progresivo ataque. Primero hemos sido dura e injustamente criticados, para después ser acosados y deslegitimados y, por último, amenazados.

Nuestra independencia es directamente proporcional al derecho de los ciudadanos a criticar una sentencia

Es indudable que en una democracia constitucional la crítica a las resoluciones judiciales es absolutamente necesaria. Nuestra independencia es directamente proporcional al derecho de los ciudadanos a criticar una sentencia, ahora bien, también conviene recordar que uno de los límites de la libertad de expresión que traza el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el de “garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

La crítica, como decía, ha sido injusta por desproporcionada, por interesada y por la posición institucional de sus autores. Pero sus responsables no se han limitado a criticar nuestras resoluciones, sino que han instigado la deslegitimación y el acoso a los Tribunales. A este respecto son muchos los ejemplos que podría poner, pero me basta citar tres muy expresivos.

El primero de esos ejemplos se refiere a la citación como investigados de los dirigentes políticos en la causa del 9N por el juez de instrucción. Pues bien, basta recordar la imagen del expresident de la Generalitat saliendo del Palacio de Justicia, saludando a los miembros de su gobierno y a los alcaldes que le aclamaban, mientra el gentío, convenientemente dirigido, chillaba “Fora, fora fora, la justícia espanyola” (Fuera, fuera, fuera, justicia española).

La marcha de los acusados del 9N fue una intolerable demostración de fuerza frente al Tribunal

El segundo ejemplo se refiere a la marcha organizada por el Govern de la Generalitat y una parte de la mesa del Parlament para acompañar a los acusados desde el Palau de la Generalitat hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia el día señalado para el inicio de las sesiones del juicio por el 9N. La marcha no fue una mera manifestación de rechazo a las políticas del Gobierno de la Nación, sino que su intención fue hacer una intolerable demostración de fuerza frente al Tribunal.

El último de los ejemplos se refiere al comportamiento del president de la Generalitat al valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenando al expresident y las exconselleras a una pena de inhabilitación por desobediencia. En esos momentos, el Sr. Puigdemont afirmó que “aquello que la justicia española acaba de condenar, lo indultará el pueblo de Catalunya en referéndum, votando y votando este año” (“Allò que la justícia espanyola acaba de condemnar ho indultarà el poble de Catalunya en referèndum, votant i votant aquest any”). El Govern de la Generalitat no solo  hizo caso omiso de las advertencias del Tribunal sobre futuras responsabilidades, sino que, en las declaraciones oficiales de su president, volvió a tratar de deslegitimarle como si se tratara de un tribunal colonial.

A una citación para declarar y a una leve condena por desobediencia el independentismo, que hizo caso omiso de todas las advertencias desde el poder judicial, respondió con una campaña propagandista y una teatralización imponentes, para criticar, retar, deslegitimar y aislar a los jueces, lo que ha creado un clima de franca hostilidad hacia el poder judicial.

Nos desprecian y nos identifican como el enemigo al que hay que expulsar de su territorio

Desde aquel primer momento, en el relato independentista nos convertimos en una justicia colonial, extraños a la sociedad catalana y represores de sus legítimas aspiraciones políticas. Para muchos que nos creíamos integrados en esta sociedad y sinceramente queridos por su gente, es realmente difícil transmitir el dolor y la decepción que sufrimos al descubrir que sus principales dirigentes políticos y que miles de personas, no sólo nos consideran ajenos a ellos, sino que nos desprecian y nos identifican como el enemigo al que hay que expulsar de su territorio.

En esa situación, la amenaza a nuestros cargos llegó de la mano de la Ley de Transitoriedad Jurídica. Su artículo 66 preveía el cese del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que seria sustituido por la persona nombrada por el president de la Generalitat. Por otra parte, su art. 68 nos obligaba a renunciar a nuestros cargos de jueces o a traicionar nuestra lealtad a la Constitución. Esa ley fue aprobada en el pleno del Parlament que se celebró el día 7 de septiembre de 2017 y publicada en el DOGC el día 8 de septiembre. La amenaza fue suficientemente seria para obligar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia a acordar la cooperación de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra para custodiar el Palacio de Justicia.

Después de la fallida declaración de independencia, la fuga y la prisión provisional de parte de los lideres del procés esa campaña de acoso se ha intensificado. Las pintadas en los Juzgados pidiendo la libertad de los presos del procés y otros actos vandálicos de limitada importancia son ya muy comunes.

Como ya he dicho en otro artículo en relación con los lazos amarillos, es una evidencia que en España la justicia no persigue a nadie por sus ideas  políticas, de lo contrario también perseguiría a aquellos líderes que  defienden actualmente el mismo proyecto. Pero también es cierto que muchos  ciudadanos, en especial en Cataluña, creen que dichas medidas son  desproporcionadas y que obedecen a una persecución política. Niego rotundamente que existan presos o exiliados políticos, pero reconozco el derecho de los que así lo piensan a manifestarlo libremente, así como el dolor que muchos están padeciendo por esta situación. Lo que no creo es que tengan derecho a acaparar el espacio público con sus símbolos ni a extender su dolor a los demás.

Estos ataques forman parte de una campaña que trata de atemorizar a los jueces y fiscales

En la progresión que hemos visto ha habido jueces y fiscales que han recibido amenazas y ataques directos y personales. Dichos ataques, la mayoría de los cuales se han centrado cobardemente en un juez del Tribunal Supremo y en su familia, no han conseguido ni conseguirán atemorizar a los jueces catalanes. Pero eso no los convierte en incidentes aislados ni menos graves, ya que forman parte de una campaña que trata de atemorizar a los jueces y fiscales. Así hay que entender la reivindicación de dicho ataque por la organización Arran, en el que se permiten anunciar próximos ataques a la justicia.

Estoy absolutamente seguro de que la mayoría de catalanes condena estos ataques sin paliativos. Frente a ellos nuestra posición, como hemos demostrado, no es otra que la serenidad y la firmeza. Ahora bien, no podemos dejar de ver con preocupación, aunque no con sorpresa, la falta de contundencia en su rechazo por parte de Govern de la Generalitat. Parece que los rechacen por obligación y no por convicción y no pierden la ocasión de compararlos con otros delitos igualmente reprobables, pero con los que no tienen nada que ver. Lo que más nos preocupa es la falta de apoyo del Gobierno de la Nación, parece como si los jueces nos hubiéramos convertido en un obstáculo a la solución del conflicto catalán. Sinceramente tememos ser abandonados en nuestra lucha por la defensa del orden constitucional.

Los que niegan esta fractura niegan que nosotros, los que pensamos diferente, seamos parte de su sociedad

En un plano personal, familia y amigos hemos hecho acrobacias para diferenciar nuestras posiciones políticas de nuestra relación personal. Desgraciadamente, en la actualidad eso es común en una sociedad tan mezclada y polarizada como la catalana. En mi experiencia y en la de muchos de mis colegas, puedo afirmar que no he dejado de sentirme querido y respetado, pero el ambiente en que vivimos se ha enrarecido extraordinariamente. Los que niegan esta fractura niegan que nosotros, los que pensamos diferente, seamos parte de su sociedad. La diferencia respecto de otros casos es que, como juez, no tengo alternativa en mi actuación y mi obligación profesional es defender la Constitución y las Leyes que el secesionismo ha querido subvertir.

Siempre hemos dicho que el conflicto territorial que vivimos en España es un conflicto político, que no tiene solución en los tribunales. Indudablemente todos hemos sufrido en esta crisis y deseamos intensamente recobrar nuestras vidas, para lo que es imprescindible recuperar la convivencia. Ese sería, en mi opinión, el marco ideal para que los procesos judiciales pendientes se desarrollen en condiciones óptimas, pero corresponde a los políticos reconstruir esos puentes.

En definitiva y sin querer dramatizar, nuestra situación no es fácil: al desprestigio, el acoso y a la amenaza, ahora se suma esa desconfianza. Aunque sereno y firme como la mayoría de mis colegas, he de reconocer, con enorme tristeza, que estas no son las condiciones óptimas para desarrollar en Cataluña nuestros proyectos profesionales y personales. Esas, junto con otras circunstancias personales, explican que en el último año más de 47 jueces hayan abandonado sus destinos en Cataluña.

Luis Rodríguez Vega es magistrado. Asociación Profesional de la Magistratura. Sección Cataluña.