Que Víctor de Aldama es el perejil de todas las salsas lo ha venido a confirmar el sumario de la investigación sobre hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional y se ha revelado esta semana. El empresario, imputado también en el caso Koldo, es de nuevo la cúspide de un entramado de corrupción que presuntamente defraudó millones de euros a Hacienda, valiéndose de sus poderosos contactos en el mundo empresarial y dentro del Gobierno. Los miles de folios de instrucción a cargo de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción alumbran, además, una compleja red de testaferros y empresas superpuestas con administradores, en ocasiones, de lo más peculiares para tratar de sacar su fortuna de España.

En el 'caso hidrocarburos' confluyen varios inicios que hicieron saltar todas las alarmas. Primero, a la Agencia Tributaria empezó a escamarle el veloz ascenso de ganancias de la empresa Villafuel S.L., que consiguió la licencia para operar con hidrocarburos en 2022 y sus cifras se dispararon de 5,6 millones a 166,86 millones de euros el segundo año.

Segundo que Claudio Rivas, el otro cabecilla de la red fraudulenta, era un viejo conocido de la Policía. Imputado ya en otra investigación en la Audiencia Nacional también por hidrocarburos --en el asunto de Gaslow que desveló este medio--, este hombre de 51 años ha basado su vida en el negocio inmobiliario y le pierde la cinegética. Dijo, por ejemplo, que los 13.000 euros que los agentes encontraron en efectivo en una mochila en su vivienda eran la fianza de una montería que estaba organizando.

Y, tercero, que a Aldama se le pusieron las cosas difíciles para seguir delinquiendo a partir de febrero del pasado año cuando la Unidad Central Operativo (UCO) lo detuvo por primera vez por su vinculación con unas comisiones ilegales relacionadas con el Ministerio de Transportes. Su cercanía a Koldo García, asesor ministerial, y al exministro José Luis Ábalos provocó que desde ese momento no se pudiera quitar los ojos de encima. Y el fraudulento negocio del fuel permanecía activo. Tener a la UCO detrás no ayudó, por mucho que intentara resguardar por todos los medios sus comunicaciones.

Teléfonos encriptados, conducciones en círculos para despistar al 'rabo' y poder celebrar reuniones en la intimidad. Al Instituto Armado se le hicieron difíciles las escuchas telefónicas que puso en marcha el juez Santiago Pedraz, pero los seguimientos sí dieron sus frutos y los agentes comenzaron a montar un rompecabezas de nombres y compañías que culminó en la operación para detener a 11 personas y realizar 13 entradas y registros el pasado mes de octubre.

Registros

Anticorrupción había interpuesto la denuncia el 17 de junio cuantificando el fraude en unos 182 millones de euros, que ya se han superado. A Claudio Rivas lo pillaron en León y en su casa encontraron tres rifles y una escopeta, además de un lanzabengalas en una nave industrial de su propiedad en Toledo. A Aldama otra vez en Madrid. El juez Pedraz, esta vez sí, envió a ambos a prisión provisional. En los registros la UCO intervino una veintena de coches valorados en casi un millón de euros, una colección de rejoles de lujo con varios Rolex y hasta 152.000 euros en efectivo.

El arresto alcanzó también a la hermana de Rivas, subdirectora y cara visible de Villafuel S.L. En las escuchas a María Luisa Rivas, los agentes entendieron cómo era la forma de proceder del operador: "Aquí nos movemos en líneas rojas constantemente".

Según el sumario, todos eran conscientes de que la operativa comercial era ilegal. La estructura de la organización estaba diseñada para defraudar el impuesto del IVA derivado de los productos petrolíferos. Luego, canalizaban los fondos interponiendo empresas de carácter instrumentar para transferirlos a distintos países como Portugal, donde la entidad Atmosferaudaz tenía como administrador a Aldama.

"Si te vienes conmigo te podrías jubilar de puta madre", le dijo Rivas a uno de sus interlocutores esos días. Pero el plan de pensiones salió mal. Les pillaron. La UCO señala en sus informes a decenas de personas vinculadas a las distintas mercantiles, muchos de ellos testaferros "sin capacidad, conocimiento, cualificación, ni aparente participación directa en la administración de la empresa", sino con la función princial de "asumir la responsabilidad" para defraudar impuestos y "desvincular a los verdaderos responsables". Había porteros de prostíbulos, panaderos y empresarios de poca monta.

El "sobre" de Aldama

La Guardia Civil desarrolló una segunda tanda de arrestos el 16 de diciembre, a medida que iban desbrozando el entramado y tras el hallazgo de una fotografía de un sobre en el que ahora se centra gran parte del foco mediático. Los agentes hallaron que Aldama pidió una foto a su persona de "gran confianza" Luis Alberto Escolano, a quien guardaba en su teléfono como "Alberto hermanito", del anverso y reverso de un embalaje etiquetado como "confidencial". El encabezado se refería a la petrolera estatal venezolana y el destinatario era la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El sobre fue enviado sólo unos días después de que ella, en 2020, tratara de viajar a España y no se le permitiera bajar del avión por tener prohibición de pisar suelo europeo.

La UCO acudió a Calatayud (Zaragoza), localidad de Escolano a arrestarle, pero no encontraron el sobre. Aldama ha dicho esta semana que esa documentación "sensible" que puede afectar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en manos de la Fiscalía. Ese es uno de los misterios de esta causa que queda por resolver.

También el de Carmen Pano, otra de las detenidas en esa segunda fase de la operación, que dice que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz para financiar al partido socialista en 'b'. El juez Pedraz ha citado tanto a Pano como a Escolano en el mes de marzo.

La licencia del Ministerio

Por esclarecer está igualmente cómo Villafuel logró el aval del Ministerio de Transición Ecológica que presidía Teresa Ribera en 2022 sin que realmente llegara a cumplir los requisitos que se solicitaban. La empresa acumuló ingentes cantidades de dinero y los investigadores señalan a la pieza fundamental que componía Aldama, con tentáculos que alcanzaban "altos cargos" del Gobierno y del PSOE. La investigación describe el marco temporal del fraude con la primera chincheta a finales de 2020, cuando Aldama movió a través de Koldo una reunión con el Ministerio de Industria (donde creían erróneamente que se expendían las licencias).

Parte de las ganancias acababan en fincas y solo a Rivas se le relaciona con la compra de 157 parcelas en las Rozas. "Posee a través de empresas y personas físicas interpuestas numerosas propiedades que hasta el momento no ha podido ser determinada en su totalidad, dada la compleja red de personas utilizadas para velar su patrimonio y su estructura empresarial", refleja la UCO en uno de sus informes.

Otra de las empresas relevantes es la suministradora Have Got Time S.L., bajo la administración de la familia Pano, que se instrumentalizó para tejer relaciones con el Gobierno, según la UCO, por ejemplo con la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que disfrutó durante el verano de 2021 el exministro Ábalos. "Víctor de Aldama le dijo a Claudio Rivas que mantenía unos contactos muy estrictos con el gobierno actual y que tenía capacidad y disponibilidad para ayudarle en lo que requiriera", dijo Carmen Pano. Fue ella la que puso en contacto a los dos vértices de la supuesta organización criminal. Bajo la lupa hay, además, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.