El Consejo de Ministros de los martes no siempre empieza en hora. A las 9.30, como figura en la agenda del Gobierno. A veces se inicia unos minutos más tarde. Pero este 28 de enero se demoró más el arranque. Mucho más. Pedro Sánchez decidió cambiar el orden y presidir primero el Consejo de Seguridad Nacional. No hacía falta explicar por qué. "Se entendió con mucha naturalidad, no había secretismo. Nada. Era lo normal", relata un miembro del Gabinete.

El jefe del Ejecutivo necesitaba ganar algo de tiempo para rematar la negociación con Junts. Unas conversaciones que se habían intensificado en los últimos días y que se habían prolongado en las últimas horas, pilotadas —como siempre— por la dupla de confianza de Sánchez en el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, además del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, el interlocutor habitual de los posconvergentes. Bolaños expuso a sus compañeros el tema que llevaba al Consejo de Seguridad Nacional y luego salió para atar los flecos finales. Montero ni siquiera llegó a participar, pese a formar parte del órgano. También se sumaron a las conversaciones con Junts Ernest Urtasun, titular de Cultura y portavoz de Sumar, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en su caso para agregar el decreto el sistema de avales que había anunciado el presidente el 13 de enero y que sirvió como llave para que los posconvergentes aceptaran mantener el escudo antidesahucios, intocable para la izquierda.

El Consejo de Ministros empezó tres horas más tarde de lo previsto para dar tiempo a que se remataran los últimos flecos de la negociación con Junts

Cerca del mediodía, concluyó la primera reunión del día, la de Seguridad Nacional. Siguió un receso. Y pasadas las 12.30, arrancó, ya sí, el Consejo de Ministros. Para entonces, el Gobierno tenía el ok de Junts. El pacto estaba hecho. Objetivo conseguido. Alivio en los rostros. Contento. Se había logrado salvar un momento crítico de la legislatura. Antes incluso de lo previsto. "Día magnífico. Bien que mereció la pena la espera", valoraba un ministro. "Al presidente se le veía muy bien. Fuerte", aseguraba otra integrante del Gabinete.

Sobre las 14.30, era el propio Sánchez el que comparecía ante los medios de comunicación en la Moncloa para anunciar los detalles de su acuerdo con Junts, sustanciadas en un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, en vigor desde este miércoles y con la convalidación por el Congreso amarrada. El Gobierno lograba salvar la "práctica totalidad" de su escudo social, 29 medidas en total —contenidas en el decreto tumbado por PP, Junts y Vox el pasado 22 de enero en la Cámara baja—, pero aparcaba el paquete económico, que espera sacar adelante "en las próximas semanas".

El Gobierno salva la "práctica totalidad" de su escudo social, 29 medidas en total, y espera sacar "en las próximas semanas" el paquete económico

El texto incluye desde la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las bonificaciones al transporte público, la protección antidesahucios, las ayudas a los damnificados por la dana de Valencia o por la erupción del volcán de La Palma. Se preserva asimismo el escudo antiopas. También se incorpora una que anunció el jefe del Ejecutivo el pasado 13 de enero, un sistema público de garantías y avales para proteger a propietarios e inquilinos. Y se vuelve a introducir la disposición que consigna al PNV la propiedad del palacete del número 11 de la avenida Marceau de París, una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa. La transmisión patrimonial se pudo completar en el mes de vigencia del primer decreto, por eso no era "necesaria" la inclusión de ese párrafo, según explicaba la formación jeltzale, pero se hacía por apuntalar la "seguridad jurídica", especialmente frente a potenciales recursos del PP ante los tribunales.

Lo que quedaba fuera del decreto ley, por deseo de Junts, fueron las medidas puramente económicas, desde las cuestiones tributarias hasta las ayudas a la industria electrointensiva o a las empresas de automoción (plan Moves III) y también las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Ahí estaba la primera concesión a los posconvergentes: la segregación de las medidas, la división en dos partes del decreto ómnibus 9/2024. Sánchez en primera persona había defendido la aprobación de un solo real decreto ley, prácticamente gemelo al caído la semana pasada. Nada de "recortes", nada de trocearlo. Pero al final no tuvo más remedio que hacerlo para complacer a los de Carles Puigdemont. También el PP había pedido desgajar la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público y a los afectados por la dana.

El decreto ómnibus se divide en dos, pero para la Moncloa no hay una cesión como tal, dado que no ha habido "recortes" en la protección social

El Gobierno despieza su texto anterior, sí, y eso permitió a la portavoz de JxCAT, Míriam Nogueras, comparecer horas más tarde en Barcelona y proclamar que el decreto ómnibus ya era "historia", porque "se ha eliminado, ha desaparecido". La victoria, sin embargo, no era completa para los herederos de la extinta Convergència. Porque ellos tuvieron que aceptar un amplio paquete social. Una victoria para el bloque de izquierdas que celebraron no solo los socios de coalición, PSOE y Sumar, sino también los aliados parlamentarios progresistas (Podemos, Bildu y ERC).

También hay matices

Pero para que Junts transigiera, el Ejecutivo tuvo que hacer una segunda concesión: aceptó tramitar la proposición no de ley que el grupo independentista catalán registró el 9 de diciembre por la que pedía que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso había congelado en dos ocasiones la iniciativa, pero los socialistas tenían claro que no debía calificarse, por mucho que los letrados de la Cámara baja hubieran dicho que no revestía problemas de legalidad. En la Moncloa consideraban que aceptarlo era pervertir una herramienta constitucional, porque la moción de confianza es una atribución exclusiva del presidente, y podía sentar un "precedente" peligroso.

El jefe del Ejecutivo advierte de que no se someterá a una cuestión de confianza, porque no ve "necesidad" alguna. La solicitud de Junts se reformulará

Sánchez rectifica obligado por Junts. Pero, de nuevo, hay matices. Porque, tal como él anticipó en la Moncloa y como Nogueras confirmó más tarde desde su comparecencia en Barcelona, la proposición no de ley se reformulará para que quede claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa única del jefe del Ejecutivo y que una iniciativa de los grupos no surte ningún efecto legal ni fuerza a Sánchez a presentar nada. De hecho, él mismo aseguro ante los medios que no se someterá a ninguna cuestión de confianza, porque no ve "necesidad" alguna. Los populares acusaron al líder socialista de plegarse a una nueva "humillación" de Puigdemont, pero ellos defendieron en la Mesa del Congreso que debía admitirse a trámite la moción de los posconvergentes.

Lo relevante para el Gobierno es que había salvado, con mucho coste, ruido y foco para Junts —su auténtica especialidad—, un decreto capital, de altísimo impacto social, con afectación directa para 12 millones de pensionistas y para miles y miles de usuarios del transporte público, entre otros muchos colectivos. Y esta vez optó por una estrategia claramente de despiste, como reconocían fuentes de la Moncloa posteriormente: se quiso liberar de presión a las negociaciones y por eso en las horas previas se trasladó el mensaje de que este martes no llegaría un nuevo texto al Consejo de Ministros. Cuando se levantó el día, de hecho, parecía cantado que no habría un nuevo decreto. Hasta tal punto estaba afianzada esa impresión que el jefe del PP, en un desayuno informativo a primera hora, cargaba contra Sánchez y su demora, explicable porque "le importa más mantener su regalo en París a uno de sus socios [al PNV] que la subida de las pensiones". Los populares decidieron mantener el pleno extraordinario en el Senado, Cámara que controlan con mayoría absoluta, para instar al Ejecutivo a aprobar de manera inmediata un nuevo decreto. Un gesto a esas alturas fútil, porque ya lo estaba haciendo en paralelo el Consejo de Ministros.

Junts consideró que, con el acuerdo de este martes, se descongelaban las negociaciones sectoriales con el PSOE. Es decir, que el Gobierno lograba enderezar, reconstruir sus inestables relaciones con el socio más incómodo. Era el objetivo del presidente, rearmar su mayoría para seguir caminando. Eso fue lo que enfatizó durante su comparecencia, ese era su mensaje central: "No damos un un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final y al final las cosas salen. Las cosas suceden y suceden en favor de la mayoría social". "Lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo —asumió—, pero es infinitamente mejor que el silencio de las autocracias".

No damos un un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final y al final las cosas salen. Las cosas suceden y suceden en favor de la mayoría social", proclama el líder socialista

Es decir, que a pesar de todas las "dificultades", que son obvias y que nadie en el Ejecutivo oculta, a pesar de la precariedad parlamentaria, la coalición consigue cerrar pactos y seguir avanzando. "El diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos", proclamó, para arremeter a continuación contra la "coalición negacionista" de PP y Vox, "dañina" para los intereses de la "mayoría social". Una derecha y ultraderecha a las que pidió que justifiquen su oposición a las medidas con argumentos "no falaces", sino de "verdad", no con "mentiras", "manipulación", "bulos" o "fake news", como la supuesta subida del IVA de los alimentos básicos y de la electricidad —argumento que también usó Junts—, cuando en el primer decreto ómnibus no había alzas de este impuesto (pero no se prorrogaron las bajadas extraordinarias por la crisis inflacionaria), o el "regalo" de un palacete al PNV, que no es más que la restitución de un bien a sus "legítimos propietarios".

Podemos y Bildu aplaudieron la aprobación del decreto social. Los morados apuntaron que el nuevo texto "garantiza las medidas de protección social" que habían acordado con el Gobierno: la prórroga de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler, la suspensión de los desahucios en precario y la prórroga de los descuentos en el transporte público. "El decreto se aprobará con todas las medidas del escudo social como exigimos —aseguró en X la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua—. Es positivo que Junts rectifique y apoye ahora a las medidas" que hace una semana rechazó. "¿Y había que perder una semana para esto? —se preguntó irónicamente en redes sociales Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, partido en guerra con los posconvergentes—. Es humo, pero es humo que vende en Cataluña. Y es un mal mensaje: joder a la gente tiene premio".

¿Y habrá Presupuestos?

Los socialistas creen haber goleado al PP por propinar un valioso golpe de efecto al aprobar su decreto cuando no se contaba con él y con cesiones que no les son "dolorosas", a diferencia de negociaciones anteriores. No querían trocear el texto, pero pueden alegar que es lo que también querían los populares, así que ahora estos no tendrían aparentes razones para rechazarlo. Y la petición de cuestión de confianza también la respaldaba la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Los socios de izquierda celebran que se haya preservado el paquete social. En la cúpula socialista aseguran que las cesiones no les son "dolorosas"

"Es que algunas medidas económicas que no se incluyen en el decreto no se podían hacer este martes, como por ejemplo el Moves III, porque había que rehacer algunas cosas del expediente", explica visiblemente satisfecho un ministro de mucho relieve, que añade que no le suscita ninguna preocupación que se haya desgajado el paquete económico, porque Junts "lo va a votar". "Cero dudas", manifiesta. De hecho, Junts no negó que fuera a negociar este segundo bloque de medidas. "No hemos cedido nada de nada. El decreto ley va sin recortes y el paquete económico también saldrá con sus votos, aunque hay que trabajarlo", abundaban fuentes implicadas en las negociaciones.

"El PP ha tenido mala salida. Lo del Senado, al mismo tiempo que estaba reunido el Consejo de Ministros, le ha quedado cutre. Estaba haciendo el indio. Ahora a ver qué vota, a ver cómo justifica su voto contrario a la subida de las pensiones otra vez. El presidente es constante y les gana siempre", cuentan desde la dirección parlamentaria socialista, en la que también añaden que las concesiones "son la esencia de la política". "Lo que no puede ser es que si Feijóo cede, entonces el PP cede por España, mientras que si lo hacemos nosotros es por aferrarnos al poder", manifiestan las mismas fuentes.

Lo que no puede ser es que si Feijóo cede, entonces el PP cede por España, y si lo hacemos nosotros es por el poder", analizan desde la dirección parlamentaria. "Todo lo que ocurre con Junts me parece un poco excesivo", contrapone un barón regional crítico

En la cúpula no reconocen errores por la estrategia negociadora con Junts. Porque los socialistas marcaron de nuevo líneas rojas —no troceo del decreto, no cuestión de confianza— para al final saltárselas. "Es que no puedes salir a negociar cediendo. Tienes que sentarte con una posición de fuerza, ponerte duro", indica un alto cargo parlamentario. Para los socialistas, la victoria es nítida, porque a fin de cuentas lo relevante es que se ha eliminado la incertidumbre para un colectivo muy numeroso y sensible, el de los pensionistas, y a nivel de opinión pública "no importa quién ha cedido más o menos, sino que la medida está". El otro triunfo evidente para los socialistas es que consiguen resolver su tira y afloja con Junts, recomponer, siquiera por el momento —hasta la siguiente crisis— su crisis con ellos, y ellos a su vez "salen de una foto con PP y Vox que no les gusta nada". No todos en el PSOE lo ven igual. "A mí hace tiempo que todo lo que ocurre con Junts me parece un poco excesivo", apunta un barón regional crítico. "Creo que no son cesiones graves, sino políticas o discursivas. Pero ahondan en la construcción de la sensación de que estamos constantemente cediendo en lo que dijimos que no cederíamos", abunda un jefe de un aparato territorial.

Entonces, ¿habrá Presupuestos Generales del Estado de 2025? Es muy pronto para decirlo. Muy pronto. "Partido a partido", señaló prudente Sánchez, sin querer comprometerse más. Su Gobierno ya está repitiendo en los últimos días que, aunque lo idóneo sería disponer de nuevas cuentas, no es ningún drama continuar con las que están prorrogadas, las de 2023, de claro gasto social.

Junts avisa de que seguirá con su estrategia de "pieza a pieza", y que las negociaciones con el Gobierno quedan condicionadas a que se cierren las "carpetas pendientes", como inmigración o el catalán en la UE

La formación de Puigdemont, desde luego, no garantiza nada: Nogueras condicionó nuevas negociaciones con el Gobierno a que se cierren las "carpetas pendientes" que tiene con ellos: la transferencia "integral" de las competencias migratorias o la oficialidad del catalán en la UE. Sobre la primera, el bloqueo hasta ahora era total, así que habrá que ver si se halla una nueva filigrana o se traduce en una cesión. La portavoz en el Congreso se esmeró en señalar que nada cambia este acuerdo su relación con los socialistas, pese a quedar descongelada: "Es muy sencillo, si no tienes mayoría hay que negociar. A Junts no nos han votado para hacer un trágala en lo que el Gobierno considera legítimo. Seguiremos con el pieza a pieza, que es lo que recoge el acuerdo de Bruselas", el de investidura. Nogueras reconoció que modificarán su proposición no de ley para una cuestión de confianza, pero que será un cambio "técnico", que no alterará la "esencia" de su iniciativa. Los posconvergentes aceptan que el presidente no se someta a la confianza del Congreso. Solo exigen que el pleno se discuta: "El debate [de su moción] se tiene que hacer".

"Tanto Junts como el Gobierno necesitaban una resolución rápida del embrollo y una salida digna para cada una de las partes. El Gobierno salva todo lo esencial del decreto ley a cambio de aceptar tramitar la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, pero, eso sí, descafeinada mediante una nueva formulación que admite su carácter meramente político sin eficacia jurídica alguna", analiza un veterano dirigente socialista. Lo resume así un alto cargo parlamentario socialista: "Esto es un salto de valla permanente. Hemos saltado una... y hasta la siguiente. El objetivo está claro. Tenemos que ir explorando nuevos retos. Avanzando poco a poco". "El presidente pilló a contrapié a todos una vez más —analiza un interlocutor habitual de Sánchez—. Pura rutina". Sánchez reestabiliza una legislatura empinada. Momentáneamente. Como lo es ya todo en la rutilante política española.