Todo comenzó el pasado mes de septiembre con el aterrizaje de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El hasta entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa ocupó el sillón que dejaba libre José Luis Escrivá tras ser nombrado como Gobernador del Banco de España. Encima de la mesa le esperaba un espinoso asunto por resolver; la renovación del concierto de Muface. El tiempo apremiaba. Tanto, que acabó como una bola de nieve que ahora parece haber conseguido detener. Al menos, de momento, y a golpe de talonario, con una subida final de 1.277 millones respecto al actual concierto.

La mutualidad de Muface que brinda a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares la posibilidad de recibir atención sanitaria privada, ha tenido en vilo al colectivo cerca de tres meses. Las aseguradoras dejaron desierta una primera licitación en noviembre que contemplaba ya una subida histórica del presupuesto de un 17,2% respecto al actual concierto, con una duración de dos años. Inicialmente, el Gobierno les había ofrecido subir las primas un 14%, un cheque de solo 466 millones de euros.

Asisa, Adeslas y DKV dieron un primer plantón al Gobierno. Los números no les salían. Denunciaban que su participación en el programa les había hecho mella en sus cuentas de resultados y provocado pérdidas millonarias. Y no estaban dispuestas a pasar por el aro otra vez. Años atrás ya se habían bajado del barco otras como Sanitas o Mapfre. Los costes por paciente se incrementan ante el aumento de la edad media del colectivo. Y no al ritmo que la Administración -el ministerio de Hacienda- abre el grifo del dinero.

Escucha a las aseguradoras

Así que tras el primer choque de realidad, López apostó por abrir un proceso de escucha sobre las demandas de las compañías. Se trataba de diseñar una segunda licitación que pudiese atraer su interés y evitar el choque abierto con los funcionarios que comenzaba a cocerse. La incertidumbre sobre el futuro del concierto comenzaba a caldear los ánimos de un colectivo formado por profesores, policías nacionales y altos funcionarios de la Administración central.

Tras la consulta al mercado, López tomó la palabra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 17 de diciembre para anunciar un nuevo incremento de las primas. Ponía encima de la mesa casi 1.000 millones, un 37% más. Todo animaba a pensar en unas navidades tranquilas con el incendio controlado. Pero la cosa no fraguó. Y la división en el Gobierno de coalición iba creciendo.

Del lado de Sumar, que controla el Ministerio de Sanidad a través de Mónica García, arreciaban las críticas al PSOE por dar más dinero a las aseguradoras privadas. Incluso, el ministerio llegó a presentar un informe en el que defendía que era perfectamente viable el traspaso de los funcionarios de Muface cubiertos por aseguradoras privadas al Sistema Nacional de Salud (SNS). Los de Yolanda Díaz apostaban por el desmantelamiento del modelo. Y los Gobiernos regionales, cuyos servicios sanitarios son los que deberían hacerse cargo del colectivo en caso de fracasar la renovación del concierto, se pusieron de uñas.

Las noticias del lado de las aseguradoras no eran alentadoras. Primero Adeslas y luego DKV, ambas anunciaron su renuncia a presentarse al concurso público para renovar el concierto. La segunda subida ofertada por el Ejecutivo tenía trampa, pues extendía la duración del contrato a tres ejercicios, hasta 2027. Pese al cambio de modelo en el cálculo de las primas, entendían que "lo comido por lo servido".

Sus cálculos les hacían atisbar nuevas pérdidas millonarias que debían anotar en su cuentas. Y ninguna quería tomar ese riesgo. La única que mantenía encendida la llama era Asisa, una cooperativa de médicos del grupo Lavinia, que actualmente atiende al 25% del colectivo. Acudir en solitario al concurso podía ser una operación suicida. Así que había que tratar de repescar al menos a una de las otras. La mirada se fijó en SegurCaixa Adeslas, propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank.

Nueva extensión del plazo

En el transcurso de las conversaciones, la fecha marcada en rojo en el calendario -el 15 de enero- se acercaba peligrosamente. Y visto que no había ninguna garantía de que la licitación no volviese a quedar desierta como la primera, Función Pública apretó el botón rojo y extendió dos semanas más el plazo para presentar ofertas.

Pero el horizonte no se despejaba, mientras otras mutualidades como las de jueces (Mugeju) o militares (Isfas) sí conseguían atraer a las aseguradoras. En Muface, la vuelta de Adeslas no estaba garantizada y DKV insistía en que solo volvería con plazos más cortos que le permitiesen minimizar los riesgos. El Gobierno había puesto encima de la mesa la posibilidad de incluir fórmulas que les permitiesen reclamar las pérdidas imprevistas.

Pero a dos días de que concluye la fecha límite, el Gobierno tuvo que realizar una nueva pirueta administrativa. Otro giro in extremis de los acontecimientos para evitar el fiasco de no ser capaz de renovar el concierto. El pasado sábado decretó la suspensión de la licitación y la retroacción de las actuaciones para modificar los pliegos con condiciones más atractivas para las aseguradoras, que se resume en una tercera subida de la prima, hasta un 41,2% más que en el actual concierto.

El Consejo de Ministros del martes autorizó la modificación del gasto para añadir otros 330,5 millones, hasta un montante total de 4.808,5 millones para todo el período. Y tanto Asisa como Adeslas comunicaron su satisfacción con las nuevas condiciones económicas que permitirían garantizar la viabilidad del concierto hasta 2027. Aunque esperan a la letra pequeña para tomar una decisión definitiva, López pudo ver cómo se allana el camino para conseguir la renovación. En la tarde de este miércoles está llamado a explicarla ante el Senado.