Entre un texto y otro media un abismo retórico. Junts admitía ayer que modificaría de manera "técnica" su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza del presidente del Gobierno, pero que la "esencia" se mantendría. Sin embargo, el cambio registrado ya en el Congreso por los posconvergentes hoy miércoles rebaja de forma ostensible su redacción: ya solo insta a Pedro Sánchez a "considerar la oportunidad de plantear" una cuestión de confianza y reconoce lo obvio: que, en caso de que su iniciativa salga adelante, no tendrá ningún efecto legal ni será "vinculante".

Un giro bastante evidente motivado por el acuerdo que ayer martes alcanzaron el Gobierno y Junts. El presidente logró salvar el escudo social que contenía el real decreto ley ómnibus tumbado por la Cámara baja hace una semana, aunque se vio obligado a desgajar de él el paquete de medidas económicas, que confía en poder aprobar "en las próximas semanas". La concesión de Sánchez, cierto, fue doble: tuvo que aceptar que se trocease su texto y que la Mesa del Congreso tenga finalmente que admitir a trámite la moción de los posconvergentes sobre la cuestión de confianza. Pero esa iniciativa, advirtió el propio jefe del Ejecutivo en rueda de prensa, sería reformulada. "Ya conocerán ustedes el redactado, pero, en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución: la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la Presidencia del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros".

Se insta a Sánchez a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa"

Eso es lo que en efecto se lleva al nuevo texto. Junts explicó en un comunicado, en la tarde de este miércoles, que ya había registrado la "reformulación técnica" de su proposición no de ley, especificando que esta no se había retirado. El preámbulo de la moción es igual al anterior: la formación de Carles Puigdemont señala que, más de un año después de la investidura del presidente del Gobierno, constata su "falta de voluntad política" para hacer "efectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos". Esa dinámica, prosigue el partido, "no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es necesaria para encarrilar el resto de la legislatura".

Lo que cambia de la proposición no de ley de los posconvergentes [aquí en PDF] es la parte dispositiva. La más importante. Ahora, se insta al presidente, simplemente, "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". La respuesta ya la dio ayer Sánchez: no se someterá a ninguna cuestión de confianza: no ve "necesidad de hacerlo".

Proposición no de ley reformulada de Junts sobre la cuestión de confianza al presidente (29 de enero de 2025)Descarga

Es decir, Junts cede. Visiblemente. Porque la parte dispositiva de su primera proposición no de ley, la registrada el 9 de diciembre [aquí en PDF], decía esto: instaba al presidente "a plantear una cuestión de confianza". Punto. Es decir, le obligaba a hacerlo en caso de que el Congreso aprobara su moción. Algo que la formación de Puigdemont (siete diputados) tiene fácil conseguir, porque le bastarían los votos de PP (137) y Vox (33). No obstante, ese lenguaje más asertivo no dejaba de ser humo, porque todas las proposiciones no ley (PNL) que se tramitan en el Congreso, como todas las iniciativas de orientación política, no son vinculantes para el Gobierno en ningún caso. Ni le obligan a absolutamente nada. Nunca. La cesión es más retórica que real.

Junts cede respecto a su posición original. Su texto del 9 de diciembre simplemente demandaba al presidente a "plantear una cuestión de confianza". Sin más matices ni cautelas

La proposición no de ley reformulada, por tanto, reconoce la obviedad, que solo el presidente del Gobierno es el competente para decidir someterse a una cuestión de confianza, porque es una atribución que le confiere el artículo 112 de la Constitución, de modo que lo único que puede hacer el Congreso, si aprueba la iniciativa de Junts, es instarle a que "considere la oportunidad" de plantearla. Y Junts también reconoce que su texto no puede generar efectos legales, no es vinculante para Sánchez, no le obliga a nada, no le fuerza a presentar ninguna cuestión de confianza. Una precisión que veían aconsejable los letrados de la Cámara, baja que no apreciaban problema en que pudiera aceptarse el texto de los posconvergentes. Una cuestión de confianza real, la que emana del jefe del Ejecutivo, sí despliega efectos constitucionales: si no la supera por mayoría simple, ha de dimitir y el Rey debe designar un nuevo candidato a la investidura. Una PNL es una iniciativa de pura orientación política.

El nuevo texto registrado por los de Puigdemont se conocía apenas dos horas después de que el PP, en un sorprendente giro de guion, anunciara por X (antes Twitter) que finalmente votará sí al nuevo real decreto ley del Gobierno, aprobado ayer en Consejo de Ministros, publicado hoy en el BOE y en vigor desde mañana jueves. Una norma que incorpora asuntos tan sensibles como la revalorización de las pensiones, los descuentos al transporte público, las ayudas a los afectados por la dana de Valencia y la erupción del volcán de La Palma o la protección antidesahucios. Sánchez podrá sacar, a la segunda, un decreto ley mutilado, aunque con un amplísimo consenso —ya no solo lo respalda Junts, sino el PP— y además consigue que Junts reformule, bastante a la baja, una iniciativa con la que, no obstante, los socialistas no estaban de acuerdo desde el principio.

Proposición no de ley de Junts por la que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza (9 de diciembre de 2024)Descarga

La Mesa del Congreso admitirá a trámite la proposición no de ley en su reunión del próximo martes, 4 de febrero. En principio, los posconvergentes podrán incorporarla al orden del día del pleno a partir del 25 de febrero. Nogueras señalaba este martes que en un mes o en un mes y medio podría debatirse en la Cámara baja. Pero podrá jugar con los tiempos —e incluso retirar el texto o aparcarlo— si considera que el PSOE va cumpliendo con las carpetas pendientes. Básicamente, delegación "integral" a la Generalitat de las competencias migratorias o la oficialidad del catalán en la UE.