La desconfianza en el Tribunal Supremo que evidenció ayer el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, marca la estrategia de su subordinada la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien le toca el turno este jueves de acudir como imputada por la filtración de datos de la investigación contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez declara por segunda vez como investigada, si bien, después de que su superior no contestara a las preguntas del juez ni a la de las partes su cita hoy ante el magistrado Ángel Luis Hurtado puede ser muy diferente a la anterior.

Fue el pasado 27 de junio cuando Rodríguez acudió a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que entonces se hacía cargo de la causa. Ella ya estaba acusada de un delito de revelación de secretos, pero le acompañaba en esa lista el fiscal Julián Salto, a quien luego le han terminado archivando la causa. Desde entonces ha llovido mucho. Han imputado a su jefe y han accedido al volcado de su teléfono móvil.

Esta es una de los principales indicios que juegan en su contra, el informe que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de haber registrado su despacho y el del fiscal general del Estado el pasado 30 de octubre, y de haber analizado los mensajes que se intercambió con la cúpula del Ministerio Público entre el 8 y el 14 de marzo cuando sucedieron los hechos. De hecho, es uno de los inidicios más sólidos que existen y es parte de lo que García Ortiz quiere eliminar del procedimiento.

Para él, que el juez diera luz verde a los agentes para irrumpir en su despacho fue un "allanamiento" de su intimidad, del que no hay precedentes en otras Fiscalías Europeas y va a luchar para que esa diligencia se anule. Por eso, la propia teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, se negó ayer a realizar ninguna pregunta a García Ortiz al considerar que todavía debe esclarecerse la legalidad de esta entrada y registro.

A Rodríguez, subordinada de ambos, no le queda mucha más opción que seguir la misma senda. A ella también la defiende la Abogacía del Estado por lo que es previsible que la estrategia que siga sea similiar a la marcada este miércoles por su jefe. No contestar ni al juez, ni a ninguna acusación popular y defender que la actuación de la Guardia Civil invadió sus derechos fundamentales, a pesar de que en el TSJM respondió a todas las partes.

En su anterior declaración, que publicó de forma íntegra El Independiente, Rodríguez aseguró que ella no había sido la autora de ningún tipo de filtración y que se limitó a cumplir las órdenes que le dieron con respecto a los correos de la causa sobre el novio de Ayuso. Es decir, pedir esa correspondencia al fiscal Julián Salto --investigador en ese asunto-- y reenviársela tanto a García Ortiz como a la jefa Superior Almudena Lastra.

Tendrá que contestar, por ejemplo, si Lastra llegó a advertirle de que si le pasaba los emails a su jefe iban a terminar en la prensa, como la propia fiscal Superior aseguró. Ahí, de nuevo, puede elegir la misma línea que García Ortiz, la de rebatir la palabra de Lastra, o diferenciarse. El fiscal general declaró este miércoles que la fiscal de Madrid en ningún momento le preguntó si él era el filtrador, porque esas no son maneras de dirigirse a un jefe.

La cita de Rodríguez es importante porque ella es el último vértice del triángulo de jefes que la tarde del 13 de marzo estuvo al tanto de las comunicaciones, una vez se estaban publicando informaciones erróneas sobre que la Fiscalía había frustrado un pacto con el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Ella, Lastra y García Ortiz estuvieron al teléfono varias veces esa noche.

"Recibo una llamada en la que se me indica que debo recabar los correos. Los correos electrónicos que se cruzaron el señor Salto y el señor Neira [Carlos Neira era el abogado del novio de Ayuso en ese momento] no forman parte de las diligencias de investigación y yo no había tenido acceso a esos correos hasta el 13 de marzo. No tengo acceso a ningún correo de la Sección de Delitos Económicos, Medio Ambiente, Seguridad Vial... Y, por supuesto, tampoco tengo acceso a las cuentas de los 275 fiscales de Madrid", explicó en su anterior comparecencia.

Pero, además, es la fiscal que en algunos de sus mensajes dio por hecho que la información inicial sobre que existía una investigación contra González Amador por fraude fiscal había salido de la jefatura del Ministerio Público: "El jueves Diego [Diego Villafañe, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica y también imputado en este procedimiento] me pidió las diligencias y le mandé tooooodo. Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE [Fiscalía General del Estado]", se lee en uno de los mensajes que interceptó la UCO.

El análisis de la Guardia Civil reveló también que Rodríguez estuvo al tanto de la nota de prensa que se publicó al día siguiente con el membrete de su Fiscalía Provincial, en lugar de con el de la Fiscalía Superior. "Yo ignoro quién elabora la nota. Yo no elaboro la nota. En un momento determinado de la noche se me remitió un borrador de nota de prensa sólo para decir que si lo que ponía correspondía al iter procedimental de lo que había sucedido en la tramitación de las diligencias de investigación preprocesales y los posibles pactos de conformidad. Yo leo la nota y digo: 'Sí, todo lo que pone en la nota corresponde a lo sucedido'. Y ahí termina mi participación", reflejó. Pero además añadió que nadie le preguntó si quería que saliera como nota informativa de su Fiscalía. "Ni siquiera me informó", dijo.