"No hemos vuelto a tener ninguna conversación por teléfono móvil, ni por Whatsapp", dijo en su declaración la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 16 de enero sobre su relación con el fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz corroboró esta semana en el Tribunal Supremo que su vínculo con su subordinada es nulo después de que se iniciara la causa de revelación de secretos sobre la investigación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Unas confesiones que dan la medida de cómo están las costuras dentro de la institución.

Ni García Ortiz habla con Lastra, ni Lastra habla con la fiscal provincial madrileña, Pilar Rodríguez, desde el mes de marzo del 2024 cuando sucedieron las filtraciones. Una incomunicación a tres bandas que va camino del año y que para algunos es incomprensible al ser los tres trabajadores de la Fiscalía: García Ortiz manda sobre Lastra y Pilar Rodríguez, y Lastra es la superior de Rodríguez en todos los asuntos. Para otros, en cambio, esta es la perfecta explicación de por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron.

Quienes conocen las tripas del Ministerio Público sitúan años atrás la mala relación de ambos. Quizás por eso, en su declaración esta semana como imputado, García Ortiz contó que la noche del 13 de marzo --cuando comenzaron a publicarse los correos internos entre el fiscal y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso-- no dudó en cogerle el teléfono a Lastra cuando lo llamó. No era habitual.

Tampoco es raro que las relaciones humanas condicionen a veces las profesionales. Más aún en un cuerpo tan jerarquizado como el Ministerio Público en el que el fiscal general del Estado tiene el poder absoluto para designar a los miembros de la cúpula. Esta es una histórica reivindicación interna de muchos funcionarios que plantean que los distintos fiscales generales elegidos por gobiernos de un color y de otro han seleccionado a los altos cargos más por amiguismo o por asociación que por mérito y capacidad. Existen tres asociaciones: la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera; la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria; y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que Lastra estuvo afiliada casi 30 años. A la UPF perteneció también García Ortiz antes de su puesto actual y allí continúa la exfiscal general del Estado Dolores Delgado.

Durante el mandato de esta última, Lastra fue teniente fiscal de la Inspección de la Fiscalía General. Un órgano que sirve de apoyo para el fiscal general compuesto por el núcleo de su equipo de confianza. A los mandos, como jefe de la Inspección, estaba Fausto Cartagena, pero cuando este se jubiló, Delgado no ascendió a Lastra a ese despacho, sino que la eligió para la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.

Hay voces que colocan aquí el inicio de las tiranteces. Ascender a un fiscal a un puesto de fiscal de Sala (como lo era la jefatura de la Inspección, pero no la de la Fiscalía Superior) supone subir al último escalón de la carrera del que ya no se baja nunca. Los fiscales de Sala se quedan adscritos al Supremo, cobran más, participan de las decisiones importantes que se toman en el seno del Ministerio Público y son sólo 38 de los más de 2.700 que conforman la plantilla.

Muchos otros defienden la seriedad de Lastra y aseguran que jamás actuaría por venganza en el Tribunal Supremo. "Ella no dice las cosas porque sí, ni busca hacer daño reputacional. Si lo dice es porque fue así. Además ella sabe que un testigo no puede mentir y Álvaro como imputado sí", refleja una de la casi una decena de fuentes consultadas en la Fiscalía. "Lastra es una persona seria y muy inteligente", defiende otra.

La versión de la fiscal Superior ante el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado fue muy clara al explicar que ella llegó a sospechar de una filtración de su propio jefe y así se lo preguntó la mañana del 14 de marzo en una llamada telefónica. "Le dije 'Álvaro, ¿has filtrado la nota?' me dijo eso ahora no importa", reveló, según la transcripción de su declaración judicial. García Ortiz respondió este miércoles negando que esta llamada se produjera en estos términos, que no son nada propios en el lenguaje hacia un fiscal general.

"¿Cómo que al fiscal general no se le habla así? Se le trata de tú a tú. No se está defendiendo, solo atacando a los demás y es mal negocio desacreditar a Almudena porque a lo mejor hay testigos de esa conversación", advierte otra fuente fiscal.

Lastra se dio de baja de la UPF el 9 de junio de 2023 a través de una carta muy dura que envió a la entonces presidenta Inés Herreros. "No te oculto que, hace ya tiempo, día a día me he ido sintiendo más ajena a la deriva que ha ido tomando esta asociación, cada vez más centrada en la 'lucha funcionarial' [...] y en el 'progreso personal' de algunos. ¿De verdad era necesario llegar a esta situación? Yo creo que no. Por eso te agradeceré que traslades al secretariado y a los compañeros asociados este escrito y mi deseo de causar baja en una asociación que siento que ya no me representa y con cuyo proceder no me identifico", escribió.

"En aquella época hubo un terremoto", recuerda un fiscal del Tribunal Supremo. "La mayor parte de la gente aguantó hasta que empezaron a promover a Dolores Delgado", dice. Esa fue una de las razones por las que Lastra se marchó después de un Consejo Fiscal celebrado con las elecciones nacionales ya convocadas por el presidente Pedro Sánchez en el que García Ortiz designó a su antecesora como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. A ella la siguieron en desbandada el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, el fiscal de Sala y exjefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas que había sido presidente de la UPF, Carlos Castresana, o la fiscal de Madrid Lorena Álvarez.

Todos dejaron la asociación que se defendió señalando que "nadie era imprescindible". "En la UPF se está por principios, no por aspiraciones profesionales", "una asociación de fiscales no es monolítica. Si por algo nos caracterizamos es por tener puntos de vista distintos", dijeron varios fiscales a este medio en un reportaje. Algunos insinuaron incluso que ciertos compañeros se estaban colocando ante la posibilidad de que el PP ganara las elecciones. "Mucha gente está posicionándose para la llegada de un fiscal general de la derecha y por eso tienen que escenificar", expresaron.

Varios de los que han salido cuentan ahora que, bajo su percepción, la asociación con valores más progresistas ha dejado a un lado las revidincaciones más sociales y la modernización de la Justicia para convertirse en un "sindicato corporativista" "más parecido al resto de asociaciones", "al servicio de un grupo de amiguetes con absoluta impericia institucional". Este medio ha tratado de recabar la versión de la propia UPF sin éxito, si bien el día que el juez decidió citar al fiscal general en el Supremo ellos publicaron un comunicado en el que hablaban de "caza de brujas".

Uno de los puntos de convergencia entre la declaración de Lastra y de García Ortiz está en el hecho de que la noche del 13 de marzo ambos convinieron que era necesario hacer una nota de prensa para desmentir las informaciones que se estaban publicando sobre que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso o que había habido "órdenes de arriba" para pararlo. Sin embargo, a partir de aquí las versiones difieren. Según Lastra, ella era partidaria de poner sobre el papel cómo era el proceso de conformidad dentro del Ministerio Público, pero sin dar detalles del procedimiento, sin explicar los correos internos entre fiscal y abogado y sin revelar que había una confesión por parte de la pareja de la presidenta madrileña. "Poner en entredicho la reserva de la conformidad a ella la ponía enferma porque ella cuando estuvo en el CGPJ [Lastra fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013] fue la impulsora del protocolo de conformidad en la Fiscalía. Es un poco la madre de este protocolo", señalan.

Algunos achacan a la desconfianza de García Ortiz en su subordinada el último nombramiento que este hizo el verano pasado en la Fiscalía de Madrid cuando quedó vacante la plaza de teniente fiscal de Madrid, es decir, el 'número dos' de Lastra. "La única candidata que había era Concha Sabadell [actual fiscal Anticorrupción] e iba a ser ella porque nadie más quería este puesto y no se habían presentado. De repente apareció otro candidato que venía de la Secretaría Técnica", relata una fuente. Finalmente, García Ortiz designó a Rafael Carlos de Vega para ese cargo, a pesar de que la mayoría del Consejo fiscal había votado a Sabadell. Lastra, por su parte, había concurrido a una plaza en el Tribunal Supremo, pero tampoco fue designada ni obtuvo votos suficientes.

En la Fiscalía de Madrid hay integrantes que afean a Rodríguez que dijera que hasta 60 fiscales podían haber accedido al correo de confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso que estuvo en la mesa de un despacho más de 30 horas. Lo ven como un intento de esparcir las culpas y consideran que Lastra, en cambio, trató de proteger a sus subordinados sin mencionarlos y respaldando en todo momento la actuación del fiscal Julián Salto.

La Abogacía del Estado, en cambio, tachó a la fiscal Superior de Madrid de ser una testigo "parcial", en línea con lo que esgrimió el fiscal general del Estado que dijo que Lastra sentía "desafección" hacia la cúpula del Ministerio Público actual y esa podía ser la razón por la que lo señalaba. Un fiscal veterano se muestra muy duro con esta afirmación: "Ese término encaja mucho en la filosofía franquista cuando se hablaba de desafección al régimen". "Si eres 'desafecto' estás fuera de juego", recalca otro fiscal de Sala. "¿Qué pretende decir con eso? Desafectos entonces somos muchos", responde otra.

Parte de la cúspide de la carrera fiscal considera en este punto que la única salida que tiene García Ortiz es la dimisión. "No puedes arroparte en la toga de fiscal para defenderte", arguyen. Trece de los 38 fiscales de Sala han firmado una misiva en la que le piden que renuncie porque la carrera está sometida a una "tensión insoportable". El fiscal general ha mantenido todo este tiempo que renunciar sería abrir la puerta a que cualquier imputado pueda ir contra los investigadores y debilitaría aún más la institución. Fuentes cercanas a él han expresado su absoluto respeto al procedimiento "sin que factores externos deban interferir".

García Ortiz está luchando por hacer nula la causa empezando por el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo a su despacho. Pero todos saben que si el juez del Supremo lo sienta en el banquillo, Lastra será una testigo clave.