Ocurrió lo que se esperaba y lo que estaba en el guion. La Mesa del Congreso admitió a trámite este martes, y por unanimidad, la proposición no de ley de Junts sobre la cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Aceptó la iniciativa, eso sí, con la reformulación a la baja que registró la semana pasada la formación de Carles Puigdemont, después del pacto con el Gobierno para salvar parcialmente el real decreto ley ómnibus. Los tres representantes del PSOE, los dos de Sumar y los cuatro del PP apoyaron que la propuesta de la derecha independentista catalana comience su andadura parlamentaria.

La moción de los posconvergentes llevaba dos meses en stand by. En el congelador. Los socialistas rechazaban tramitarla con el argumento de que la cuestión de confianza es una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno, ya que solo él puede decidir someterse a ella, y por tanto el Congreso no puede arrogarse esa competencia. Pero la semana pasada Pedro Sánchez aceptó tramitar el texto a cambio de que Junts salvara un segundo real decreto ley ómnibus, aunque mutilado, porque sí recoge la subida de las pensiones, los descuentos al transporte y el escudo social, pero no el conjunto de medidas económicas que sí incluía el primer decreto, el 9/2024, tumbado por el pleno de la Cámara baja el 22 de enero con los votos de PP, Junts y Vox. A cambio, los de Puigdemont cedieron y suavizaron la redacción de su proposición no de ley.

Los socialistas rechazaban calificar la propuesta con el argumento de que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente, pero giraron después de que Junts garantizara su voto al segundo decreto ley ómnibus, esta vez mutilado, sin paquete económico

El texto aceptado este martes, de hecho, ya no insta directamente a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza. Ahora dice que "considere la oportunidad" de someterse a ella, "conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo el carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". En el fondo, la nueva redacción dice lo obvio, porque todas las proposiciones no de ley son mociones de carácter político, que no obligan ni vinculan en absoluto al Gobierno, y también estaba claro que, de ser aprobada por el pleno, tampoco exigía nada a Sánchez. Pero ahora queda reforzado ese sentido.

PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa, habían decidido retrasar la calificación de la proposición no de ley hasta en dos ocasiones, con el objetivo de eludir el choque directo con los de Puigdemont. El PP, en cambio, sí respaldó desde el principio la admisión a trámite, una actitud que corría en paralelo a su acercamiento a los herederos de la antigua Convergència. Este 4 de febrero, desbloqueadas las conversaciones del Ejecutivo con Junts, ya no había obstáculos para la proposición no de ley, de ahí que los nueve miembros del órgano rector de la Cámara baja votaran a favor, como informaron fuentes parlamentarias.

Proposición no de ley reformulada de Junts sobre la cuestión de confianza al presidente (29 de enero de 2025)Descarga

La proposición no de ley podrá ser debatida desde el pleno del 25 de febrero, que es cuando Junts tiene ya cupo para poderla introducir en el orden del día. Pero los posconvergentes pueden optar por incluirla más adelante para dar más tiempo a la negociación con los socialistas de las carpetas pendientes, o incluso retirarla. La prioridad de los de Puigdemont es llegar a un acuerdo para la delegación a Cataluña de las competencias en inmigración, pero ellos exigen un traspaso "integral", que incluya desde el control de fronteras hasta la gestión de las expulsión o la expedición del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Pero, al menos hasta ahora, el Ejecutivo aduce que no puede superar las fronteras de la Constitución ni los acuerdos comunitarios. De cómo fluyan las conversaciones dependerá, en buena medida, la suerte de esta iniciativa.

Sánchez ya ha dejado claro de que, se apruebe o no la iniciativa, no se someterá a la cuestión de confianza, porque entiende que no hay "necesidad"

Sánchez, no obstante, ya advirtió la semana pasada de que pase lo que pase, se apruebe o no la moción, no se someterá a una cuestión de confianza. Porque entiende que no hay "necesidad". Si lo hiciera, sí se desplegarían efectos jurídicos. Para superarla y mantenerse en el cargo necesitaría recabar la mayoría simple del Congreso. Pero si la pierde, tendría que dimitir y el Rey tendría que iniciar una ronda de consultas para una nueva investidura.