El Gobierno español junto al francés presionó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para modificar las históricas sentencias que el pasado octubre tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero entre Bruselas y Rabat y allanar así el camino para obtener el consentimiento del pueblo saharaui que exige la corte comunitaria. La justicia europea ha desestimado los intentos de adulterar los fallos de los que el ministro de Exteriores José Manuel Albares jamás informó a la prensa o en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados.

"El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado la solicitud de la Comisión Europea de rectificar párrafos específicos en sus sentencias de 2024, ya que cuestiona si la mayoría de la población del Sáhara Occidental vive fuera del territorio", señala la Western Sahara Resource Watch, un observatorio ubicado en Bélgica que denuncia la ocupación de la antigua colonia española por Marruecos.

El punto de discordia por el que batalló la Comisión con el respaldo de Moncloa y el Elíseo está referido al término pueblo y población. La sentencia menciona "el pueblo saharaui" como propietario de los recursos naturales del Sáhara Occidental frente a la población actual del Sáhara ocupado que Marruecos ha ido alimentando con sus nacionales procedentes de territorio marroquí.

Intentó de cambiar los términos

El 24 de octubre de 2024, menos de tres semanas después de la sentencia del Tribunal, la Comisión de la UE -denuncia el observatorio- presentó solicitudes al Tribunal para que "rectificara los párrafos anteriores de cada sentencia, los mismos párrafos que aclaran que la población del Sáhara Occidental, que tiene derecho a dar su consentimiento en virtud de su derecho a la autodeterminación, ha sido desplazada en su mayoría". "La Comisión alegó que estos párrafos contenían inexactitudes y declaró que no está claro si la mayoría del pueblo saharaui vive realmente fuera del territorio. La solicitud, que contó con el apoyo de los gobiernos de Francia y España, no se había hecho pública hasta ahora", desliza la organización.

Están tratando de fabricar dudas donde no existen, todo para justificar su continua complicidad con la explotación ilegal del territorio por parte de Marruecos

A finales de la semana pasada, el Tribunal publicó sus conclusiones en su página web. "En ellas se afirma que el 15 de enero de 2025, el TJUE dictó órdenes por las que rechazaba la solicitud de la Comisión de rectificación de las resoluciones sobre pesca y comercio exterior". Según la citada corte, "no había inexactitudes evidentes en los párrafos especificados que justificaran una corrección". "La orden subrayaba que las sentencias originales se mantienen tal y como se dictaron, sin modificaciones en las secciones impugnadas", agregó.

"El intento de la Comisión Europea de distorsionar la demografía del Sáhara Occidental es un acto de manipulación flagrante, diseñado para socavar las claras sentencias del Tribunal. Están tratando de fabricar dudas donde no existen, todo para justificar su continua complicidad con la explotación ilegal del territorio por parte de Marruecos. Esto no es solo un insulto al derecho internacional, es un insulto al pueblo saharaui desplazado que ha luchado durante décadas por su legítimo derecho a la autodeterminación", apunta Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. "Al rechazar las solicitudes de rectificación, el Tribunal reafirma su interpretación del derecho internacional en este contexto, en particular en lo que respecta al principio de autodeterminación y a los derechos del pueblo del Sáhara Occidental".

El intento de modificar el articulado de la sentencia en beneficio de los intereses de Marruecos se hizo con total oscurantismo. La Comisión Europea no comunicó a los parlamentarios de la UE, en las audiencias que tuvieron lugar durante el otoño de 2024, que había solicitado al Tribunal de la UE que revisara párrafos clave de las resoluciones sobre comercio y pesca. Tampoco el titular de Exteriores español, José Manuel Albares, o el de Agricultura y Pesca, Luis Planas, lo mencionaron en sus repetidas declaraciones públicas sobre este asunto.

De hecho, los representantes de la Comisión dijeron a los parlamentarios de las comisiones de Comercio Internacional, Pesca y Agricultura que todavía estaban analizando las sentencias. Una versión que también repitió el Ejecutivo español mientras mostraba su intención de preservar sus "buenas relaciones" con Marruecos. "Claramente, la Comisión simplemente estaba ganando tiempo mientras esperaba los resultados de sus esfuerzos por socavar los derechos del pueblo saharaui", denuncia Eyckmans.

Bloqueo definitivo a los atajos de la Comisión

Para el Tribunal, es un hecho probado que la mayoría del pueblo saharaui no vive hoy en el territorio, ya que ha sido desplazado, mientras que la gran mayoría de los habitantes actuales del territorio no son saharauis. La orden de este nuevo Tribunal parece haber bloqueado definitivamente la posibilidad de la Comisión de eludir el consentimiento sustituyendo al pueblo saharaui por otras partes interesadas.

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió dos sentencias en las que concluía que tanto el Acuerdo Comercial Preferencial UE-Marruecos como el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos son inaplicables en el Sáhara Occidental, ya que la población del territorio no había dado su consentimiento. El tribunal los declaró nulos.

En las sentencias, el Tribunal añadió párrafos aclaratorios en los que se establece que existe una diferencia entre la «población» del Sáhara Occidental y el «pueblo» del Sáhara Occidental, que es el que tiene derecho a la autodeterminación. «Ese pueblo, que en su mayor parte ha sido desplazado, es el único titular del derecho a la autodeterminación con respecto al territorio del Sáhara Occidental. El derecho a la autodeterminación pertenece a ese pueblo, y no a la población de ese territorio en general, de la cual, según las estimaciones proporcionadas por la Comisión en la audiencia ante el Tribunal de Justicia, solo el 25 % es de origen saharaui», dictaminó el tribunal.