En la madrugada del 6 de febrero de 2023, un temblor implacable sacudía el sur de Turquía y el norte de Siria mientras miles de personas todavía dormían en sus hogares. Edificios enteros se derrumbaron en segundos, atrapando a las familias bajo los escombros antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo. El silencio de la madrugada fue interrumpido por gritos, sirenas y el rugido ensordecedor de la destrucción. En cuestión de minutos se perdieron vidas, las casas se redujeron a polvo y las ciudades cambiaron para siempre.

Dos años después de los devastadores terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 que se cobraron 53.537 vidas y dejaron más de 107.213 heridos, los esfuerzos de reconstrucción siguen siendo objeto de escrutinio. Las promesas hechas a los supervivientes del terremoto solo se han cumplido parcialmente, dejando a miles de personas todavía luchando en campamentos de contenedores, esperando una vivienda definitiva.

Promesas incumplidas

En las semanas siguientes al terremoto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había prometido inicialmente la construcción de 650.000 viviendas, con 319.000 que se completarían dentro del primer año. Estas promesas parecían inverosímiles frente a un terremoto llamado el "desastre del siglo". Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, dos años después del seísmo solo se han entregado 201.580 viviendas, muy por debajo del compromiso inicial. En Antioquía, en la provincia de Hatay, por ejemplo, se han edificado poco más de 46.000 de las 300.000 destruidas o severamente dañadas –que equivalen a la mitad de las existentes antes de la catástrofe–. La gran mayoría de los supervivientes del terremoto permanecen en refugios temporales, esperando una vivienda permanente que aún no se ha materializado.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) estima que más de 670.000 personas continúan viviendo en contenedores de manera temporal, soportando inviernos helados, veranos abrasadores e inundaciones durante las fuertes lluvias. Solo en Hatay son 224.000 las personas que permanecen en contenedores. Los residentes informan de una infraestructura deficiente, cortes de energía frecuentes y saneamiento inadecuado. Las inundaciones se han convertido en un problema habitual, con el agua de lluvia entrando en los pequeños refugios de metal, dejando a las familias sin electricidad durante horas o incluso días.

La vida en barracones o en ciudades parcialmente destruidas dificulta a los afectados restablecer su rutina y les hace revivir el trauma del terremoto. Los edificios colapsando, la fuga en plena noche y la espera en calles cubiertas de nieve mientras los gritos de quienes estaban atrapados bajo los escombros se desvanecían, aguardando una asistencia que llegó tarde. Muchos describen esa vivencia como un "apocalipsis", señala el profesor de Sociología Vehbi Bayhan en la revista digital Fikir Turu. Las situaciones de estrés llevan a las víctimas a revivir ese trauma, que se torna más complicado de manejar, ya que los mecanismos de apoyo –las redes de amigos, vecinos y familiares– han sido destruidos por las muertes y el desplazamiento, generando "un sentimiento de inseguridad ante todo y contra todos".

Si bien miles de viviendas han sido asignadas a través de la Administración de Desarrollo de la Vivienda de la República de Turquía (TOKI), muchos supervivientes denuncian que no pueden costear los precios. La carga financiera de la reconstrucción después del terremoto ha recaído en gran medida en los residentes que ya lo han perdido todo en el desastre. Los ciudadanos han solicitado repetidamente asistencia del gobierno para cubrir los costos, pero muchos sienten que sus súplicas han quedado sin respuesta.

Los más vulnerables: los niños

Uno de cada cuatro niños que perdieron sus hogares en el seísmo de Turquía sigue viviendo en refugios temporales, como contenedores de transporte, lo que irroga que el acceso a su educación siga siendo un desafío. Así lo puso de manifiesto Save the Children en un comunicado, en el que indica que, dos años después, alrededor de 538.000 de los 2,4 millones de personas que fueron desplazadas, entre ellos unos 150.000 menores, todavía no han regresado a casa.

Sasha Ekanayake, directora de Save the Children en Turquía, manifestaba que "dos años pueden parecer mucho tiempo, pero los niños y sus familias afectados por los terremotos en Turquía aún están reconstruyendo sus vidas". "Cuando ocurrieron los terremotos, no solo destruyeron hogares, sino todo lo que estos niños y niñas conocían. Estamos en el camino hacia la recuperación, pero cada día adicional que estos niños y niñas están fuera de la escuela, viviendo en un refugio temporal o lejos de sus comunidades y amigos, es otro día en que sus vidas y futuros quedan en pausa", sentencia.

En Hatay, 210 escuelas fueron destruidas y 110 se han edificado de nuevo, pero 88 de ellas están en contenedores, carecen de instalaciones adecuadas como Internet, aislamiento acústico y parques infantiles. Muchos estudiantes se ven obligados a asistir al colegio por turnos, comenzando a las 6 de la mañana y terminando por la noche. Los profesores han descrito la situación como "una lucha para mantener a los niños en la educación", ya que muchos estudiantes luchan con la concentración y la motivación debido a los malos entornos de aprendizaje.

La responsabilidad de lo ocurrido

Cabe recordar que gran parte del país se asienta en la relativamente pequeña placa de Anatolia, que está delimitada al norte por la placa Euroasiática y al sur y este por las placas Africana y Árabe, que comprimen el territorio de Turquía, produciendo devastadores terremotos como este. Por lo tanto, la construcción de viviendas, hospitales o colegios debe seguir unas normas para que, en caso de terremoto, no se vengan abajo.

Las consecuencias legales del terremoto del 6 de febrero de 2023 han sido lentas y profundamente controvertidas. Desde entonces, se han iniciado 2.031 investigaciones sobre edificios derrumbados y se han presentado 1.397 acusaciones en la corte. En total 130 personas han sido sentenciadas, pero 19 figuras clave responsables de los derrumbes mortales de edificios siguen siendo fugitivas. Entre los que todavía están en libertad se encuentran contratistas, ingenieros y funcionarios del gobierno que no hicieron cumplir las leyes de construcción resistentes a los terremotos.