Sí, hay "cierta conexión" entre las dos negociaciones. El Gobierno reconoce que Junts liga su eventual apoyo a la iniciativa para derivar a la Península, de manera puntual y extraordinaria, a unos 4.500 menores no acompañados —4.000 llegados de Canarias y el resto, de Ceuta— del desbloqueo de la delegación a la Generalitat de las competencias migratorias. La complicación es, por tanto, doble. Y la presión también. Porque tras varios meses de conversaciones, todavía no hay fecha para la superación del escollo principal: el control total de fronteras y la gestión de las expulsiones que exigen los posconvergentes para Cataluña y que, al menos hasta ahora, el Ejecutivo se niega a ceder, aferrándose a que esas son atribuciones exclusivas e indelegables del Estado. Los independentistas ya han dejado ver que su prioridad es el traspaso "integral", y a ello supeditan la solución para los niños que siguen hacinados en el archipiélago, con el argumento de que Cataluña no puede entrar en el "café para todos".

El jueves, el Ministerio de Juventud e Infancia, el que comanda Sira Rego, alcanzó un acuerdo con el presidente de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, sobre los criterios para el traslado único y excepcional de esos 4.500 niños y adolescentes que desbordan las capacidades asistenciales de las islas y de Ceuta. Población, renta per cápita, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población. Esto es, los parámetros que se consensuaron con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de 2022 —y que se aplicaron en los planes de contingencia de 2022, 2023 y 2024— pero con algunas correcciones. PP y Vox interpretaron enseguida que al valorarse ese esfuerzo previo de acogida, País Vasco y Cataluña quedarían fuera de la distribución de menores. Es decir, que el Ejecutivo utilizaba a los chavales como "moneda de cambio" para apuntalar su estabilidad y lograr el apoyo de PNV y Junts.

Un informe de Juventud e Infancia señalaba que faltan 4.437 nuevas camas. Madrid y Andalucía son deficitarias en 1.145 y 839 plazas. Cataluña supera el umbral mínimo en 1.065 vacantes

Tanto el Gobierno como Clavijo defendieron que no se excluía a ninguna comunidad del reparto, pero a la vez reivindicaron que era justo tener en cuenta el despliegue efectuado hasta ahora por las regiones más cumplidoras. Y Cataluña, recordaban los socialistas, ha concentrado el 24% de todo el esfuerzo de acogida del país. Dicho de otra manera, todas las CCAA, cuando se aterricen los números —una tarea que aún no se ha hecho—, tendrán que recibir menores no acompañados, en mayor o menor medida. Ahí será clave la ponderación que se haga de ese criterio, el del esfuerzo previo, y fuentes del Ejecutivo reconocen que las llegadas a Cataluña y Euskadi serán probablemente pequeñas, un incentivo que podría atraer el voto de los de Carles Puigdemont, que podría argumentar, razonan, que, gracias a su negociación, se ha reducido al mínimo la entrada de menores.

Un informe de Juventud e Infancia de octubre de 2024 ya hizo un dibujo de las necesidades asistenciales del país y señalaba qué CCAA son deficitarias de plazas y cuáles superan el mínimo. Así, la Comunidad de Madrid y Andalucía tendrían que crear 1.145 y 839 nuevas plazas para menores, respectivamente, por las 764 que harían falta en la Comunitat Valenciana. En cambio, los territorios que cuentan con más camas de las que les tocaría por población son, además de las zonas de entrada —Canarias, Ceuta y Melilla—, Cataluña (con 1.065 más), Euskadi (498 más) y Navarra (85). El ministerio de Rego planteaba que el número de vacantes necesarias en toda España es de 23.600. Cada comunidad debería tener, según los cálculos, una plaza por cada 2.250 habitantes. Para poder absorber el reparto propuesto, faltarían, según el informe, 4.437 camas en todo el país.

El PP ya dejó claro desde el primer minuto que no apoyaría la iniciativa para el reparto puntual de niños y adolescentes, igual que no respaldó en julio —lo mismo hicieron Junts y Vox— la proposición no de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que posibilitaba una solución estructural: la derivación obligatoria a la Península cuando se saturasen los centros de acogida de las islas y de Ceuta y Melilla. Este sábado, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, insistía en que el Gobierno hace "una política mezquina" al "utilizar como moneda de cambio" a los menores migrantes no acompañados para permanecer en el poder. Y con la dirección de Alberto Núñez Feijóo se rebelaron las comunidades lideradas por el PP. Pero los conservadores canarios, que gobiernan con Clavijo en el archipiélago, y el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, sí respaldan la solución acordada por los dos ejecutivos.

En un momento en que estamos intentando acabar el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración, Cataluña no puede formar parte de este café para todos", subraya Jordi Turull

La salida del laberinto está, así, donde en realidad siempre estuvo. En Junts. Este viernes, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ya deslizaba que para su partido lo prioritario es la resolución de la delegación de las competencias migratorias. "En un momento en que estamos intentando acabar el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración, Cataluña no puede formar parte de este café para todos" tras el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central y el canario, aseguró el dirigente a los medios en La Pobla de Mafumet (Tarragona). Reivindicó a la vez que Cataluña lidera la "solidaridad" en la acogida de menores, por lo que entiende que no deben ser siempre las mismas comunidades las que hagan el esfuerzo.

"Lo que sabemos es lo que estamos negociando con el Gobierno"

El número dos de Junts señaló que no conoce los términos del acuerdo del Gobierno central y el de las islas y tampoco si el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una ley orgánica que permita a las comunidades —no solo a Cataluña— asumir la acogida migratoria pero no el control de fronteras. "No sabemos nada de ello. Lo que sabemos es lo que estamos negociando con el Gobierno, el compromiso para el traspaso de la gestión integral de las competencias en materia de inmigración", afirmó, para recalcar que su partido quiere que los Mossos tengan la última palabra, que velen por el cumplimiento de "todo" lo que contemple la norma. Y ese elemento es el que precisamente ha hecho encallar las conversaciones.

Todo sigue en negociaciones", indican desde la Moncloa. Todo está abierto, por tanto. En el Ejecutivo defienden, con todo, que las dos negociaciones atienden a cosas "muy distintas". Y que un incentivo para Junts es que Cataluña recibirá menos niños

Por el momento, no hay acuerdo entre el Gobierno y Junts. "Todo sigue en negociaciones", confirman a este diario desde la Moncloa, donde añaden que "cierta conexión sí" hay entre las dos carpetas, la del reparto de menores y el traspaso de las competencias a la Generalitat. Es decir, que los posconvergentes vinculan el desbloqueo de la delegación competencial a que puedan dar su sí a la iniciativa que llegue al Congreso para permitir la distribución de esos 4.500 niños y adolescentes migrantes.

Sin embargo, en el Gobierno también se espera que el traslado de menores sea esta vez posible, que Junts acabe dando su brazo a torcer aunque no se remate la otra negociación pendiente porque, en el fondo, son "cosas muy distintas". Que "no tienen nada que ver", apuntala otra fuente conocedora de las conversaciones. "Podríamos sacar menores sin tener zanjado el asunto competencial —añade—. Por la vía del esfuerzo previo de acogida, porque Cataluña es la que más ha recibido niños con diferencia, y se trata de equilibrar".

En Coalición Canaria confían en que se consiga sacar a miles de menores que llegaron solos a las islas y que no disfrutan de la atención necesaria. "Esperamos que sí sea posible y si no seguiremos intentándolo. En unas semanas habrá una negociación formal y esperamos que el Gobierno de Sánchez también busque negociar con Junts", señalan desde el entorno de Clavijo a este periódico. La previsión es que en los próximos días se perfile la ponderación de los criterios de derivación, y que arranque la negociación con los grupos "a finales de esta semana o la siguiente", según precisan en el Ministerio de Política Territorial, que dirige el canario Ángel Víctor Torres.

Las conversaciones con los grupos comenzarán en las próximas semanas. Está pendiente un informe de la Abogacía del Estado que determine si es mejor tramitar la medida vía decreto o proposición de ley

También está pendiente el informe de la Abogacía del Estado que determine qué itinerario legal es más aconsejable: si debe tramitarse la medida vía real decreto ley —aprobación por el Consejo de Ministros, entrada en vigor inmediata y convalidación por el Congreso en el plazo de un mes— o vía proposición de ley de los grupos, un camino algo más largo pero que en el Ejecutivo creen más seguro, porque es probable que se presenten recursos ante el Tribunal Constitucional. En particular, de las comunidades del PP, que siguen oponiéndose a un traslado obligatorio.

Para el Ejecutivo canario, Junts debería apoyar la medida porque se trata de "ayudar a una comunidad que está en situación de emergencia". En el partido, asumen no obstante que las dos negociaciones están ligadas. "Cataluña recibirá menos migrantes porque tiene más, y la distribución tiene en cuenta los menores que cada comunidad tiene ya. No hay nada asegurado, y es cierto que si no se desatasca su negociación [sobre el traspaso competencial], lo nuestro podría torcerse, pero también es necesario que el Gobierno garantice la negociación", apunta una responsable nacionalista cercana a Clavijo.

Pendientes de cerrar la financiación

El presidente canario se reunirá en los próximos días con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, precisamente para asegurar los recursos a las comunidades que acojan a niños y adolescentes extranjeros. La ministra de Hacienda siempre ha repetido que el dinero no será problema. "Es verdad que el Gobierno ha dicho que financiará, pero las comunidades quieren números y garantía de recursos hasta que se cumplan los 18 años. Pero ya hemos visto las reacciones de las comunidades del PP: cualquier excusa les vale para negarse. Esto o sale con Junts o no sale", inciden desde CC.

Es verdad que el Gobierno ha dicho que financiará, pero las CCAA quieren números y garantía de recursos hasta que se cumplan los 18 años. Pero a las CCAA del PP cualquier excusa les vale para negarse. Esto o sale con Junts o no sale", apuntan desde CC

Sobre la delegación de competencias, sigue sin removerse el escollo del control de fronteras. Los posconvergentes quieren una transferencia "integral", que no sea Interior quien tenga la última palabra. Pero para el Ejecutivo, de momento, es línea roja no ceder la vigilancia de las fronteras, porque hacerlo desbordaría la Carta Magna, como aseguraba este pasado miércoles el ministro Torres. "La Constitución es como El Quijote, del que todo el mundo habla pero nadie se lo ha leído entero", respondía de vuelta Turull este viernes, para quien la propuesta de su formación sí "se adapta perfectamente al marco jurídico catalán, estatal y europeo". "Le pedimos al ministro que haga de ministro y no de magistrado del Tribunal Constitucional", agregó, cargando de nuevo contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido muy taxativo respecto a la negativa del Ejecutivo a delegar el control fronterizo.

El Gobierno ofrece a Junts un estatus para Cataluña similar al que tiene Baviera desde 2018: la policía de frontera tiene amplias competencias en coordinación con la policía federal alemana, pero no gestiona las expulsiones ni cae bajo su tutela el aeropuerto de Múnich. Es decir, que el Ejecutivo ofrece que los Mossos puedan trabajar con Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos estatales que tendrían la potestad última. Justo lo que no quieren los de Puigdemont, que entienden que la Generalitat tiene que decidir, y no actuar como mera gestoría. Y es clave para ellos tener el control de las deportaciones, algo que para la Moncloa, hasta ahora, es imposible. No solo por la letra de la Constitución, sino por los acuerdos de Schengen.

El Ejecutivo ofrece que los Mossos puedan trabajar con Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera, pero la última palabra la tendría Interior. Un modelo a la bávara. Pero Junts quiere traspaso "integral"

Dos negociaciones en marcha, paralelas y que se cruzan. Pueden desbloquearse las dos en los próximos días o semanas. O tal vez cueste sacar adelante al menos una de ellas. La prudencia es máxima en el Ejecutivo. La discreción, repiten, siempre obliga, y más con un socio tan impredecible y correoso como Junts.